Gobernabilidad democrática y calidad institucional: Desafíos para la investigación y las políticas en América Latina

Gobernabilidad democrática y calidad institucional: Desafíos para la investigación y las políticas en América Latina *

En el reciente evento de FORO Nacional Internacional (FNI) sobre “Tendencias y Desafíos para el Desarrollo en América Latina” en Lima (junio 2012), hubo consenso general acerca de que las “instituciones importan” de manera muy significativa para el crecimiento y desarrollo sostenible, y que son especialmente importantes para el futuro de América Latina. Sin embargo, muchas preguntas fundamentales están pendientes de responder acerca de las instituciones mismas (por ejemplo, cómo definir a las instituciones para distinguirlas de organizaciones y factores estructurales), metodología y operaciones (qué determina la calidad de las instituciones y cómo se puede medir) y formulación de políticas públicas (cómo promover instituciones democráticas de buena calidad).

La evidencia sugiere que las instituciones débiles tienden a hacer peligrar el crecimiento, incluso con la resistencia económica en medio de una crisis global y con condiciones externas favorables como la alta demanda por materias primas latinoamericanas. De manera adicional, estas condiciones externas cambiarán finalmente, y las predicciones varían entre cinco y veinte años restantes para la “ventana de oportunidades” para el crecimiento. Los datos y análisis presentados por José Antonio Alonso en la reunión sugieren que la calidad institucional es el principal determinante del crecimiento en el largo plazo[1]. Más aún, su estudio sugiere que hay cuatro dimensiones de la calidad institucional: eficiencia estática; credibilidad/legitimidad; seguridad/predictibilidad; y adaptabilidad/eficiencia dinámica. América Latina está creciendo debido a sus recursos naturales y su disciplina fiscal, pero este crecimiento se da a pesar del bajo nivel de calidad institucional, entendida en función de esas cuatro dimensiones. De acuerdo con Alonso, esto explica sobre la base del alto nivel de desigualdad (es la región más desigual del mundo, aunque la distribución ha mejorado en los últimos años), así como de su bajo nivel de tributación.

Las conclusiones sugirieron cuatro áreas generales para la investigación futura: lograr una concepción más amplia de lo que es una institución; identificar los criterios que definen a la calidad institucional; entender cómo las variables controladas socialmente (educación, equidad, tributación y nivel de desarrollo) influyen en la calidad institucional; e identificar políticas para mejorar la distribución fiscal y el contrato social entre Estado y ciudadanos. Frente a la debilidad institucional y sus potenciales consecuencias, el progreso reciente en reducir la pobreza y la desigualdad no justifican un optimismo excesivo. Por el contrario, la región debería mirar más de cerca a los casos nacionales y sectoriales para entender las determinantes de la calidad institucional en diferentes contextos.

La persistente importancia de las instituciones para el desarrollo sostenible plantea varias preguntas que los investigadores y tomadores de decisiones deberán abordar con cierta urgencia. Considerando la precariedad de la democracia en gran parte de América Latina, la operacionalización de “calidad” para fines de implementación y evaluación debe estar vinculada a los valores democráticos, desde nivel nacional hasta el local, y desde programas nacionales hasta proyectos comunitarios. No está claro aún cómo se debe lograr esto.

Incluso durante el taller, se discutieron diferentes conceptos de institución. Para algunos, las instituciones eran principalmente reglas intangibles, incluyendo normas informales, mientras que para otros se referían a organizaciones y marcos legales explícitos. Se debe promover mucho el diálogo, especialmente incorporando a los tomadores de decisiones, acerca de la importancia de entender las instituciones, y su papel en la democracia, el crecimiento económico y el desarrollo.

Las principales características de las instituciones todavía deben ser discutidas. Para propósitos de comparaciones internacionales, existe ya cierto consenso pero la lista de prioridades puede variar bastante según diferentes contextos (incluyendo factores culturales), y esto solo puede esclarecerse con más estudios de las determinantes de la calidad de las instituciones en sectores, organizaciones, ciudades y regiones particulares. Para complementar los estudios de casos se podría incluir consultas de ciudadanos y expertos sobre democracia, desarrollo y desempeño institucional.

Los estudios de caso de instituciones democráticas a nivel de países, y su efecto sobre el crecimiento y el desarrollo en el tiempo, deben alentarse y debatirse ampliamente, pero también se requiere de estudios similares en sectores económicos, regiones, ciudades e incluso comunidades. De manera ligada a estos temas, debe haber más discusiones y proyectos piloto acerca de políticas que puedan fortalecer instituciones, haciéndolas más eficaces y democráticas.

Finalmente, hay un conjunto de temas que plantean grandes desafíos y que deberían abordarse en los estudios que exploran la importancia relativa de las instituciones frente a los factores estructurales. En un mundo de recursos naturales más escasos y economía emergentes muy grandes, ¿quizás estén perdiendo importancia los factores institucionales frente a la geografía y los recursos naturales? Más aún, ¿cómo deben adaptarse las instituciones democráticas para enfrentar los desafíos y oportunidades que imponen las condiciones estructurales? FNI considera que estas preguntas son importantes para la investigación futura en el campo de la gobernabilidad democrática.

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[1] Alonso, José Antonio (2012), “Governance: the role of institutions”, en FORO Nacional Internacional, Taller Future challenges for Latin American development, organizado por FNI (Lima, junio 4-6, 2012)

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* Elaborado por Gonzalo Alcalde, Investigador de FORO Nacional Internacional.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en FutureChallenges de la Fundación Bertelsmann: http://futurechallenges.org/searchlight/democratic-governance-and-institutional-quality-policy-and-research-challenges-for-latin-american-development/

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Mejores leyes y tecnologías para los peruanos con discapacidad

En junio de este año, el Congreso aprobó una ley más completa y con más beneficios que las leyes existentes para las personas con discapacidad: la nueva Ley General de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, el último 3 de agosto, el Ejecutivo no promulgó esta ley, realizó observaciones y la devolvió al Congreso. Esto ha causado malestar en la comunidad de discapacitados en el Perú. Requerimos un mejor marco normativo y mejores iniciativas para la inclusión de estos ciudadanos.

