Señor Estado, Caballero, pague sus deudas

Es bien sabido que un país que no paga sus deudas a los acreedores internacionales pierde credibilidad en la comunidad financiera internacional, deja de ser un sujeto de crédito y se convierte casi en un paria. En pleno siglo 21, sería inimaginable que siquiera se considere dejar de pagar obligaciones de la deuda externa. Pero, de la misma manera, hay consecuencias reales en el frente interno cuando el Estado incumple; lamentablemente, no les hemos dado importancia. Un Estado que por largos años no cumple los compromisos, financieros y otros, asumidos con sus propios ciudadanos también pierde credibilidad y ahonda la crisis de legitimidad que deriva, finalmente, en problemas de gobernabilidad democrática.

Una parte de este pasivo financiero que arrastramos desde hace varias décadas ha saltado a la vista en la última semana. El contexto político ha determinado que las medidas del gobierno saliente con respecto a las reparaciones individuales a las víctimas del conflicto interno y a los tenedores de bonos de la reforma agraria sean vistas con desconfianza. Desde una perspectiva de corto plazo pueden entenderse (justificadamente) como "bombas de tiempo" para el nuevo gobierno que iniciará Ollanta Humala en pocos días, pero es innegable que desde una mirada de largo plazo constituyen pasos valiosos para la relación entre sociedad y Estado.

A partir del 16 de julio, el Gobierno inició la entrega de reparaciones económicas individuales de 10.000 soles, a viudas y padres de las víctimas del terrorismo. Desde hace casi una década la decisión había sido postergada a pesar de tener el reconocimiento oficial como un paso básico para la reconciliación y la paz en el país, particularmente en zonas afectadas por las diversas formas de exclusión.

Sin embargo, el Estado no sólo adeuda a los grandes bancos internacionales y a las víctimas de la violencia terrorista, sino a muchos otros actores. El Congreso aprobó la semana pasada un proyecto de ley, para finalmente honrar bonos impagos de 1970, por más de US$1.000 millones, para los hacendados expropiados de la reforma agraria del gobierno del General Juan Velasco. Ya hace unos años el Tribunal Constitucional había determinado que dicha deuda debía ser honrada.

Estos últimos proyectos han generado controversia, se ha entendido que no se debió esperar hasta el final de un mandato para empezar a actuar, porque generan una carga financiera desmedida para el próximo gobierno. La manera de manejar estos pagos, en todo caso, aún puede dialogarse y seguramente se puede llegar a fórmulas aceptables desde una perspectiva política como financiera, sin incumplir nuevamente con los acreedores, ni desequilibrar las finanzas públicas. Felizmente, estamos en el mejor momento de la historia reciente para asumir seriamente estas responsabilidades, dados los abundantes recursos que ha generado el crecimiento de los últimos años en el Tesoro Público.

Más allá de cuál gobierno deba resolver las deudas, lo importante es que el pago a los ciudadanos acreedores (sobre todo por temas sensibles políticamente) sea entendido de una vez por todas como una política de Estado que todos los gobiernos deban respetar, igual que todos en los últimos 20 años han respetado el pago de las deudas a acreedores internacionales. Además de los dos temas mencionados hay varios más pendientes, incluyendo las deudas millonarias del Estado al seguro social que afectan la viabilidad de las pensiones de millones de peruanos. En un país realmente democrático, ninguna de estas deudas debería considerarse insignificante, ni menos respetable que las deudas a los actores externos.

* Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda: PERÚ de FORO Nacional Internacional

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Dilemas y oportunidades para comunicar el cambio

Algunos gobernantes llegan al poder generando expectativas de grandes cambios. Por eso, al poco tiempo de iniciar sus gestiones, enfrentan la tensión entre la promesa de campaña y los resultados que ese cambio efectivamente va trayendo a la población. El caso de Barack Obama y sus dificultades para resolver esta tensión ayuda a analizar los desafíos que empieza a afrontar la alcaldesa de Lima.

