La "no intervención" y la protección de la democracia

En la nota semanal anterior describimos, sobre la base de lo discutido en la conferencia "La Preservación y Promoción de la Democracia en las Américas" del 12/9/2011, cómo ahora se busca que la Carta Democrática Interamericana (CDI) tenga mayor énfasis en la inclusión social. Sin embargo, hubo otro punto recurrente, y más controvertido, en las intervenciones en dicho foro. Al no implicar acuerdos vinculantes ni establecer bases claras para actuar frente a situaciones donde se "altere" el orden democrático, ¿realmente sirve la CDI para defender a la democracia en América Latina?

La mayor cantidad de las críticas a la carta y a las organizaciones que se apoyan de alguna manera en sus principios (como la CAN, OEA y UNASUR) van en torno a la capacidad de hacerlos respetar. Es decir, para muchos no son viables estas organizaciones si no pueden hacer respetar su voluntad ni principios, frente a actores y prácticas que afectan la democracia.

No intervenir en los asuntos internos de sus vecinos es un principio que rige las políticas exteriores de los países latinoamericanos. Por ello, es difícil que la CDI pueda convertirse explícitamente en un instrumento de resolución de situaciones donde se quiebra el orden democrático. Como afirma Diego García Sayán, la CDI constituye un sistema de prevención antes que de solución, más aún cuando algunos temas de la Carta no están bien definidos; por ejemplo, el concepto de "alteración del orden democrático".

En realidad, no hubo señales de que se quiera consolidar a la CDI como base para resolver situaciones de crisis. El Presidente Humala resaltó, más bien, su importancia como espacio de diálogo interamericano y la necesidad de fortalecerla como tal. Jose María Insulza, afirmó por su parte que la CDI no fue concebida para aplicarla a "infractores" sino que es un programa político-democrático que expresa lineamientos compartidos. También para Adalid Contreras, Secretario General de la CAN, la CDI es un instrumento dirigido a prevenir posibles rupturas que afecten al orden democrático. Agregó que, si bien la CDI no implica acuerdos vinculantes, sí implica la legitimidad de estos valores democráticos para los países miembros y las organizaciones multilaterales.

Repetidamente se expresó la preocupación acerca de si hay alguna forma práctica de hacer respetar y seguir los principios de la CDI frente a intentos de desestabilización democrática. Sin embargo, queda claro que no hay intención mayoritaria entre los gobernantes de los países miembros, ni los dirigentes de entidades internacionales de que la CDI evolucione en dicha dirección. Por lo visto en este importante foro, como espacio de diálogo y como herramienta de prevención en favor de la democracia, la CDI podrá orientarse cada vez más en los próximos años hacia la inclusión social, pero difícilmente hacia convertirse en un instrumento para hacer cumplir los principios democráticos.

Sin embargo, cabe recordar que nuevas iniciativas suramericanas, como la de la UNASUR, sí apuntan a utilizar los principios de la CDI, más no la carta misma, como mecanismos vinculantes progresivos, que vayan desde las sanciones discursivas hasta las económicas y financieras. La evolución de estas medidas en defensa de la democracia es un punto que las naciones americanas tendremos que vigilar bien, en un contexto en el cual las relaciones internacionales se fortalecen y pesan más en nuestros sistemas nacionales.


* Elaborado por Pasko Kisic, consultor, y Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda: PERÚ.