En la última semana ha causado malestar en la comunidad de personas con discapacidad que el Ejecutivo no promulgue la nueva Ley General de las Personas con Discapacidad. Es preciso asegurar desde el Estado un marco normativo que garantice el éxito de las políticas a favor de los discapacitados, además de promover iniciativas que hagan posible la inclusión de dichos ciudadanos. Por ello, se requiere de un marco más completo que el actual, que incluye a la Ley para Personas con Discapacidad (27050); y también a la ley que establece sanciones a la infracción de sus derechos (Ley 29392)

Alrededor del 10 por ciento de la población latinoamericana tiene alguna discapacidad (50 millones de personas). El 70 por ciento de ellos no participan en el mercado laboral; y entre el 70 y el 80 por ciento de los niños con discapacidad no tienen acceso a la educación. Por ese motivo, una meta principal es que más niños con discapacidad culminen la educación básica, y que más adultos con discapacidad puedan acceder a un puesto de trabajo. La tecnología puede ayudar en esta misión; pero para implementarse con éxito éstas deben ser prácticas, de bajo costo, y fáciles de implementar. Durante los últimos años, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha consultado a la comunidad con discapacidad acerca de las barreras que enfrentan de diversas formas, y ha desarrollado algunas iniciativas.

Una solución para mejorar la movilidad ha sido una silla de ruedas “todoterreno” hecha de piezas de bicicleta para reducir los costos; ésta ha demostrado ser más rápida y más resistente que las sillas de rueda tradicionales. Para las personas con discapacidad visual, el software F123 aparece como una alternativa de lector de computadoras, y es hasta 50 veces más barato que el lector de pantalla tradicional “JAWS” Para las personas con discapacidad auditiva, el software Sueña Letras es una forma fácil de leer y escribir, también es adecuado para los niños. En suma, el BID ha desarrollado un grupo de 7 tecnologías. Estas herramientas tienen un gran potencial para llegar a más beneficiarios. Por ejemplo, Guatemala ha puesto en marcha el programa de silla de ruedas “todoterreno”, Chile ha difundido el software “Sueña Letras” de lectura y escritura; y Ecuador y Nicaragua están implementando programas similares.

En el caso de Perú- donde todavía no se ha adoptado ninguna de esas soluciones tecnológicas que desarrolla el BID- se ha observado algunas iniciativas que son aún pequeñas en dimensión. La Unión Nacional de Ciegos ofrece capacitación para personas con discapacidad visual, en términos laborales, principalmente, y en términos de movilidad también. Las actividades que usualmente se implementan son de masajes terapéuticos y de atención telefónica tipo call center. Algunas municipalidades han incorporado, en algunos cruces de sus avenidas principales, una placa braille para que la persona con discapacidad visual pueda ubicar el nombre de las avenidas. Además, en una avenida (Flora Tristan- La Molina), se ha destinado un sendero que ocupa la cuarta parte de la vereda (60cm) a modo de ruta preferencial para invidentes que cuenta con señales táctiles que indican la proximidad de la pista.

Las escaleras eléctricas en asentamientos humanos elevados y las escaleras con código Braille instaladas en Carabayllo también contribuyen con los objetivos de inclusión y movilidad; así como las ventanillas preferenciales para trámites documentarios y el uso de perros guías denominados “ángeles caninos”. Además, se ha observado que muchas municipalidades han implementado rampas en todas las veredas; es una medida simple; pero que ayuda a la movilidad y que se puede masificar. También se han incorporado otras medidas como atención preferencial en ventanillas de trámite documentario, y otras medidas más (principalmente en cumplimiento a la Ley 29392 que indica las sanciones para los casos en que no se facilita la movilidad y el desenvolvimiento de las de las personas con discapacidad)

Iniciativas como las descritas son fundamentales para los objetivos de inclusión social, y brindan mayor autonomía a las personas con alguna discapacidad lo que incrementa las potenciales actividades que pueden realizar y mejorar su calidad de vida. Además, puede resultar muy fructífera la adopción en el Perú de alguna de las iniciativas que desarrolla el BID para el uso de sus tecnologías, además del aseguramiento del marco normativo que garantice el éxito de las políticas a favor de los discapacitados.

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**Elaborado por Raúl Cárdenas, investigador de Foro Nacional Internacional. www.fni.pe

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Gobiernos que gasten mejor en 2021

Las capacidades de gasto e inversión de los gobiernos regionales siguen siendo insuficientes en un marco de crecimiento y de grandes necesidades sociales. Para fortalecerlas, es preciso contar con programas integrales de apoyo hechos a la medida de estas organizaciones. Existen ejemplos de este tipo de intervención, que complementaría los programas de carácter nacional en curso.

La Contraloría de la Nación informó en junio a la opinión pública que las regiones y municipios dejaron de ejecutar más de S/.6,500 millones en 2011. Esto significa que casi 40% de los fondos transferidos automáticamente por canon no fueron invertidos, acentuando el descontento y desconfianza en el Estado en las zonas de mayor pobreza del país.

Mirando hacia la próxima década y el hito del Bicentenario, nos encontramos con una paradoja que amenaza con acentuarse si se cumplen los mejores pronósticos económicos: el crecimiento deseado puede socavar la legitimidad del Estado donde se perciba creciente ineficacia e ineficiencia en la gestión pública. El desprestigio de las instituciones del Estado sigue siendo un gran desafío para el desarrollo del Perú, y una de las principales críticas ha sido esta poca capacidad para utilizar los recursos de manera eficiente—especialmente en los gobiernos regionales y locales. Hoy ejecutan más que antes (la inversión pública se quintuplicó entre 2005 y 2011), pero no pueden aprovechar todo lo que tienen disponible.

Debemos aprender urgentemente a administrar mejor esta relativa abundancia, la cual no va a durar para siempre. En el marco de las consultas sobre gobernabilidad del programa Agenda: PERÚ, Caroline Gibú de “Ciudadanos al Día” anotó que las debilidades de la gestión pública siempre se hacen más evidentes en un período de crecimiento y de presupuestos más holgados, como el actual. Se gasta más, pero el sector público “aún no está en condiciones de responder a ese crecimiento” y utiliza los recursos adicionales de manera ineficiente. La expansión acelerada de los presupuestos ha desbordado las capacidades de muchas instituciones, y algunos de los casos más críticos están en los gobiernos regionales: Puno ejecutó sólo el 27.4% de su presupuesto de inversiones en 2011.

