La gobernabilidad democrática del país aparece nuevamente como un asunto político urgente, ya no como preocupación académica. En el Día del Campesino tuvimos que lamentar seis muertes en el intento de toma del aeropuerto de Juliaca. Este conflicto social, relacionado con la contaminación del río Ramis (a causa de la minería informal), es sólo uno de muchos que se han tornado violentos últimamente. En Puno mismo, reclamos de pobladores aimara relacionados con la minería formal paralizaron todas las actividades económicas más de un mes.
Más allá de la particular coyuntura post-electoral y de la inacción de las autoridades de turno, hay que hacer notar, sin embargo, que no estamos ante un problema nuevo sino ante la vieja incapacidad las instituciones peruanas para procesar las demandas sociales. El diagnóstico que hiciéramos en los años noventa en Democracia y Buen Gobierno resulta perturbadoramente vigente hoy en 2011. Allí enfatizábamos una crisis institucional caracterizada por un "desfase entre la capacidad de las instituciones para organizar y responder a las demandas sociales, económicas y políticas de la población, y la multiplicación de estas demandas que tuvo lugar en los últimos decenios debido al rápido crecimiento de la población y a la menor disposición de las personas para seguir tolerando injusticias".
Es cierto que, ante la falta de institucionalidad, muchas organizaciones de base y manifestantes recurren con suma facilidad a la protesta violenta, disruptiva, y muchos mantienen discursos extremos sin cabida para el diálogo. El nuevo gobierno tendrá un doble desafío en este campo. Primero, resolver de manera democrática los reclamos ya existentes, sobre todo aquellos que han devenido en conflictos violentos o están cercanos a serlo. Segundo, con visión de largo plazo, establecer qué hace falta para que las entidades públicas, privadas y de la sociedad civil puedan atender de manera eficaz y democrática los reclamos sociales.
Fortalecer las capacidades del Estado es un objetivo importante pero, tanto como eso, es promover la institucionalidad y representatividad de la sociedad civil organizada. Ningún gobierno reciente se ha preocupado de hacerlo y, a todas luces, representa un factor crucial para la gobernabilidad democrática. Nuestras entrevistas y consultas revelan, más bien, que desde las organizaciones sociales se percibe una creciente criminalización de la protesta que ha ido de la mano con insensibilidad hacia los reclamos, sobre todo aquellos con connotaciones culturales.
La sociedad civil se ha fortalecido pero aún falta mucho para canalizar adecuadamente los reclamos desde las comunidades. Las organizaciones existentes aún no llegan a representar la diversidad de intereses de nuestra sociedad, sostener a movimientos más amplios (más allá de causas coyunturales), ni a articularse con partidos políticos, que a su vez siguen en crisis. Alentar estos cambios debe estar en la agenda pendiente del nuevo gobierno.
*Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda: PERÚ
Más allá de la particular coyuntura post-electoral y de la inacción de las autoridades de turno, hay que hacer notar, sin embargo, que no estamos ante un problema nuevo sino ante la vieja incapacidad las instituciones peruanas para procesar las demandas sociales. El diagnóstico que hiciéramos en los años noventa en Democracia y Buen Gobierno resulta perturbadoramente vigente hoy en 2011. Allí enfatizábamos una crisis institucional caracterizada por un "desfase entre la capacidad de las instituciones para organizar y responder a las demandas sociales, económicas y políticas de la población, y la multiplicación de estas demandas que tuvo lugar en los últimos decenios debido al rápido crecimiento de la población y a la menor disposición de las personas para seguir tolerando injusticias".
Es cierto que, ante la falta de institucionalidad, muchas organizaciones de base y manifestantes recurren con suma facilidad a la protesta violenta, disruptiva, y muchos mantienen discursos extremos sin cabida para el diálogo. El nuevo gobierno tendrá un doble desafío en este campo. Primero, resolver de manera democrática los reclamos ya existentes, sobre todo aquellos que han devenido en conflictos violentos o están cercanos a serlo. Segundo, con visión de largo plazo, establecer qué hace falta para que las entidades públicas, privadas y de la sociedad civil puedan atender de manera eficaz y democrática los reclamos sociales.
Fortalecer las capacidades del Estado es un objetivo importante pero, tanto como eso, es promover la institucionalidad y representatividad de la sociedad civil organizada. Ningún gobierno reciente se ha preocupado de hacerlo y, a todas luces, representa un factor crucial para la gobernabilidad democrática. Nuestras entrevistas y consultas revelan, más bien, que desde las organizaciones sociales se percibe una creciente criminalización de la protesta que ha ido de la mano con insensibilidad hacia los reclamos, sobre todo aquellos con connotaciones culturales.
La sociedad civil se ha fortalecido pero aún falta mucho para canalizar adecuadamente los reclamos desde las comunidades. Las organizaciones existentes aún no llegan a representar la diversidad de intereses de nuestra sociedad, sostener a movimientos más amplios (más allá de causas coyunturales), ni a articularse con partidos políticos, que a su vez siguen en crisis. Alentar estos cambios debe estar en la agenda pendiente del nuevo gobierno.
*Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda: PERÚ
