El Estado, el gran responsable del “No” a la minería

A primera vista, un observador externo podría concluir que somos un país lleno de gente irracional que boicotea su propio desarrollo. En Puno, los grupos aimara y quechua piden enérgicamente el cese definitivo de las concesiones mineras en su región. En varias otras regiones, cada vez más grupos sociales expresan una fuerte oposición a cualquier actividad extractiva en sus territorios. Pero, al mismo tiempo, todos somos parte de un país donde la minería es responsable de hasta un 75% de las exportaciones y casi 20% del PBI, y donde el canon minero aportará este año más de 4 mil millones de soles a los gobiernos regionales y locales. Simplemente, no podríamos prescindir de ella en ningún plazo previsible.

Sin embargo, los peruanos que rechazan las actividades mineras no están locos ni mucho menos. Lo que ocurre es que los grandes beneficios de la minería no llegan a todos por igual, y demasiadas veces son totalmente invisibles para las mismas comunidades locales que ven cómo la extracción hace ricos a unos pocos y degrada su medio ambiente, patrimonio cultural, recursos y calidad de vida de manera irreversible. Así, en plena bonanza (donde la minería ha crecido más de 200% en las últimas dos décadas) hemos llegado a una situación de enfrentamiento entre Estado, comunidades y sector privado. Según nos lo confirman diversos líderes y expertos que venimos entrevistando, ello no solo se debe a actores con nombre propio sino, ante todo, a las debilidades institucionales y falta de visión de largo plazo del Estado.

Esta situación no es solo un pleito entre empresas y comunidades. El Estado tiene la gran responsabilidad de encontrar soluciones en estos temas pero, más bien, las autoridades políticas exacerban las diferencias. Por un lado, varios gobernantes de turno han asumido una actitud confrontacional y carente de sensibilidad social y cultural en un país diverso (a la cabeza, el Presidente García burlándose de los "panteístas" que "adoran cerros"). Antes que mediadores frente a los descontentos, en años recientes muchas autoridades regionales y locales se han mostrado impotentes o ausentes, y el gobierno central ha ejercido poca autoridad legítima y ha sido percibido como representante de algunos intereses privados. Como anota el economista Miguel Santillana del Instituto del Perú, en los últimos años el gobierno "no es percibido como neutro en los conflictos entre empresas y comunidades, y es ahí donde (el Estado) debería tener más presencia y legitimidad".

El malestar de la sociedad ante las consecuencias de la minería es justamente producto de una persistente falta de legitimidad del Estado que viene de mucho tiempo atrás. Esta se debe en buena medida a la escasa capacidad de prevención y solución de conflictos, a la falta de planificación para asignar recursos equitativamente y a la ineficiente ejecución de presupuestos que han crecido notablemente pero no tienen el impacto esperado. Y, en muchos casos, a la ausencia total del Estado en pleno siglo 21, lo cual hace que muchas comunidades exijan de la empresa privada bienes y servicios que debería proporcionar el Estado. Todos los entrevistados, desde sus distintas perspectivas, enfatizan la gravedad de que se siga posponiendo una verdadera reforma del Estado.

Para el economista Javier Iguíñiz, la falta de reforma no es casual y lo que hay es un Estado capturado y debilitado por grupos de poder. Como consecuencia, el Estado está muy sesgado a favor de esos grupos en temas como la protección del medio ambiente, donde la población siente justificadamente que es un Estado ajeno a sus demandas. Agrega: "Es un Estado que ha tomado partido y eso es lo que hace que muchos conflictos se deriven en violentos".

Además de fortalecerse institucionalmente, para legitimarse frente a las comunidades el Estado tiene como gran pendiente establecer políticas que promuevan mejoras en el modelo de crecimiento económico. Según, Vladimiro Huároc, ex presidente regional de Junín, el origen de los conflictos medioambientales es la sensación de parte de determinados actores sociales de estar excluidos de la dinámica de crecimiento y desarrollo económico. Agrega que a esto se le suma una débil política minera y medioambiental, bajo la cual se han articulado políticas "de manera oportunista e improvisada de parte del Estado, cuando se debería apuntar hacia la eficiencia".

Para Willy Torres, asesor de la REMURPE, existe un amplio rechazo al modelo meramente "extractivista" y esto genera amplias dificultades al sistema democrático. Anota que: "Hay mucha responsabilidad por parte del Estado, si se revisa el mapa de concesiones mineras del MINEM se corrobora que el 70% del territorio esta de alguna manera concesionado por 10 ó 20 años y eso deja pasivos ambientales muy fuertes". En este sentido, José Ricapa del MOCICC agrega: "Hay un aparente desarrollo amplio, pero la gente más pobre ve sus tierras y sus recursos elementales afectados y no ve como ese supuesto crecimiento los beneficia".

Mirando al próximo lustro, lo que se requiere no es sólo mayor sensibilidad, responsabilidad y liderazgo de las nuevas autoridades ante los conflictos emergentes. Es preciso iniciar una reforma del Estado que apunte a legitimarlo ante todos los peruanos, particularmente aquellos que hoy asumen posiciones extremas al sentirse excluidos de los beneficios del crecimiento.

* Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador, y Pasko Kisic, asistente de investigación, del programa Agenda: PERÚ.