Una recatafila de cárceles

(originalmente publicado en Caretas 2224)


El sistema penitenciario se encuentra oficialmente en emergencia desde el 22 de febrero último, aunque esta crisis ya era evidente para todos. La fuga de 17 reos peligrosos en Puno y los beneficios indebidos para algunos internos son muestras recientes de la terrible imagen de las cárceles del país: instalaciones hacinadas, mal construidas, débilmente controladas por autoridades corruptas y que frecuentemente son bases para el crimen organizado.

Las cifras son alarmantes: Se tiene 52,800 presos en cárceles con capacidad para sólo 28,500 internos, y de los 68 penales existentes, 24 se consideran mal construidos por el mismo Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Sólo hay 3,156 agentes de seguridad para vigilar a toda la población carcelaria, lo que equivale a un agente por cada 17 presos, muy por debajo del estándar internacional de 1 a 6. Más de la mitad de los reos espera una sentencia y miles padecen de enfermedades graves, desde tuberculosis hasta SIDA, que no son atendidas adecuadamente.

La solución propuesta desde el Estado consiste, principalmente, en construir más cárceles. En los últimos meses se han tomado medidas para fortalecer el INPE, asignando 130 millones de soles adicionales a su presupuesto y anunciando la contratación de 1,000 nuevos guardias. Se han agilizado sus procesos de inversión, y se planea construir dos nuevas cárceles cada año y mejorar las capacidades de los centros existentes. También el sector privado ha visto una oportunidad en esta crisis, y la Cámara de Comercio de Lima ha propuesto la participación de capitales privados en la administración de los penales a través de asociaciones público-privadas.

Si se mantienen las tendencias actuales, en 2021 será necesaria una gran cantidad de recursos públicos adicionales para mantener estándares mínimos de atención en el sistema penitenciario. El número de reclusos se duplicó entre 1999 y 2011, y creció a un promedio anual de 7%. Si se mantiene este ritmo hasta el 2021, en el Bicentenario tendremos más de 100,000 personas encarceladas y para atenderlas sería necesario cuadruplicar la capacidad actual del sistema. Si quisiéramos llegar al estándar internacional de un guardia por cada seis reos, necesitaremos contratar a 13,500 agentes adicionales a los que tenemos hoy.

Concentrarse en fortalecer el sistema penitenciario de esta manera es sólo una medida de corto plazo. Los factores que nos han llevado a esta emergencia nacional trascienden la desatención de las cárceles y la ineficacia del INPE. También influyen la debilidad del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional para enfrentar el crimen, y estos requieren de reformas complejas y políticamente difíciles. Por otra parte, de la mano del crecimiento poblacional y económico han aumentado la delincuencia común y el crimen organizado, especialmente en las ciudades emergentes de la Costa. Es probable que estos factores se agudicen en la próxima década.

Aún si se asignaran recursos adicionales e implementaran reformas en las instituciones mencionadas, el resultado sería tener más delincuentes presos, bien vigilados y adecuadamente recluidos. Pero este no debe ser el objetivo para el Bicentenario. Destinar recursos para atender a 100,000 reos debería ser sólo una estrategia para el peor, aunque desgraciadamente probable, de los casos. El indicador del éxito de una política para enfrentar la crisis penitenciaria sería que no necesitemos más cárceles que las actuales en 2021, que haya menos crimen y menos presos, y que existan programas efectivos de rehabilitación y reinserción de los reos en la sociedad.

El titular del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, enfatizó en el Congreso de la República esta semana la importancia de los factores sociales y de las políticas de prevención para enfrentar esta crisis. Dijo también que los resultados sólo se ven en cinco o diez años. Sin embargo, no se ha presentado una estrategia integral que incluya estos factores.

La prevención del crimen empieza mejorando el acceso y la calidad de los servicios de educación, salud, capacitación y empleo, especialmente para los grupos de alto riesgo como los jóvenes de bajos ingresos. Desde una perspectiva amplia, el crimen es resultado de la exclusión, y la prevención requiere de políticas económicas y sociales que reduzcan la desigualdad de oportunidades y la pobreza, especialmente en ámbitos urbanos. Sin políticas sociales efectivas el costo económico y social podría ser mayor, no habrá solución duradera para la crisis penitenciaria que enfrentamos hoy, y lo más probable es que seguiremos enfrentando este mismo desafío en el Bicentenario.


* Por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda:PERÚ de FORO Nacional Internacional