Congresistas itinerantes: Más allá del impacto en el presupuesto

Las reacciones ante la reciente decisión de la Mesa Directiva del Congreso de realizar sesiones del Pleno en diferentes puntos del país han revelado una profunda miopía de los propios congresistas, de varios analistas políticos y de algunos periodistas sobre la relevancia de acercar este poder del Estado a la población. “La democracia cuesta” ha sido la respuesta del Presidente del Congreso, mientras que “no queremos otorongos paseando por el Perú con el dinero del contribuyente” ha sido el tenor de varias editoriales al respecto.

El enfoque de quienes se oponen es sesgado y cortoplacista, pues se centra sólo en los costos para el fisco. Además, podría ser contraproducente al dejar en la población la sensación de que estas consultas y la idea de acercar el Estado a la gente constituyen un gasto innecesario, el cual debería suspenderse por oneroso.

La evaluación de proyectos y políticas públicas provee herramientas para estimar la relevancia y el valor social de las medidas, más allá de los desembolsos inmediatos, que emprende el sector público en términos de costos, a los actores involucrados, y de los beneficios que generan. El resultado neto de contabilizar estos costos y beneficios para todos los actores involucrados constituye el criterio para dar luz verde a un proyecto o iniciativa. Además, este resultado neto debería permitir comparar la eficiencia de esta iniciativa con respecto a otras alternativas, las cuales podrían generar los mismos beneficios, pero a un costo distinto.

El gobierno, a través de la Mesa Directiva del Congreso, ha establecido el objetivo del “Congreso Itinerante”. De manera clara: el Congreso está desprestigiado porque no ha ejercido de manera efectiva su función de representación y ha legislado básicamente desde Lima. La solución propuesta por la Mesa Directiva consiste en acercar (físicamente) a los Congresistas con la población a través del diálogo sobre las demandas concretas en cada región que visiten.

Evaluemos primero los costos de esta medida. Trasladar al Pleno del Congreso y organizar visitas de los congresistas a 43 distritos de la región Ica tiene un costo de transporte de los congresistas y sus delegaciones, preparación de instalaciones, alimentación, seguridad y materiales. Se ha estimado que se gastó entre S/.130 mil y 200 mil soles, aunque esto sólo corresponde a la parte que corresponde a recursos del fisco. Además, existen algunos costos ocultos, directos e indirectos, que pueden estimarse utilizando el cálculo de la huella ecológica de trasladar la sesión del hemiciclo a otra ciudad, los costos por accidentes ocurridos y otros riesgos probables y que, en algunos casos, sucedieron. Adicionalmente, se debe sumar el costo del tiempo de los funcionarios de Ica que participaron de las actividades, lo invertido por la región y los municipios, y el costo de la presión sobre los recursos de la ciudad de Ica, tales como mayor tráfico, cierre de calles, limitada libertad de movimiento por temas de seguridad, entre otros.

Estos resultados se deben contrastar, primero, con el costo que normalmente supone la sesión centralizada en Lima que han sido ahorrados y considerar el valor del beneficio que esto trae a la región Ica. Esta pasó de contar con cuatro representantes a contar con 122 por un día, con diálogo en 43 distritos. Ha tenido la oportunidad de poner en agenda de todo el legislativo las preocupaciones de este territorio, lo que normalmente tarda meses.

Una evaluación posterior podrá considerar si como resultado de esta visita se lograron presentar iniciativas legislativas o de fiscalización que generen beneficios a la región. Por ejemplo, algunos comentarios de los legisladores estaban orientados en la necesidad de establecer una investigación por el alto número de denuncias de corrupción como consecuencia del proceso de reconstrucción luego del terremoto de Pisco. De encontrarse responsabilidad y se concluyan procesos judiciales a favor como consecuencia de las investigaciones iniciales del parlamento, las reparaciones civiles pueden ser consideradas como un retorno de la iniciativa.

Sin embargo, al sopesar los costos con los beneficios estamos parcialmente ciegos pues es difícil medir algunos de ellos. Un primer desafío es cómo medir los beneficios de la mejor representación de los congresistas. Igualmente, cómo medir los beneficios en términos de reducir el desprestigio del Congreso, por lo menos en Ica, que puede redundar en mayor legitimidad y por ello en un fortalecimiento de la gobernabilidad. Definitivamente un conocimiento de la realidad desde el campo le va a servir a los congresistas para empaparse de la realidad fuera de los fueros que los eligieron con el fin de tener una visión más de conjunto. Otro desafío es medir la importancia de la cercanía de los congresistas. Por ejemplo, cuánto se ahorran los funcionarios de Ica y la población en general para cabildear por proyectos para sus jurisdicciones sin tener que ir a Lima, o si el hecho que los congresistas estén en Ica contribuye a concluir con mayor celeridad los trámites para realizar estos proyectos.

Algunos beneficios han sido recogidos de manera tímida por la prensa. Por ejemplo, el empoderamiento de Ica y el hecho simbólico político de que el Congreso se acerca a la población. Y además, definitivamente va a existir algún impacto económico de tener más de 100 congresistas con alto poder adquisitivo comprando bienes y servicios.

En términos agregados se puede estimar que la medida ha generado beneficios presentes y potenciales para el país y la región Ica. Sin embargo hace falta también comparar si se pudo lograr estos resultados a un menor costo. Algunas alternativas pudieron considerar visitar la región (y otras a futuro) con grupos de trabajo más pequeños que no involucren a todos los congresistas en la misma zona, pero que sea mayor al número regular de representantes.

No está mal que haya celo en cuidar los recursos públicos. Pero rechazar medidas cuyo potencial efecto positivo no es fácil de expresar en términos financieros, solo porque “cuestan”, es una forma miope de evaluar políticas públicas. Más bien, deberíamos esforzarnos por perfeccionar metodologías para medir los beneficios de largo plazo de una mejor representación y cercanía de los poderes a la población, así como el valor de la participación en términos de empoderamiento y capacidad para cabildear por proyectos para sus regiones.


* Elaborado por Fernando Prada, investigador asociado de FORO Nacional Internacional, con la colaboración de Mario Bazán y Gonzalo Alcalde