viernes, 1 de junio de 2012

Evento: “Desafíos futuros de América Latina y el Perú”

(Nota aparecida en la revista Caretas 2234, 31/5/2012)



Veinte Años No Son Nada


Tener veinte años de experiencia no es excusa para dejar de mirar hacia adelante. Es el caso del Foro Nacional Internacional, que celebra su vigésimo aniversario trayendo a un grupo de destacados invitados internacionales.

La lista de pesos pesados para el evento que se realizará del 4 al 6 de junio es notable y notoria. Empieza con Keith Bezanson, ex embajador de Canadá en el Perú de 1985 a 1988, ex vicepresidente del BID y líder mundial en financiamiento del desarrollo. También estará José Antonio Alonso, experto en desarrollo institucional. Él aprovechará en presentar su libro Cooperación para el desarrollo en tiempos de crisis (Fondo de Cultura Económica, 2011) en la sede de la Academia Diplomática del Perú, el mismo 5 de junio.

Francisco Sagasti y Keith Bezanson, expositores principales del evento.
Otros nombres son Domenico Grasso (experto en desarrollo sostenible y vicerrector de la Universidad de Vermont), Ged Davis (estudios del futuro), Claudia Juech (Fundación Rockefeller), Isabel Bortagaray (ciencia y tecnología) y Carlota Pérez (consultora internacional en temas de innovación y cambio tecnológico). Pérez, junto a Sagasti, presentarán en flamante Centro de Innovación de IPAE el 6 de junio. Las palabras de bienvenida serán de la alcaldesa Susana Villarán.

“Desafíos futuros de América Latina y el Perú” es el nombre con el que se le conoce al evento Trends and Challenges for Development in Latin America. La organización también correrá por cuenta de la PUCP, IPAE y la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar. Buen momento para divisar el futuro rumbo a 2021.

jueves, 24 de mayo de 2012

La Brecha Digital a 2021

(publicado originalmente en Caretas, 24 de mayo 2012) 


En 2011, el Perú subió al puesto 67 de los 142 países del ranking de competitividad del World Economic Forum (WEF), y por primera vez se ubicó en la mitad superior de la lista.

Sin embargo, a pesar de esta posición expectante para nuestro desarrollo, mantenemos grandes deficiencias para un país con nuestro nivel de ingresos por habitante. Si no actuamos decididamente desde ahora para corregir algunas brechas clave, nuestro avance no será sostenido, y en 2021 podríamos acabar en una posición global mucho menos favorable que la actual.

La posibilidad de retroceso ya empieza a vislumbrarse hoy en el área fundamental de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Ahí hemos descendido en los últimos cinco años hasta llegar al puesto 106 de los 142 países incluidos en el Informe Global de Tecnologías de Información 2012 del mismo WEF. Según este informe, nos ubicamos muy por debajo de Chile (39), y apenas por encima de Venezuela, Paraguay y Bolivia en Sudamérica en términos del NRI (Network Readiness Index o indicador de potencial para la conectividad). En contraste, en términos de PBI por habitante estamos creciendo y nos encontramos en el puesto 70 entre los países del ranking del WEF. 

Este crecimiento y estabilidad macroeconómica que se prevén para los próximos años constituyen una oportunidad para reducir las brechas tecnológicas con otros países de similar nivel de desarrollo. El desafío central es diseñar nuevas estrategias para que en el año 2021 haya una correspondencia entre los niveles nacionales de ingreso y la capacidad de nuestros ciudadanos para usar y generar tecnologías apropiadas para la era de la información. 

En la medida en que las TIC tienen un efecto cada vez más directo sobre el ingreso y la productividad, se va acrecentando la brecha de bienestar entre quienes tienen acceso a ellas y el resto. Reducir la “brecha digital” es, por lo tanto, un factor importante no sólo para la competitividad sino para reducir la desigualdad y los conflictos en la próxima década. El informe del WEF nos da algunas pistas de cómo superar este desafío, mostrando las principales debilidades del país con respecto al resto del mundo. El NRI se construye sobre pilares relacionados con entorno, potencial, utilización e impacto, incluyendo aspectos de competencias educativas y entorno institucional. 