Este paralelo se resume en tres ideas centrales. Primero, toda propuesta de cambio genera expectativas difíciles de manejar en el plano político, pero son las resistencias al cambio las que confrontan con más severidad. Al plantear la reforma del sistema de salud, Obama falló comunicando pobremente los beneficios de cubrir a toda la población —no sólo en términos de solidaridad en una sociedad cada vez más desigual, sino en los beneficios económicos de aumentar la escala del sistema con el potencial de reducir precios a mediano plazo. Más éxito tuvo la campaña concertada que buscaba introducir el miedo en la población ya cubierta, sobre la posibilidad de perder parte de sus beneficios actuales. Esto implica estar más atento a lo que los grupos de interés puedan planear para oponerse, a fin de no encontrarnos sin respuesta. Los que van a perder con el cambio generalmente se organizan mejor, identificarlos es crucial para responder con argumentos claros.

Segundo, la idea del cambio funciona bien en la campaña y, no importa cuán comprometido se esté, resulta etérea y difícil de comunicarla durante el gobierno. Obama propuso un gran cambio a la sociedad norteamericana. Movilizó a las organizaciones sociales para buscar recursos, diciendo que no lo capturarían los grandes intereses a través de sus aportes. Así, una de sus mayores dificultades ha sido justificar la necesidad del rescate a grandes bancos y corporaciones en medio de una de las mayores crisis financieras, habiendo prometido en su campaña priorizar la situación de la clase media.

La solución empieza por establecer una línea de base, no sólo para fines de compararse con la gestión anterior, sino sobre todo para comunicar a la población cuales son las áreas donde se apreciará el cambio en el futuro. Obama heredó la peor crisis financiera después de 1930, causada por varios factores de responsabilidad directa de la gestión anterior—regulación laxa y tasas de interés históricamente bajas por varios semestres. Evitó confrontar sistemáticamente a la gestión anterior, con el fin de lograr acuerdos bipartidistas. Al centrar su objetivo de política en reducir la tasa de desempleo (que ha permanecido en niveles de 9%) eligió no seguir la estrategia fácil de responsabilizar al gobierno anterior, en cambio se impone una medida de su éxito o fracaso de cara a la reelección.

Tercero, proponer un cambio no significa cerrarse a las oportunidades del pragmatismo político, tras una reflexión cuidadosa para no traicionar los principios. La reforma de salud de Obama tuvo un largo recorrido con marchas y contramarchas, concesiones y caída de popularidad. Cedió en temas sensibles como el referido al apoyo público a organizaciones de planificación familiar, con el fin de lograr el apoyo de congresistas Republicanos. Sin embargo, ha introducido las reformas que hasta ahora constituyen los principales logros de su gestión: protección de los usuarios frente a malas prácticas de las compañías de seguro, el “mandato individual” compulsivo para lograr la cobertura universal y la cobertura de los hijos menores de 26 años por la póliza de los padres, entre otros.

Por esta razón, el gobernante debe saber regresar a sus bases y principios en los momentos más críticos de la gestión. Guardando las dimensiones y distancias, la gestión de Susana Villarán enfrenta tensiones similares para hacer efectiva la idea de cambio que propuso a los limeños. Hasta el momento, ha venido reaccionando a las críticas, pero aún no ha logrado articular una estrategia para resolver el dilema entre la promesa de cambio de la campaña y los resultados que este cambio va a traer a la población de Lima. Reflexionar sobre cómo ha venido enfrentando Obama estos desafíos puede ser útil para terminar de diseñar esta estrategia y permitir que Susana Villarán recupere la iniciativa para inspirar a una ciudad tan grande y diversa como Lima.

* Elaborado por Fernando Prada, investigador asociado de FORO Nacional Internacional.

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El Estado, el gran responsable del “No” a la minería

A primera vista, un observador externo podría concluir que somos un país lleno de gente irracional que boicotea su propio desarrollo. En Puno, los grupos aimara y quechua piden enérgicamente el cese definitivo de las concesiones mineras en su región. En varias otras regiones, cada vez más grupos sociales expresan una fuerte oposición a cualquier actividad extractiva en sus territorios. Pero, al mismo tiempo, todos somos parte de un país donde la minería es responsable de hasta un 75% de las exportaciones y casi 20% del PBI, y donde el canon minero aportará este año más de 4 mil millones de soles a los gobiernos regionales y locales. Simplemente, no podríamos prescindir de ella en ningún plazo previsible.