Diversos programas se han implementado a nivel nacional y central desde años atrás para fortalecer la calidad de gestión e inversión sub-nacional. Por ejemplo, desde el año 2000 tenemos un Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que, a pesar de críticas a su rigidez también ha realizado esfuerzos de creación de capacidades y se ha adaptado parcialmente a la descentralización, así como programas de apoyo como PRODEV del Banco Interamericano de Desarrollo, que a través del Ministerio de Economía y Finanzas también ha atendido al nivel sub-nacional. Sin embargo, el impacto de estas iniciativas centrales no ha sido suficiente para poner a todos los gobiernos a la altura de los requerimientos de una época de rápido crecimiento.

En los próximos años, necesitamos mejorar y adecuar estos programas a nivel nacional, pero también complementarlos con intervenciones que atiendan los requerimientos específicos de gobiernos regionales y locales, así como de sectores clave.

Existen intervenciones innovadoras e integrales que permiten superar estas dificultades en un plazo corto y con un costo moderado, siempre y cuando exista la voluntad política para iniciar y sostener las reformas. Un ejemplo ilustrativo tuvo lugar en la segunda mitad de 2008, cuando se ejecutó un proyecto de reforma institucional a la medida de los requerimientos del gobierno regional de Junín, capacitando funcionarios y reestructurando el aparato de gobierno. El proyecto fortaleció la gestión y planificación del GR y fue coordinado por el centro de investigación peruano FORO Nacional Internacional y apoyado por la cooperación internacional. También contó con la colaboración y coordinación de los altos funcionarios del gobierno regional, lo cual fue clave para que la reforma tuviera un impacto real.

Durante 2007, Junín había ejecutado solo el 29% de su presupuesto de inversiones, dejando de ejecutar cerca de 120 millones de soles. Más aún, el porcentaje ejecutado se había reducido cada año a partir de 2004. Al término de la intervención, a fines de 2008, la ejecución había mejorado notablemente en términos relativos (51% de lo presupuestado) y absolutos (105 millones de soles, la mayor cantidad ejecutada hasta entonces). El proyecto contribuyó directamente a que la capacidad de ejecución aumente a partir de mediados de 2008, y que se mantengan niveles altos en 2009 y 2010. Las mejoras logradas permitieron invertir decenas de millones de soles adicionales, pero el costo de la intervención fue de aproximadamente US$200,000.

Reformar todo el aparato estatal en un decenio es casi imposible, pero sí es posible avanzar con reformas parciales y bien enfocadas como esta hacia un Estado legítimo y eficiente para el Bicentenario. Además del tema mencionado, también requerimos de medidas innovadoras que nos permitan mejorar la representación (desde los concejos municipales hasta el Congreso de la República), relanzar el proceso de descentralización y regionalización, y lograr que la participación ciudadana (por ejemplo, a través de los presupuestos participativos) realmente incida en las políticas públicas e involucre a grupos excluidos.

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* Elaborado por Gonzalo Alcalde, investigador asociado de FORO Nacional Internacional, Lima, Perú. Julio 2012

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Agenda: PERÚ presente en ejercicio de visión de futuro para jóvenes en Bolivia

Entre los días 29 de junio y 2 de julio últimos, se realizó en La Paz, Bolivia, un interesante taller que busca unificar a Bolivia en torno al diálogo y a una visión compartida al 2042, creada por su juventud. El programa Agenda: PERÚ estuvo presente en este evento, donde el coordinador, Gonzalo Alcalde, expuso en la sesión final acerca de "Desafíos emergentes para el desarrollo de Bolivia en las próximas dos décadas: Una perspectiva suramericana" y sugirió importantes paralelos con los esfuerzos de Agenda: PERÚ.
Este taller de tres días, titulado "Jóvenes Creando una Visión Común de Futuro de Bolivia: Cómo deben ser los recursos utilizados para crear un futuro deseable?", reunió con éxito a 36 jóvenes de los 9 departamentos de Bolivia con dos objetivos:

• Sembrar la semilla de una visión compartida que podría inspirar a los tomadores de decisiones y a un público amplio a entablar un diálogo constructivo, reconociendo y aceptando diferentes perspectivas y puntos de vista

• Involucrar a los jóvenes en un diálogo sobre un reto histórico que como generación posiblemente tengan que enfrentar: decidir la mejor manera de utilizar los recursos bolivianos.

Además de la visión que está construyendo, en el proyecto que impulsa estas actividades se está avanzando en el logro de un documental corto, sitio web, publicaciones en medios de comunicación y reuniones de los jóvenes con tomadores de decisiones. El taller mismo fue apoyado por la ONG boliviana Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (FBDM) y la ONG internacional Sociedad Internacional para el Desarrollo (SID)

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Evento: “Desafíos futuros de América Latina y el Perú”

(Nota aparecida en la revista Caretas 2234, 31/5/2012)

Veinte Años No Son Nada


Tener veinte años de experiencia no es excusa para dejar de mirar hacia adelante. Es el caso del Foro Nacional Internacional, que celebra su vigésimo aniversario trayendo a un grupo de destacados invitados internacionales.

La lista de pesos pesados para el evento que se realizará del 4 al 6 de junio es notable y notoria. Empieza con Keith Bezanson, ex embajador de Canadá en el Perú de 1985 a 1988, ex vicepresidente del BID y líder mundial en financiamiento del desarrollo. También estará José Antonio Alonso, experto en desarrollo institucional. Él aprovechará en presentar su libro Cooperación para el desarrollo en tiempos de crisis (Fondo de Cultura Económica, 2011) en la sede de la Academia Diplomática del Perú, el mismo 5 de junio.

Francisco Sagasti y Keith Bezanson, expositores principales del evento.
Otros nombres son Domenico Grasso (experto en desarrollo sostenible y vicerrector de la Universidad de Vermont), Ged Davis (estudios del futuro), Claudia Juech (Fundación Rockefeller), Isabel Bortagaray (ciencia y tecnología) y Carlota Pérez (consultora internacional en temas de innovación y cambio tecnológico). Pérez, junto a Sagasti, presentarán en flamante Centro de Innovación de IPAE el 6 de junio. Las palabras de bienvenida serán de la alcaldesa Susana Villarán.

“Desafíos futuros de América Latina y el Perú” es el nombre con el que se le conoce al evento Trends and Challenges for Development in Latin America. La organización también correrá por cuenta de la PUCP, IPAE y la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar. Buen momento para divisar el futuro rumbo a 2021.

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La Brecha Digital a 2021

(publicado originalmente en Caretas, 24 de mayo 2012) 

En 2011, el Perú subió al puesto 67 de los 142 países del ranking de competitividad del World Economic Forum (WEF), y por primera vez se ubicó en la mitad superior de la lista.