En casi todos hay mucho por mejorar, pero de lejos el más notablemente rezagado es el de asequibilidad económica (affordability), donde el Perú es el último país de todos los incluidos en la medición. Esta variable considera a las tarifas de telefonía celular, tarifas de Internet fija de banda ancha y la competencia en los sectores de telefonía e Internet. En pocas palabras, tenemos los servicios más caros del mundo. Las tendencias recientes podrían sugerir que estamos en camino al acceso universal a las TIC en el mediano plazo.

Las cifras de Osiptel muestran que entre 2005 y 2011 ha habido un aumento acelerado del número de peruanos con teléfonos móviles y acceso a Internet, y las mejoras rápidas se notan incluso en las zonas rurales. El 89% de hogares ya tiene acceso a telefonía (comparado con menos de 35% en 2005) y 80% disponen de línea móvil para comunicarse. La penetración de telefonía móvil es de 110%, con 32 millones de líneas a diciembre 2011. De 500,000 suscripciones a Internet en 2005 hemos pasado al doble, más de un millón, en la actualidad. 

A pesar del crecimiento reciente, las TIC aún no llegan a todo el país. Por ahora, la telefonía móvil cubre al 88% de los distritos, pero las brechas entre regiones llegan a ser dramáticas: más de 150% de penetración en Lima y sólo 23% en Huancavelica. Igual de notables son las brechas entre los pobres y no pobres. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares de 2010, un 78% de los hogares no pobres tiene teléfono móvil y un 15% tiene Internet, pero solo el 48% y 0.5% de los hogares pobres, respectivamente. Entre los pobres rurales y entre los pobres extremos de todo el país, los hogares con algún teléfono móvil alcanzan más de la cuarta parte, pero aquellos con Internet son inexistentes. 

La distinción clara entre acceso y asequibilidad económica en el informe del WEF es muy pertinente para el Perú rumbo a 2021. Con los precios más altos del mundo, será difícil incorporar a los pobres y a las zonas rurales al uso intensivo de las TIC, lo cual conllevaría en la próxima década a mayores desigualdades y una menor competitividad como país. Por el contrario, acercar las TIC a las zonas rurales y a los más pobres puede contribuir a mejorar su calidad de vida notablemente. 

Es muy probable que, en términos de PBI por habitante, en 2021 estemos en la mitad superior de la tabla de países del mundo. Pero no podremos mantener ese lugar por mucho tiempo, ni podremos llegar a 2021 con nuestro actual nivel de competitividad, si es que no se ha logrado elevar el uso de las TIC en el Perú. Debemos subir desde la cola hasta un nivel similar al que se ubica nuestro PBI por habitante en el ranking mundial. Para lograr este objetivo a 2021, debemos seguir avanzando aceleradamente en la expansión del acceso e infraestructura en todo el país, sin olvidar temas afines de educación y fortalecimiento institucional.

En particular, requerimos de medidas agresivas para mejorar la competencia en las telecomunicaciones y así reducir los precios para todos, implementando al mismo tiempo programas focalizados para reducir costos en las zonas rurales y de pobreza.
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* Artículo elaborado por Gonzalo Alcalde, Investigador Asociado de FORO Nacional Internacional.

jueves, 22 de marzo de 2012

Una recatafila de cárceles

(originalmente publicado en Caretas 2224)


El sistema penitenciario se encuentra oficialmente en emergencia desde el 22 de febrero último, aunque esta crisis ya era evidente para todos. La fuga de 17 reos peligrosos en Puno y los beneficios indebidos para algunos internos son muestras recientes de la terrible imagen de las cárceles del país: instalaciones hacinadas, mal construidas, débilmente controladas por autoridades corruptas y que frecuentemente son bases para el crimen organizado.