Sin embargo, los peruanos que rechazan las actividades mineras no están locos ni mucho menos. Lo que ocurre es que los grandes beneficios de la minería no llegan a todos por igual, y demasiadas veces son totalmente invisibles para las mismas comunidades locales que ven cómo la extracción hace ricos a unos pocos y degrada su medio ambiente, patrimonio cultural, recursos y calidad de vida de manera irreversible. Así, en plena bonanza (donde la minería ha crecido más de 200% en las últimas dos décadas) hemos llegado a una situación de enfrentamiento entre Estado, comunidades y sector privado. Según nos lo confirman diversos líderes y expertos que venimos entrevistando, ello no solo se debe a actores con nombre propio sino, ante todo, a las debilidades institucionales y falta de visión de largo plazo del Estado.

Esta situación no es solo un pleito entre empresas y comunidades. El Estado tiene la gran responsabilidad de encontrar soluciones en estos temas pero, más bien, las autoridades políticas exacerban las diferencias. Por un lado, varios gobernantes de turno han asumido una actitud confrontacional y carente de sensibilidad social y cultural en un país diverso (a la cabeza, el Presidente García burlándose de los "panteístas" que "adoran cerros"). Antes que mediadores frente a los descontentos, en años recientes muchas autoridades regionales y locales se han mostrado impotentes o ausentes, y el gobierno central ha ejercido poca autoridad legítima y ha sido percibido como representante de algunos intereses privados. Como anota el economista Miguel Santillana del Instituto del Perú, en los últimos años el gobierno "no es percibido como neutro en los conflictos entre empresas y comunidades, y es ahí donde (el Estado) debería tener más presencia y legitimidad".

El malestar de la sociedad ante las consecuencias de la minería es justamente producto de una persistente falta de legitimidad del Estado que viene de mucho tiempo atrás. Esta se debe en buena medida a la escasa capacidad de prevención y solución de conflictos, a la falta de planificación para asignar recursos equitativamente y a la ineficiente ejecución de presupuestos que han crecido notablemente pero no tienen el impacto esperado. Y, en muchos casos, a la ausencia total del Estado en pleno siglo 21, lo cual hace que muchas comunidades exijan de la empresa privada bienes y servicios que debería proporcionar el Estado. Todos los entrevistados, desde sus distintas perspectivas, enfatizan la gravedad de que se siga posponiendo una verdadera reforma del Estado.

Para el economista Javier Iguíñiz, la falta de reforma no es casual y lo que hay es un Estado capturado y debilitado por grupos de poder. Como consecuencia, el Estado está muy sesgado a favor de esos grupos en temas como la protección del medio ambiente, donde la población siente justificadamente que es un Estado ajeno a sus demandas. Agrega: "Es un Estado que ha tomado partido y eso es lo que hace que muchos conflictos se deriven en violentos".

Además de fortalecerse institucionalmente, para legitimarse frente a las comunidades el Estado tiene como gran pendiente establecer políticas que promuevan mejoras en el modelo de crecimiento económico. Según, Vladimiro Huároc, ex presidente regional de Junín, el origen de los conflictos medioambientales es la sensación de parte de determinados actores sociales de estar excluidos de la dinámica de crecimiento y desarrollo económico. Agrega que a esto se le suma una débil política minera y medioambiental, bajo la cual se han articulado políticas "de manera oportunista e improvisada de parte del Estado, cuando se debería apuntar hacia la eficiencia".