Sin embargo, a pesar de esta posición expectante para nuestro desarrollo, mantenemos grandes deficiencias para un país con nuestro nivel de ingresos por habitante. Si no actuamos decididamente desde ahora para corregir algunas brechas clave, nuestro avance no será sostenido, y en 2021 podríamos acabar en una posición global mucho menos favorable que la actual.

La posibilidad de retroceso ya empieza a vislumbrarse hoy en el área fundamental de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Ahí hemos descendido en los últimos cinco años hasta llegar al puesto 106 de los 142 países incluidos en el Informe Global de Tecnologías de Información 2012 del mismo WEF. Según este informe, nos ubicamos muy por debajo de Chile (39), y apenas por encima de Venezuela, Paraguay y Bolivia en Sudamérica en términos del NRI (Network Readiness Index o indicador de potencial para la conectividad). En contraste, en términos de PBI por habitante estamos creciendo y nos encontramos en el puesto 70 entre los países del ranking del WEF. 

Este crecimiento y estabilidad macroeconómica que se prevén para los próximos años constituyen una oportunidad para reducir las brechas tecnológicas con otros países de similar nivel de desarrollo. El desafío central es diseñar nuevas estrategias para que en el año 2021 haya una correspondencia entre los niveles nacionales de ingreso y la capacidad de nuestros ciudadanos para usar y generar tecnologías apropiadas para la era de la información. 

En la medida en que las TIC tienen un efecto cada vez más directo sobre el ingreso y la productividad, se va acrecentando la brecha de bienestar entre quienes tienen acceso a ellas y el resto. Reducir la “brecha digital” es, por lo tanto, un factor importante no sólo para la competitividad sino para reducir la desigualdad y los conflictos en la próxima década. El informe del WEF nos da algunas pistas de cómo superar este desafío, mostrando las principales debilidades del país con respecto al resto del mundo. El NRI se construye sobre pilares relacionados con entorno, potencial, utilización e impacto, incluyendo aspectos de competencias educativas y entorno institucional. 

En casi todos hay mucho por mejorar, pero de lejos el más notablemente rezagado es el de asequibilidad económica (affordability), donde el Perú es el último país de todos los incluidos en la medición. Esta variable considera a las tarifas de telefonía celular, tarifas de Internet fija de banda ancha y la competencia en los sectores de telefonía e Internet. En pocas palabras, tenemos los servicios más caros del mundo. Las tendencias recientes podrían sugerir que estamos en camino al acceso universal a las TIC en el mediano plazo.

Las cifras de Osiptel muestran que entre 2005 y 2011 ha habido un aumento acelerado del número de peruanos con teléfonos móviles y acceso a Internet, y las mejoras rápidas se notan incluso en las zonas rurales. El 89% de hogares ya tiene acceso a telefonía (comparado con menos de 35% en 2005) y 80% disponen de línea móvil para comunicarse. La penetración de telefonía móvil es de 110%, con 32 millones de líneas a diciembre 2011. De 500,000 suscripciones a Internet en 2005 hemos pasado al doble, más de un millón, en la actualidad. 

A pesar del crecimiento reciente, las TIC aún no llegan a todo el país. Por ahora, la telefonía móvil cubre al 88% de los distritos, pero las brechas entre regiones llegan a ser dramáticas: más de 150% de penetración en Lima y sólo 23% en Huancavelica. Igual de notables son las brechas entre los pobres y no pobres. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares de 2010, un 78% de los hogares no pobres tiene teléfono móvil y un 15% tiene Internet, pero solo el 48% y 0.5% de los hogares pobres, respectivamente. Entre los pobres rurales y entre los pobres extremos de todo el país, los hogares con algún teléfono móvil alcanzan más de la cuarta parte, pero aquellos con Internet son inexistentes. 

La distinción clara entre acceso y asequibilidad económica en el informe del WEF es muy pertinente para el Perú rumbo a 2021. Con los precios más altos del mundo, será difícil incorporar a los pobres y a las zonas rurales al uso intensivo de las TIC, lo cual conllevaría en la próxima década a mayores desigualdades y una menor competitividad como país. Por el contrario, acercar las TIC a las zonas rurales y a los más pobres puede contribuir a mejorar su calidad de vida notablemente. 

Es muy probable que, en términos de PBI por habitante, en 2021 estemos en la mitad superior de la tabla de países del mundo. Pero no podremos mantener ese lugar por mucho tiempo, ni podremos llegar a 2021 con nuestro actual nivel de competitividad, si es que no se ha logrado elevar el uso de las TIC en el Perú. Debemos subir desde la cola hasta un nivel similar al que se ubica nuestro PBI por habitante en el ranking mundial. Para lograr este objetivo a 2021, debemos seguir avanzando aceleradamente en la expansión del acceso e infraestructura en todo el país, sin olvidar temas afines de educación y fortalecimiento institucional.

En particular, requerimos de medidas agresivas para mejorar la competencia en las telecomunicaciones y así reducir los precios para todos, implementando al mismo tiempo programas focalizados para reducir costos en las zonas rurales y de pobreza.
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* Artículo elaborado por Gonzalo Alcalde, Investigador Asociado de FORO Nacional Internacional.

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Una recatafila de cárceles

(originalmente publicado en Caretas 2224)


El sistema penitenciario se encuentra oficialmente en emergencia desde el 22 de febrero último, aunque esta crisis ya era evidente para todos. La fuga de 17 reos peligrosos en Puno y los beneficios indebidos para algunos internos son muestras recientes de la terrible imagen de las cárceles del país: instalaciones hacinadas, mal construidas, débilmente controladas por autoridades corruptas y que frecuentemente son bases para el crimen organizado.

Las cifras son alarmantes: Se tiene 52,800 presos en cárceles con capacidad para sólo 28,500 internos, y de los 68 penales existentes, 24 se consideran mal construidos por el mismo Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Sólo hay 3,156 agentes de seguridad para vigilar a toda la población carcelaria, lo que equivale a un agente por cada 17 presos, muy por debajo del estándar internacional de 1 a 6. Más de la mitad de los reos espera una sentencia y miles padecen de enfermedades graves, desde tuberculosis hasta SIDA, que no son atendidas adecuadamente.