Las cifras son alarmantes: Se tiene 52,800 presos en cárceles con capacidad para sólo 28,500 internos, y de los 68 penales existentes, 24 se consideran mal construidos por el mismo Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Sólo hay 3,156 agentes de seguridad para vigilar a toda la población carcelaria, lo que equivale a un agente por cada 17 presos, muy por debajo del estándar internacional de 1 a 6. Más de la mitad de los reos espera una sentencia y miles padecen de enfermedades graves, desde tuberculosis hasta SIDA, que no son atendidas adecuadamente.

La solución propuesta desde el Estado consiste, principalmente, en construir más cárceles. En los últimos meses se han tomado medidas para fortalecer el INPE, asignando 130 millones de soles adicionales a su presupuesto y anunciando la contratación de 1,000 nuevos guardias. Se han agilizado sus procesos de inversión, y se planea construir dos nuevas cárceles cada año y mejorar las capacidades de los centros existentes. También el sector privado ha visto una oportunidad en esta crisis, y la Cámara de Comercio de Lima ha propuesto la participación de capitales privados en la administración de los penales a través de asociaciones público-privadas.

Si se mantienen las tendencias actuales, en 2021 será necesaria una gran cantidad de recursos públicos adicionales para mantener estándares mínimos de atención en el sistema penitenciario. El número de reclusos se duplicó entre 1999 y 2011, y creció a un promedio anual de 7%. Si se mantiene este ritmo hasta el 2021, en el Bicentenario tendremos más de 100,000 personas encarceladas y para atenderlas sería necesario cuadruplicar la capacidad actual del sistema. Si quisiéramos llegar al estándar internacional de un guardia por cada seis reos, necesitaremos contratar a 13,500 agentes adicionales a los que tenemos hoy.

Concentrarse en fortalecer el sistema penitenciario de esta manera es sólo una medida de corto plazo. Los factores que nos han llevado a esta emergencia nacional trascienden la desatención de las cárceles y la ineficacia del INPE. También influyen la debilidad del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional para enfrentar el crimen, y estos requieren de reformas complejas y políticamente difíciles. Por otra parte, de la mano del crecimiento poblacional y económico han aumentado la delincuencia común y el crimen organizado, especialmente en las ciudades emergentes de la Costa. Es probable que estos factores se agudicen en la próxima década.

Aún si se asignaran recursos adicionales e implementaran reformas en las instituciones mencionadas, el resultado sería tener más delincuentes presos, bien vigilados y adecuadamente recluidos. Pero este no debe ser el objetivo para el Bicentenario. Destinar recursos para atender a 100,000 reos debería ser sólo una estrategia para el peor, aunque desgraciadamente probable, de los casos. El indicador del éxito de una política para enfrentar la crisis penitenciaria sería que no necesitemos más cárceles que las actuales en 2021, que haya menos crimen y menos presos, y que existan programas efectivos de rehabilitación y reinserción de los reos en la sociedad.

El titular del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, enfatizó en el Congreso de la República esta semana la importancia de los factores sociales y de las políticas de prevención para enfrentar esta crisis. Dijo también que los resultados sólo se ven en cinco o diez años. Sin embargo, no se ha presentado una estrategia integral que incluya estos factores.

La prevención del crimen empieza mejorando el acceso y la calidad de los servicios de educación, salud, capacitación y empleo, especialmente para los grupos de alto riesgo como los jóvenes de bajos ingresos. Desde una perspectiva amplia, el crimen es resultado de la exclusión, y la prevención requiere de políticas económicas y sociales que reduzcan la desigualdad de oportunidades y la pobreza, especialmente en ámbitos urbanos. Sin políticas sociales efectivas el costo económico y social podría ser mayor, no habrá solución duradera para la crisis penitenciaria que enfrentamos hoy, y lo más probable es que seguiremos enfrentando este mismo desafío en el Bicentenario.


* Por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda:PERÚ de FORO Nacional Internacional

jueves, 8 de marzo de 2012

El Perú no necesita ayuda, necesita socios

(Publicado originalmente en Caretas 2222)

La visión de Bill Gates sobre la ayuda no es producto de errores de medición. Es una visión prevalente sobre la ayuda internacional, particularmente en los países desarrollados. Cuando se refieren a “ayuda”, hablan de un término relativamente preciso: donaciones e intercambio de conocimiento desde los países agrupados en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) hacia los países en desarrollo. Sin embargo, desde hace varios años la ayuda financiera se ha concentrado en los países más pobres, que se encuentran principalmente en el África Sub-Sahariana.