Para Willy Torres, asesor de la REMURPE, existe un amplio rechazo al modelo meramente "extractivista" y esto genera amplias dificultades al sistema democrático. Anota que: "Hay mucha responsabilidad por parte del Estado, si se revisa el mapa de concesiones mineras del MINEM se corrobora que el 70% del territorio esta de alguna manera concesionado por 10 ó 20 años y eso deja pasivos ambientales muy fuertes". En este sentido, José Ricapa del MOCICC agrega: "Hay un aparente desarrollo amplio, pero la gente más pobre ve sus tierras y sus recursos elementales afectados y no ve como ese supuesto crecimiento los beneficia".

Mirando al próximo lustro, lo que se requiere no es sólo mayor sensibilidad, responsabilidad y liderazgo de las nuevas autoridades ante los conflictos emergentes. Es preciso iniciar una reforma del Estado que apunte a legitimarlo ante todos los peruanos, particularmente aquellos que hoy asumen posiciones extremas al sentirse excluidos de los beneficios del crecimiento.

* Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador, y Pasko Kisic, asistente de investigación, del programa Agenda: PERÚ.

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Alan García teje su leyenda, la realidad va enmendándole la trama

Alan García será presidente por sólo 23 días más y, ante todo, está preocupadísimo por concluir las obras monumentales que ha impulsado en Lima. Al parecer, siente que estas mantendrán su presencia permanente y acaso lo ayudarán a conservar su vigencia en la capital, ya que no en todo el país. Que si el Cristo de Chorrillos o la extraña estructura arquitectónica del flamante Ministerio de Educación, el primermundista Estadio Nacional o el Tren Eléctrico construyéndose contra el tiempo nos lo estarán recordando siempre, no cabe duda.

Lo que también, y a su pesar, será una parte de la historia más elocuente que la leyenda es lo que lo perseguirá como un doloroso pasivo. A la multiplicación de los conflictos socio-ambientales, que no merecieron una mejor atención de su gobierno y más bien resultaron exacerbados con su filosofía del "perro del hortelano" (y que a decir de él mismo le están enviando un mensaje a Humala); se suma la preocupante inacción frente al cambio climático con sus consecuencias dramáticamente visibles en la vida de los pobladores alto-andinos y una lucha que sólo obtuvo victorias parciales en materia de superación de la pobreza.

Aún cuando las cifras oficiales sean halagadoras, en los poblados rurales más altos de la sierra la verdad se revela en los rostros nuevamente frustrados de esos peruanos en cuya vida nada, o casi nada, se ha movido para mejorar su condición de ciudadanos de última clase. Los esfuerzos por acercar a esa población al Perú oficial, anunciados en la campaña de 2006, se quedaron sólo en eso, y así la mejor focalización de los programas sociales y la verdadera inclusión siguen siendo una difícil tarea pendiente. Por lo demás, los niños siguen atravesando helados cerros durante horas para acudir a escuelas que son, en demasiados lugares, todavía unidocentes. Los centros de salud siguen carentes de profesionales y medicamentos. La descentralización, que debe aportar al avance en estos ámbitos, no ha superado nudos de transferencia y de gestión, impidiendo que los Gobiernos Regionales, hoy con muchos más recursos, hagan una labor eficiente.

Alan García ha dicho que los viejos problemas del Perú no se resuelven en cinco años y no hay cómo contradecirlo. Pero es verdad también que se le ha pasado la mayor oportunidad de toda la historia republicana de mejorar sustancialmente la vida de los más pobres. Su gestión tiene cifras para el aplauso, pero no entre los peruanos a los que no llegó el Estado por vivir en las cumbres de nuestra geografía desafiante y que por eso mismo votaron por el cambio. Lamentablemente, es difícil que se repita la espectacular ola de crecimiento de estos años, los vaivenes empiezan a amenazar las economías que en su descomunal impulso arrastraron al Perú hasta la admiración en plena crisis. De haberse preocupado que el crecimiento económico se convirtiera en desarrollo y que llegara a todos los peruanos, el segundo gobierno de Alan García habría resultado en verdad memorable y no necesitaría despedirse hilvanando afanosamente su leyenda, porque los hilos de la historia hubieran tejido una hermosa trama.

* Elaborado por Zenaida Solís, Consultora del programa del programa Agenda: PERÚ de FORO Nacional Internacional.

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