La solución propuesta desde el Estado consiste, principalmente, en construir más cárceles. En los últimos meses se han tomado medidas para fortalecer el INPE, asignando 130 millones de soles adicionales a su presupuesto y anunciando la contratación de 1,000 nuevos guardias. Se han agilizado sus procesos de inversión, y se planea construir dos nuevas cárceles cada año y mejorar las capacidades de los centros existentes. También el sector privado ha visto una oportunidad en esta crisis, y la Cámara de Comercio de Lima ha propuesto la participación de capitales privados en la administración de los penales a través de asociaciones público-privadas.

Si se mantienen las tendencias actuales, en 2021 será necesaria una gran cantidad de recursos públicos adicionales para mantener estándares mínimos de atención en el sistema penitenciario. El número de reclusos se duplicó entre 1999 y 2011, y creció a un promedio anual de 7%. Si se mantiene este ritmo hasta el 2021, en el Bicentenario tendremos más de 100,000 personas encarceladas y para atenderlas sería necesario cuadruplicar la capacidad actual del sistema. Si quisiéramos llegar al estándar internacional de un guardia por cada seis reos, necesitaremos contratar a 13,500 agentes adicionales a los que tenemos hoy.

Concentrarse en fortalecer el sistema penitenciario de esta manera es sólo una medida de corto plazo. Los factores que nos han llevado a esta emergencia nacional trascienden la desatención de las cárceles y la ineficacia del INPE. También influyen la debilidad del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional para enfrentar el crimen, y estos requieren de reformas complejas y políticamente difíciles. Por otra parte, de la mano del crecimiento poblacional y económico han aumentado la delincuencia común y el crimen organizado, especialmente en las ciudades emergentes de la Costa. Es probable que estos factores se agudicen en la próxima década.

Aún si se asignaran recursos adicionales e implementaran reformas en las instituciones mencionadas, el resultado sería tener más delincuentes presos, bien vigilados y adecuadamente recluidos. Pero este no debe ser el objetivo para el Bicentenario. Destinar recursos para atender a 100,000 reos debería ser sólo una estrategia para el peor, aunque desgraciadamente probable, de los casos. El indicador del éxito de una política para enfrentar la crisis penitenciaria sería que no necesitemos más cárceles que las actuales en 2021, que haya menos crimen y menos presos, y que existan programas efectivos de rehabilitación y reinserción de los reos en la sociedad.

El titular del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, enfatizó en el Congreso de la República esta semana la importancia de los factores sociales y de las políticas de prevención para enfrentar esta crisis. Dijo también que los resultados sólo se ven en cinco o diez años. Sin embargo, no se ha presentado una estrategia integral que incluya estos factores.

La prevención del crimen empieza mejorando el acceso y la calidad de los servicios de educación, salud, capacitación y empleo, especialmente para los grupos de alto riesgo como los jóvenes de bajos ingresos. Desde una perspectiva amplia, el crimen es resultado de la exclusión, y la prevención requiere de políticas económicas y sociales que reduzcan la desigualdad de oportunidades y la pobreza, especialmente en ámbitos urbanos. Sin políticas sociales efectivas el costo económico y social podría ser mayor, no habrá solución duradera para la crisis penitenciaria que enfrentamos hoy, y lo más probable es que seguiremos enfrentando este mismo desafío en el Bicentenario.


* Por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda:PERÚ de FORO Nacional Internacional

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El Perú no necesita ayuda, necesita socios

(Publicado originalmente en Caretas 2222)

La visión de Bill Gates sobre la ayuda no es producto de errores de medición. Es una visión prevalente sobre la ayuda internacional, particularmente en los países desarrollados. Cuando se refieren a “ayuda”, hablan de un término relativamente preciso: donaciones e intercambio de conocimiento desde los países agrupados en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) hacia los países en desarrollo. Sin embargo, desde hace varios años la ayuda financiera se ha concentrado en los países más pobres, que se encuentran principalmente en el África Sub-Sahariana.

La pregunta de Bill Gates se debe entender en un contexto muy particular. Un estudio publicado en febrero advirtió que la ayuda española podría reducirse en US$1.3 mil millones, un 20 por ciento. La visita de Gates a España tenía como objetivo renovar el compromiso gubernamental con la ayuda internacional, y parece que lo logró. Pese a estar en medio de una de las peores crisis económicas de su historia, el Presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se comprometió a no reducir la ayuda a los países en desarrollo.

En el Perú las declaraciones de Gates motivaron una serie de respuestas, la mayoría rechazando que ya no necesitemos ayuda. Se argumentó que la distribución del ingreso es muy desigual y que aún tenemos niveles altos de pobreza. Sin embargo, en la comunidad internacional se piensa que los países que crecen y tienen acceso a una diversidad de fuentes de financiamiento —inversión extranjera, emisión de bonos, préstamos de organismos internacionales, remesas, fundaciones privadas, entre otros— en condiciones ventajosas no necesita de la “ayuda” internacional, y que deben asumir la responsabilidad de financiar su propio desarrollo y su lucha contra la pobreza y desigualdad.

Este es el caso del Perú, que además recibe ayuda financiera de algunos países de la OCDE, incluyendo España, cuyo monto representa menos del uno por ciento del presupuesto nacional. Es decir, la ayuda es pequeña como fuente de financiamiento. El país ha venido creciendo y nuestras opciones para acceder a recursos financieros para el desarrollo, tanto domésticos como externos se han ampliado.

Este es un camino que han transitado otras naciones emergentes. Hace treinta años, la República de Corea era uno de los principales receptores de ayuda. Ahora ofrece ayuda en temas de comercio exterior y tecnología a países de menor desarrollo. Sin ir muy lejos, México y Chile ya pertenecen a la OCDE. A medida que aumenta el acceso a las fuentes de financiamiento para un país en crecimiento, se reduce la importancia de la “ayuda” y aumenta el papel que juegan el intercambio de experiencias y conocimientos, particularmente entre países que han enfrentado problemas similares hace pocos años.

Recientemente la cooperación en América Latina se ha centrado la diseminación de buenas prácticas para replicar iniciativas exitosas en otros países, los programas de capacitación y asistencia técnica, y el refuerzo de instituciones y programas gubernamentales. En 2010 varios países latinoamericanos tenían programas de intercambio de conocimiento y experiencias (ver gráfico). .México y Cuba son cooperantes muy activos, el primero en temas comerciales y productivos, y el segundo en programas de biotecnología y medicina humana. Brasil tiene un programa de cooperación muy sofisticado, que incluye inclusive cooperación en temas de industrias aeronáuticas con India y Sudáfrica.