La pregunta de Bill Gates se debe entender en un contexto muy particular. Un estudio publicado en febrero advirtió que la ayuda española podría reducirse en US$1.3 mil millones, un 20 por ciento. La visita de Gates a España tenía como objetivo renovar el compromiso gubernamental con la ayuda internacional, y parece que lo logró. Pese a estar en medio de una de las peores crisis económicas de su historia, el Presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se comprometió a no reducir la ayuda a los países en desarrollo.

En el Perú las declaraciones de Gates motivaron una serie de respuestas, la mayoría rechazando que ya no necesitemos ayuda. Se argumentó que la distribución del ingreso es muy desigual y que aún tenemos niveles altos de pobreza. Sin embargo, en la comunidad internacional se piensa que los países que crecen y tienen acceso a una diversidad de fuentes de financiamiento —inversión extranjera, emisión de bonos, préstamos de organismos internacionales, remesas, fundaciones privadas, entre otros— en condiciones ventajosas no necesita de la “ayuda” internacional, y que deben asumir la responsabilidad de financiar su propio desarrollo y su lucha contra la pobreza y desigualdad.

Este es el caso del Perú, que además recibe ayuda financiera de algunos países de la OCDE, incluyendo España, cuyo monto representa menos del uno por ciento del presupuesto nacional. Es decir, la ayuda es pequeña como fuente de financiamiento. El país ha venido creciendo y nuestras opciones para acceder a recursos financieros para el desarrollo, tanto domésticos como externos se han ampliado.

Este es un camino que han transitado otras naciones emergentes. Hace treinta años, la República de Corea era uno de los principales receptores de ayuda. Ahora ofrece ayuda en temas de comercio exterior y tecnología a países de menor desarrollo. Sin ir muy lejos, México y Chile ya pertenecen a la OCDE. A medida que aumenta el acceso a las fuentes de financiamiento para un país en crecimiento, se reduce la importancia de la “ayuda” y aumenta el papel que juegan el intercambio de experiencias y conocimientos, particularmente entre países que han enfrentado problemas similares hace pocos años.

Recientemente la cooperación en América Latina se ha centrado la diseminación de buenas prácticas para replicar iniciativas exitosas en otros países, los programas de capacitación y asistencia técnica, y el refuerzo de instituciones y programas gubernamentales. En 2010 varios países latinoamericanos tenían programas de intercambio de conocimiento y experiencias (ver gráfico). .México y Cuba son cooperantes muy activos, el primero en temas comerciales y productivos, y el segundo en programas de biotecnología y medicina humana. Brasil tiene un programa de cooperación muy sofisticado, que incluye inclusive cooperación en temas de industrias aeronáuticas con India y Sudáfrica.

Camino al Bicentenario en 2021, el Perú debería transformarse en un país cooperante que ofrece y recibe conocimientos valiosos para el desarrollo en microfinanzas, gastronomía, manejo de recursos naturales renovables y desarrollo de emprendedores. Para esto es necesario identificar y registrar iniciativas exitosas, sistematizar la experiencia y el conocimiento acumulado, y ofrecerlo a otros países con desafíos similares. Además, la cooperación es una manera de impulsar nuestros intereses estratégicos en la región, complementando y fortaleciendo nuestros lazos comerciales, y promoviendo la participación de profesionales y expertos peruanos en la solución de los problemas de nuestros vecinos.


* Elaborado por Fernando Prada, investigador asociado de FORO Nacional Internacional.

lunes, 6 de febrero de 2012

Desafío urbano para el 2021

(publicado originalmente en Caretas 2217)


El crecimiento de las ciudades ofrece un conjunto de nuevas oportunidades, pero también presenta problemas y desafíos para la inversión pública y la planificación del desarrollo urbano.

