Señor Estado, Caballero, pague sus deudas

Es bien sabido que un país que no paga sus deudas a los acreedores internacionales pierde credibilidad en la comunidad financiera internacional, deja de ser un sujeto de crédito y se convierte casi en un paria. En pleno siglo 21, sería inimaginable que siquiera se considere dejar de pagar obligaciones de la deuda externa. Pero, de la misma manera, hay consecuencias reales en el frente interno cuando el Estado incumple; lamentablemente, no les hemos dado importancia. Un Estado que por largos años no cumple los compromisos, financieros y otros, asumidos con sus propios ciudadanos también pierde credibilidad y ahonda la crisis de legitimidad que deriva, finalmente, en problemas de gobernabilidad democrática.

Una parte de este pasivo financiero que arrastramos desde hace varias décadas ha saltado a la vista en la última semana. El contexto político ha determinado que las medidas del gobierno saliente con respecto a las reparaciones individuales a las víctimas del conflicto interno y a los tenedores de bonos de la reforma agraria sean vistas con desconfianza. Desde una perspectiva de corto plazo pueden entenderse (justificadamente) como "bombas de tiempo" para el nuevo gobierno que iniciará Ollanta Humala en pocos días, pero es innegable que desde una mirada de largo plazo constituyen pasos valiosos para la relación entre sociedad y Estado.

A partir del 16 de julio, el Gobierno inició la entrega de reparaciones económicas individuales de 10.000 soles, a viudas y padres de las víctimas del terrorismo. Desde hace casi una década la decisión había sido postergada a pesar de tener el reconocimiento oficial como un paso básico para la reconciliación y la paz en el país, particularmente en zonas afectadas por las diversas formas de exclusión.

Sin embargo, el Estado no sólo adeuda a los grandes bancos internacionales y a las víctimas de la violencia terrorista, sino a muchos otros actores. El Congreso aprobó la semana pasada un proyecto de ley, para finalmente honrar bonos impagos de 1970, por más de US$1.000 millones, para los hacendados expropiados de la reforma agraria del gobierno del General Juan Velasco. Ya hace unos años el Tribunal Constitucional había determinado que dicha deuda debía ser honrada.

Estos últimos proyectos han generado controversia, se ha entendido que no se debió esperar hasta el final de un mandato para empezar a actuar, porque generan una carga financiera desmedida para el próximo gobierno. La manera de manejar estos pagos, en todo caso, aún puede dialogarse y seguramente se puede llegar a fórmulas aceptables desde una perspectiva política como financiera, sin incumplir nuevamente con los acreedores, ni desequilibrar las finanzas públicas. Felizmente, estamos en el mejor momento de la historia reciente para asumir seriamente estas responsabilidades, dados los abundantes recursos que ha generado el crecimiento de los últimos años en el Tesoro Público.

Más allá de cuál gobierno deba resolver las deudas, lo importante es que el pago a los ciudadanos acreedores (sobre todo por temas sensibles políticamente) sea entendido de una vez por todas como una política de Estado que todos los gobiernos deban respetar, igual que todos en los últimos 20 años han respetado el pago de las deudas a acreedores internacionales. Además de los dos temas mencionados hay varios más pendientes, incluyendo las deudas millonarias del Estado al seguro social que afectan la viabilidad de las pensiones de millones de peruanos. En un país realmente democrático, ninguna de estas deudas debería considerarse insignificante, ni menos respetable que las deudas a los actores externos.

* Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda: PERÚ de FORO Nacional Internacional