Camino al Bicentenario en 2021, el Perú debería transformarse en un país cooperante que ofrece y recibe conocimientos valiosos para el desarrollo en microfinanzas, gastronomía, manejo de recursos naturales renovables y desarrollo de emprendedores. Para esto es necesario identificar y registrar iniciativas exitosas, sistematizar la experiencia y el conocimiento acumulado, y ofrecerlo a otros países con desafíos similares. Además, la cooperación es una manera de impulsar nuestros intereses estratégicos en la región, complementando y fortaleciendo nuestros lazos comerciales, y promoviendo la participación de profesionales y expertos peruanos en la solución de los problemas de nuestros vecinos.


* Elaborado por Fernando Prada, investigador asociado de FORO Nacional Internacional.

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Desafío urbano para el 2021

(publicado originalmente en Caretas 2217)


El crecimiento de las ciudades ofrece un conjunto de nuevas oportunidades, pero también presenta problemas y desafíos para la inversión pública y la planificación del desarrollo urbano.

En el año 2021 seremos un país aún más urbano y Lima seguirá siendo la única megaciudad peruana. Sin embargo, Callao, Trujillo y Arequipa también superarán el millón de habitantes, Chiclayo y Piura estarán sobre los 800 mil habitantes, Iquitos y Huancayo superarán los 500 mil habitantes. Cusco, Cajamarca, Pucallpa e Ica igualmente crecerán de manera acelerada, pero se mantendrán entre los 300 y 500 mil habitantes.

La población urbana en 2021 será del 78.9% del total y los casi 10 millones de limeños constituirán el 29.6% de todos los peruanos. Las ciudades emergentes concentrarán 24% de la población total del país, con lo que Lima y las siguientes nueve ciudades más grandes acogerán a más de la mitad de los habitantes.

Para 2021 habrá tres ciudades más con un millón de habitantes. El crecimiento de estas ciudades refleja un proceso similar al que viene ocurriendo en otros países latinoamericanos, donde hoy es menos marcada la primacía de la ciudad principal en relación a las siguientes en importancia. La expansión de los centros urbanos ofrece una oportunidad de desarrollo más equitativo, porque las ciudades pueden articular y potenciar el desarrollo de las regiones donde se encuentran, y traen oportunidades de crecimiento del sector inmobiliario, el comercio y algunas industrias que generan empleo. Al mismo tiempo, será necesaria una mayor inversión pública en servicios sociales urbanos, tales como transporte, agua potable, saneamiento, control de la contaminación, además de salud y educación, buscando anticipar la demanda futura.

En particular, la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado deberá ampliarse y renovarse de manera significativa en estas ciudades. Una persona requiere entre 20 y 50 litros de agua diarios para satisfacer sus necesidades básicas (bebida, limpieza, cocina), esto sin incluir lo que se utiliza en la industria y el comercio. Alrededor del 80% del agua se transforma en aguas negras que deben fluir por el sistema de desagüe y las alcantarillas de las ciudades. Numerosos distritos tendrán que renovar todo su sistema de agua y alcantarillado para responder a la demanda que genera el crecimiento de la población y la construcción de residencias. Adicionalmente, será necesario invertir en nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales para que no tengan un impacto negativos en los ríos, lagos y en el mar.

Durante los últimos años el número total de vehículos se incrementó en casi 6% anualmente, y seguirá creciendo en la medida que la población y los ingresos sigan aumentando. Si se mantiene esa tendencia, el parque automotor total pasaría de 69 a más de 100 vehículos por cada mil habitantes en 2021, la mayoría de los cuales se concentrará en las grandes ciudades: de casi 2 millones de vehículos que circulan en el país, alrededor de 1.2 millones está en Lima y Callao (60%), más de 160 mil en La Libertad (9%) y alrededor de 110 mil en Arequipa (6%). Esto significa que serán necesarias cuantiosas inversiones en pistas, carreteras y lugares de estacionamiento, y que la contaminación por emisiones de gases de los vehículos, el tráfico y los accidentes de tránsito presentará desafíos cada vez más difíciles de enfrentar.

Por otra parte, las grandes ciudades deberán contar con hospitales de alta complejidad con especialidades básicas (medicina, cirugía, pediatría y obstetricia) y subespecialidades. También requerirán universidades e institutos de educación superior técnica de calidad, certificadas y con una oferta amplia de carreras técnicas, profesionales y posgrados para satisfacer la demanda futura de empleos de calidad.

Todos estos factores hacen imperativo planificar y ordenar el desarrollo urbano de las grandes ciudades, ciudades intermedias y centros poblados, buscando articularlo con las zonas rurales que las proveen de alimentos, agua, recursos de todo tipo y espacios de recreación. Este es un caso en que es necesario establecer parámetros y límites al libre juego de las fuerzas del mercado, y proveer los bienes públicos que garanticen una mejor calidad de vida urbana y su adecuada vinculación con las zonas rurales.

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*Elaborado por Mario Bazán, Director Ejecutivo de FORO Nacional Internacional.

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Escenarios para el 2021

(Publicado originalmente en la revista Caretas 2216)

En el año del Bicentenario la población y la economía del país presentarán desafíos que podemos anticipar hoy.

En 2012 seremos 33 millones de peruanos y tendremos 22.5 millones de personas en edad de trabajar, más que en toda nuestra historia. Tendremos también 2.9 millones de adultos mayores de 65 años (un millón más que en 2011) y 7.9 millones de niños menores de 15 años (800,000 menos que ahora). Piura, Arequipa, Trujillo, Puno y Cusco seguirán creciendo y acogiendo a los migrantes del campo y de otras ciudades.

A diferencia de las cifras futuras de población, que pueden estimarse con cierta seguridad, las proyecciones económicas dependen de muchos factores que generan incertidumbre y escenarios muy variados. Por ejemplo, si se sostiene la demanda y los altos precios de los productos primarios que exportamos, si se mantiene la estabilidad macroeconómica, y si se minimiza el impacto de los efectos de los desastres naturales y los conflictos sociales, la tasa de crecimiento del PBI podría superar el 7% en promedio hasta el Bicentenario de la Independencia.

Si al menos uno de los factores mencionados (demanda de materias primas, manejo macroeconómico, eventos naturales como el Fenómeno del Niño, conflictos sociales) nos es adverso, estaríamos creciendo entre 4% y 6% anualmente, un nivel cercano al de 2011. Pero si dos o más de estos factores se tornan negativos, las tasas de crecimiento se reducirían a un promedio anual de entre 2% y 4%.