En el año 2021 seremos un país aún más urbano y Lima seguirá siendo la única megaciudad peruana. Sin embargo, Callao, Trujillo y Arequipa también superarán el millón de habitantes, Chiclayo y Piura estarán sobre los 800 mil habitantes, Iquitos y Huancayo superarán los 500 mil habitantes. Cusco, Cajamarca, Pucallpa e Ica igualmente crecerán de manera acelerada, pero se mantendrán entre los 300 y 500 mil habitantes.

La población urbana en 2021 será del 78.9% del total y los casi 10 millones de limeños constituirán el 29.6% de todos los peruanos. Las ciudades emergentes concentrarán 24% de la población total del país, con lo que Lima y las siguientes nueve ciudades más grandes acogerán a más de la mitad de los habitantes.

Para 2021 habrá tres ciudades más con un millón de habitantes. El crecimiento de estas ciudades refleja un proceso similar al que viene ocurriendo en otros países latinoamericanos, donde hoy es menos marcada la primacía de la ciudad principal en relación a las siguientes en importancia. La expansión de los centros urbanos ofrece una oportunidad de desarrollo más equitativo, porque las ciudades pueden articular y potenciar el desarrollo de las regiones donde se encuentran, y traen oportunidades de crecimiento del sector inmobiliario, el comercio y algunas industrias que generan empleo. Al mismo tiempo, será necesaria una mayor inversión pública en servicios sociales urbanos, tales como transporte, agua potable, saneamiento, control de la contaminación, además de salud y educación, buscando anticipar la demanda futura.

En particular, la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado deberá ampliarse y renovarse de manera significativa en estas ciudades. Una persona requiere entre 20 y 50 litros de agua diarios para satisfacer sus necesidades básicas (bebida, limpieza, cocina), esto sin incluir lo que se utiliza en la industria y el comercio. Alrededor del 80% del agua se transforma en aguas negras que deben fluir por el sistema de desagüe y las alcantarillas de las ciudades. Numerosos distritos tendrán que renovar todo su sistema de agua y alcantarillado para responder a la demanda que genera el crecimiento de la población y la construcción de residencias. Adicionalmente, será necesario invertir en nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales para que no tengan un impacto negativos en los ríos, lagos y en el mar.

Durante los últimos años el número total de vehículos se incrementó en casi 6% anualmente, y seguirá creciendo en la medida que la población y los ingresos sigan aumentando. Si se mantiene esa tendencia, el parque automotor total pasaría de 69 a más de 100 vehículos por cada mil habitantes en 2021, la mayoría de los cuales se concentrará en las grandes ciudades: de casi 2 millones de vehículos que circulan en el país, alrededor de 1.2 millones está en Lima y Callao (60%), más de 160 mil en La Libertad (9%) y alrededor de 110 mil en Arequipa (6%). Esto significa que serán necesarias cuantiosas inversiones en pistas, carreteras y lugares de estacionamiento, y que la contaminación por emisiones de gases de los vehículos, el tráfico y los accidentes de tránsito presentará desafíos cada vez más difíciles de enfrentar.

Por otra parte, las grandes ciudades deberán contar con hospitales de alta complejidad con especialidades básicas (medicina, cirugía, pediatría y obstetricia) y subespecialidades. También requerirán universidades e institutos de educación superior técnica de calidad, certificadas y con una oferta amplia de carreras técnicas, profesionales y posgrados para satisfacer la demanda futura de empleos de calidad.

Todos estos factores hacen imperativo planificar y ordenar el desarrollo urbano de las grandes ciudades, ciudades intermedias y centros poblados, buscando articularlo con las zonas rurales que las proveen de alimentos, agua, recursos de todo tipo y espacios de recreación. Este es un caso en que es necesario establecer parámetros y límites al libre juego de las fuerzas del mercado, y proveer los bienes públicos que garanticen una mejor calidad de vida urbana y su adecuada vinculación con las zonas rurales.

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*Elaborado por Mario Bazán, Director Ejecutivo de FORO Nacional Internacional.