En el primer escenario el PBI por habitante superaría US$ 10,000 en el Bicentenario, nivel similar al nivel que alcanzó Chile en 2008. Varias regiones del país crecerían al mismo tiempo, con lo que mejoraría el empleo y se podría reducir la pobreza, mejorar la educación y ampliar la cobertura de servicios de salud. La mayor disponibilidad de recursos tributarios permitiría proteger al creciente número de adultos mayores, mejorar la atención a los niños, promover oportunidades productivas en las zonas rurales y avanzar en inclusión social.

Sin embargo, este escenario de alto crecimiento podría amenazar el medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales, y también desencadenar aún más conflictos sociales. Para evitar esto es necesario fortalecer al Estado, mejorando la calidad de las inversiones y el gasto, afianzando su legitimidad como interlocutor en los conflictos sociales, invirtiendo en ciencia y tecnología, y también mejorando la fiscalización y la calidad de los estudios de impacto ambiental.

En un segundo escenario, el crecimiento anual promedio hasta 2021 sería de 5.5% anual (similar al actual) y el PBI por habitante llegaría a US$ 8,630, un poco menos que Chile en 2006. Con este ritmo de crecimiento se continuará reduciendo la pobreza, pero no se podrá financiar políticas ambiciosas de salud, educación, pensiones y empleo. Algunas regiones crecerían más que otras, muchos trabajadores estarían subempleados, y aumentarían las demandas de programas asistencialistas y liderazgos populistas. Si bien la presión sobre el medio ambiente podría reducirse debido a una menor inversión en industrias extractivas, a menos que mejoren los programas sociales y la capacidad del Estado para prevenir conflictos, aumentaría la polarización social y podría generarse inestabilidad política.

En el tercer escenario, el PBI por habitante alcanzaría alrededor de US$ 6,629 en 2021 (menor que el nivel de Chile en 2005) y el crecimiento anual sería de solo 3%. Esto no bastaría para reducir significativamente la pobreza, y el Estado tendría que concentrar sus recursos en programas sociales focalizados y en responder al impacto de posibles desastres. Los conflictos sociales se agudizarían, en parte debido a que no se mantendría el nivel de transferencias del canon, con lo que muchas regiones, provincias y distritos tendrían menos recursos para atender demandas de la población. La recaudación fiscal sería baja y probablemente aumentarían la informalidad y las actividades ilegales. En un escenario de crecientes demandas y escasos recursos, sería indispensable contar con un sector público que pueda responder con rapidez y eficiencia a los conflictos y emergencias.

No podemos controlar muchos de los factores que nos encaminarán por uno u otro escenario en el Bicentenario de la Independencia, pero podemos prepararnos para enfrentar sus posibles efectos negativos y aprovechar las oportunidades que ofrecen. En todos los escenarios previstos necesitaremos un Estado más legítimo y eficaz en la movilización y el uso de los recursos, preparado para anticipar y explorar opciones estratégicas, y con gran capacidad de gestión. Pero, sobre todo, necesitaremos la voluntad política de llegar a consensos y acuerdos sobre el futuro de nuestro país.

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* Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del Programa Agenda: PERÚ de FORO Nacional Internacional.

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El Informe McKinsey y la gran oportunidad del siglo 21

(Publicado originalmente en la revista Caretas 2215)


Decenios y siglos de exportar materias primas con poco valor agregado han dejado huella en América Latina. Durante todo el siglo 20 la caída en el precio relativo de las materias primas exportadas (oro, plata, guano, salitre, caucho, azúcar, cobre, plomo, hierro, harina de pescado, fibra de alpaca, petróleo, gas) en relación con el precio de los productos manufacturados importados, condenó a la región a un crecimiento anémico y esporádico, alimentado por fugaces períodos de auge en algunos productos primarios.

Parecíamos marcados inexorablemente por el deterioro de los precios de intercambio entre materias primas y manufacturas, y no supimos aprovechar los breves lapsos en que este deterioro se revertía. Cierto que la diversidad de productos primarios del Perú generó cierta holgura económica, ya que sus precios no bajaban todos al mismo tiempo y en la misma proporción, y esto disminuyó la urgencia de invertir en la transformación de nuestra economía.

Al iniciarse el siglo 21 surge una nueva oportunidad. Un análisis de la consultora McKinsey demuestra que en los últimos diez años se ha revertido el largo período de deterioro de los precios de intercambio y que los productos primarios han alcanzado niveles de precios no vistos desde hace cien años. Más aún, de acuerdo a McKinsey, esta situación se mantendrá durante los próximos dos decenios, si bien con mucha volatilidad.(1) El acelerado crecimiento de los países emergentes, en particular China e India, y la expansión de una clase media global con apetito de consumo, ha generado un gran aumento en la demanda de energía, alimentos, metales y agua, entre otros productos primarios, que unido a las limitaciones en la oferta mantendrá elevados los precios de las materias primas.

¿Cómo aprovechar esta nueva oportunidad que se nos presenta? El decenio hasta el Bicentenario de la Independencia es clave para transformar nuestra economía, agregar valor a nuestras exportaciones, avanzar hacia la sociedad del conocimiento y consolidar un proceso de crecimiento inclusivo y sustentable. Los ingresos provenientes de la exportación de materias primas deben financiar esta transformación, que requiere de una inversión masiva en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Debemos invertir en conocimiento para mejorar la productividad en la exploración, extracción, procesamiento y utilización de nuestros recursos naturales, buscando reducir costos y aumentar los márgenes de ganancia; promover encadenamientos productivos y de servicios hacia delante para agregar valor, y hacia atrás para proveer insumos a las actividades primarias; emplear los mayores márgenes de ganancia para invertir en nuevas actividades productivas con mayor contenido de conocimiento y tecnología, e identificar productos y mercados específicos para incursionar con nuestras ventajas comparativas y las características especiales de nuestros productos naturales. El nuevo auge de las materias primas nos permite avanzar en la inclusión social y contrarrestar los efectos del cambio climático, pero solo si logramos crear las capacidades, generar el conocimiento y promover la innovación.

No es fácil aprovechar oportunidades que se presentan una vez cada siglo. Necesitamos maneras de pensar y actuar diferentes a las usuales, tanto en el sector público como en empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. El desafío ms grande que enfrentamos consiste en ponernos a la altura de las extraordinarias circunstancias que estamos viviendo, y esto exige ser, al mismo tiempo, visionarios y pragmáticos.


* Elaborado por Francisco Sagasti, fundador del programa Agenda: PERÚ




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(1) McKinsey &Co., Resource Revolution: Meeting the world's energy, materials, food and water needs, New York, Noviembre 2011.

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Pensando el 2021: la historia por escribirse

(Publicado originalmente en CARETAS 2214)

Empecemos reconociendo que en un contexto global turbulento de comunicación instantánea, pasión por el consumo, cambio climático, crisis financieras, desplazamientos geopolíticos, desequilibrios demográficos, narcotráfico y delincuencia, descalabro de economías avanzadas y auge de economías emergentes, no nos ha ido tan mal como país. Hemos mantenido la estabilidad económica, las prácticas democráticas y estamos tomando conciencia de la importancia del conocimiento científico y la innovación tecnológica.

No obstante, persisten antiguas recriminaciones, acusaciones mutuas y descalificaciones a granel que, agravadas por el rechazo de otros puntos de vista, podrían conducir a una peligrosa parálisis. Hablamos de la vasta diversidad de nuestro país, pero no parecemos aceptarla, no nos atrevemos a salir de nuestros pequeños y cómodos guetos –físicos y mentales– inmovilizados por diferencias geográficas y culturales, miedos e inseguridades. Camino al Bicentenario de la Independencia no podemos continuar inmersos en el pasado, ni abrumados por sus hipotecas. No se trata de olvidarlo, sino de no vivir en él.

Es ahora necesario mirar al futuro y voltear la página, pero sin borrón y cuenta nueva. La nueva generación a cargo de Agenda: PERÚ y FORO Nacional Internacional tiene claro que el desarrollo solo es posible en democracia y que ésta es el razonar público; que debemos transformar modos de pensamiento reduccionista en enfoques sistémicos e inclusivos; que es preciso cerrar la brecha entre expectativas de la sociedad y la acción política; y que los múltiples actores sociales en nuestro país deben estar directamente involucrados en definir su futuro, respetando diferencias pero buscando perspectivas comunes.

ANTECEDENTES
Hace casi un cuarto de siglo conversábamos en Washington sobre lo que aprendíamos en el Banco Mundial y el Wilson Center. En esos encuentros era inevitable hablar sobre el Perú y sus problemas en el decenio de 1980. La inexistencia de espacios para el diálogo, el reconocimiento mutuo y la búsqueda conjunta de soluciones surgían, una y otra vez, como una de las mayores dificultades para ponernos de acuerdo y trabajar en conjunto. De allí nació la idea de crear el programa Agenda: PERÚ para propiciar una reflexión colectiva sobre nuestro país, sus problemas y sus posibilidades futuras.

Desde el primer momento buscamos acercar a los expertos y a los ciudadanos, y también a personas de diferente procedencia social y regional, distintos niveles de ingreso y de ideologías diversas. Los talleres, seminarios, reuniones de trabajo y grupos de enfoque que organizamos crearon espacios neutros y libres para discutir respetuosamente, sin descalificaciones ni agravios, en donde pudimos aprender de otros y superar las barreras que nos aíslan de nuestros compatriotas. Fuimos afortunados en que prácticamente todos a quienes invitamos a participar en este ejercicio estuvieran dispuestos a hacerlo, confiando en que no utilizaríamos de manera indebida su presencia y contribuciones. A un ingeniero industrial devenido planificador estratégico y a un médico formado como psicoanalista se unieron Nicolás Lynch, un sociólogo político, y Pepi Patrón, una filósofa especializada en asuntos de ética, lo que nos permitió articular perspectivas muy diferentes sobre nuestro país.

Los objetivos iniciales de Agenda: PERÚ fueron preparar un diagnóstico compartido de los problemas de nuestro país, definir las líneas estratégicas de desarrollo e identificar las reformas institucionales necesarias. El autogolpe de Alberto Fujimori en abril de 1992, meses antes que iniciáramos nuestro trabajo, llevó a incorporar la gobernabilidad democrática como una de las principales preocupaciones de Agenda: PERÚ.

En 1995 publicamos nuestro primer informe, ‘Democracia y Buen Gobierno’, al que siguieron una docena de libros, el último de los cuales, ‘PERÚ: Agenda y estrategia para el siglo 21, fue publicado semanas después de la juramentación del Presidente Valentín Paniagua. Este último documento resumió ocho años de trabajo conjunto con cientos y hasta miles de participantes, y nos permitió ofrecer una visión compartida de futuro, un conjunto de líneas estratégicas, una propuesta de reformas institucionales, y medidas para avanzar hacia una identidad nacional, pluralista, integrada y en continuo despliegue.

Completada esta tarea, nos dedicamos a difundir los resultados de Agenda: PERÚ en el país y el extranjero (por ejemplo, con la serie televisiva “Abriendo Caminos”). Luego nos desplazamos hacia otras actividades profesionales. Uno de nosotros tuvo la oportunidad y el privilegio de hacerse cargo de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional; y el otro, la posibilidad de colaborar en diversos temas con el desarrollo de nuestro país. Numerosos colegas y amigos que trabajaron en Agenda: PERÚ ocuparon puestos de responsabilidad en el gobierno, y participaron activamente en la vida nacional.

Una nueva generación de colaboradores –Mario Bazán, Gonzalo Alcalde y Fernando Prada, apoyados por destacados asistentes– tomó la posta y continúa con la tarea de actualizar, reinterpretar y modificar lo que habíamos plasmado en los informes de Agenda: PERÚ. ‘Perú: Agenda y estrategia para el siglo 21’ planteó líneas estratégicas hasta el bicentenario de la Independencia, y el informe ‘Manual del Despegue’ (CARETAS 2191), escrito diez años después, ofreció una apreciación de los avances logrados y de algunos temas pendientes (reforma del Estado; recursos naturales y ordenamiento territorial; ciencia, tecnología e innovación; cultura e identidad nacional).

Ahora es necesario responder a nuevos interrogantes: ¿Es nuestro país el mismo descrito en los informes de Agenda: PERÚ? ¿Son iguales las expectativas y los anhelos que compartían quienes contribuyeron con sus ideas y experiencia a este programa? ¿Qué nuevos planteamientos exigen las actuales circunstancias mundiales y de nuestro país?

* Elaborado por Francisco Sagasti y Max Hernández, fundadores del programa Agenda: PERÚ

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