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miércoles, 1 de agosto de 2012

Gobiernos que gasten mejor en 2021


Las capacidades de gasto e inversión de los gobiernos regionales siguen siendo insuficientes en un marco de crecimiento y de grandes necesidades sociales. Para fortalecerlas, es preciso contar con programas integrales de apoyo hechos a la medida de estas organizaciones. Existen ejemplos de este tipo de intervención, que complementaría los programas de carácter nacional en curso.

La Contraloría de la Nación informó en junio a la opinión pública que las regiones y municipios dejaron de ejecutar más de S/.6,500 millones en 2011. Esto significa que casi 40% de los fondos transferidos automáticamente por canon no fueron invertidos, acentuando el descontento y desconfianza en el Estado en las zonas de mayor pobreza del país.

Mirando hacia la próxima década y el hito del Bicentenario, nos encontramos con una paradoja que amenaza con acentuarse si se cumplen los mejores pronósticos económicos: el crecimiento deseado puede socavar la legitimidad del Estado donde se perciba creciente ineficacia e ineficiencia en la gestión pública. El desprestigio de las instituciones del Estado sigue siendo un gran desafío para el desarrollo del Perú, y una de las principales críticas ha sido esta poca capacidad para utilizar los recursos de manera eficiente—especialmente en los gobiernos regionales y locales. Hoy ejecutan más que antes (la inversión pública se quintuplicó entre 2005 y 2011), pero no pueden aprovechar todo lo que tienen disponible.

Debemos aprender urgentemente a administrar mejor esta relativa abundancia, la cual no va a durar para siempre. En el marco de las consultas sobre gobernabilidad del programa Agenda: PERÚ, Caroline Gibú de “Ciudadanos al Día” anotó que las debilidades de la gestión pública siempre se hacen más evidentes en un período de crecimiento y de presupuestos más holgados, como el actual. Se gasta más, pero el sector público “aún no está en condiciones de responder a ese crecimiento” y utiliza los recursos adicionales de manera ineficiente. La expansión acelerada de los presupuestos ha desbordado las capacidades de muchas instituciones, y algunos de los casos más críticos están en los gobiernos regionales: Puno ejecutó sólo el 27.4% de su presupuesto de inversiones en 2011.

Diversos programas se han implementado a nivel nacional y central desde años atrás para fortalecer la calidad de gestión e inversión sub-nacional. Por ejemplo, desde el año 2000 tenemos un Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que, a pesar de críticas a su rigidez también ha realizado esfuerzos de creación de capacidades y se ha adaptado parcialmente a la descentralización, así como programas de apoyo como PRODEV del Banco Interamericano de Desarrollo, que a través del Ministerio de Economía y Finanzas también ha atendido al nivel sub-nacional. Sin embargo, el impacto de estas iniciativas centrales no ha sido suficiente para poner a todos los gobiernos a la altura de los requerimientos de una época de rápido crecimiento.

En los próximos años, necesitamos mejorar y adecuar estos programas a nivel nacional, pero también complementarlos con intervenciones que atiendan los requerimientos específicos de gobiernos regionales y locales, así como de sectores clave.

Existen intervenciones innovadoras e integrales que permiten superar estas dificultades en un plazo corto y con un costo moderado, siempre y cuando exista la voluntad política para iniciar y sostener las reformas. Un ejemplo ilustrativo tuvo lugar en la segunda mitad de 2008, cuando se ejecutó un proyecto de reforma institucional a la medida de los requerimientos del gobierno regional de Junín, capacitando funcionarios y reestructurando el aparato de gobierno. El proyecto fortaleció la gestión y planificación del GR y fue coordinado por el centro de investigación peruano FORO Nacional Internacional y apoyado por la cooperación internacional. También contó con la colaboración y coordinación de los altos funcionarios del gobierno regional, lo cual fue clave para que la reforma tuviera un impacto real.

Durante 2007, Junín había ejecutado solo el 29% de su presupuesto de inversiones, dejando de ejecutar cerca de 120 millones de soles. Más aún, el porcentaje ejecutado se había reducido cada año a partir de 2004. Al término de la intervención, a fines de 2008, la ejecución había mejorado notablemente en términos relativos (51% de lo presupuestado) y absolutos (105 millones de soles, la mayor cantidad ejecutada hasta entonces). El proyecto contribuyó directamente a que la capacidad de ejecución aumente a partir de mediados de 2008, y que se mantengan niveles altos en 2009 y 2010. Las mejoras logradas permitieron invertir decenas de millones de soles adicionales, pero el costo de la intervención fue de aproximadamente US$200,000.

Reformar todo el aparato estatal en un decenio es casi imposible, pero sí es posible avanzar con reformas parciales y bien enfocadas como esta hacia un Estado legítimo y eficiente para el Bicentenario. Además del tema mencionado, también requerimos de medidas innovadoras que nos permitan mejorar la representación (desde los concejos municipales hasta el Congreso de la República), relanzar el proceso de descentralización y regionalización, y lograr que la participación ciudadana (por ejemplo, a través de los presupuestos participativos) realmente incida en las políticas públicas e involucre a grupos excluidos.

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* Elaborado por Gonzalo Alcalde, investigador asociado de FORO Nacional Internacional, Lima, Perú. Julio 2012

jueves, 22 de marzo de 2012

Una recatafila de cárceles

(originalmente publicado en Caretas 2224)


El sistema penitenciario se encuentra oficialmente en emergencia desde el 22 de febrero último, aunque esta crisis ya era evidente para todos. La fuga de 17 reos peligrosos en Puno y los beneficios indebidos para algunos internos son muestras recientes de la terrible imagen de las cárceles del país: instalaciones hacinadas, mal construidas, débilmente controladas por autoridades corruptas y que frecuentemente son bases para el crimen organizado.

Las cifras son alarmantes: Se tiene 52,800 presos en cárceles con capacidad para sólo 28,500 internos, y de los 68 penales existentes, 24 se consideran mal construidos por el mismo Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Sólo hay 3,156 agentes de seguridad para vigilar a toda la población carcelaria, lo que equivale a un agente por cada 17 presos, muy por debajo del estándar internacional de 1 a 6. Más de la mitad de los reos espera una sentencia y miles padecen de enfermedades graves, desde tuberculosis hasta SIDA, que no son atendidas adecuadamente.

La solución propuesta desde el Estado consiste, principalmente, en construir más cárceles. En los últimos meses se han tomado medidas para fortalecer el INPE, asignando 130 millones de soles adicionales a su presupuesto y anunciando la contratación de 1,000 nuevos guardias. Se han agilizado sus procesos de inversión, y se planea construir dos nuevas cárceles cada año y mejorar las capacidades de los centros existentes. También el sector privado ha visto una oportunidad en esta crisis, y la Cámara de Comercio de Lima ha propuesto la participación de capitales privados en la administración de los penales a través de asociaciones público-privadas.

Si se mantienen las tendencias actuales, en 2021 será necesaria una gran cantidad de recursos públicos adicionales para mantener estándares mínimos de atención en el sistema penitenciario. El número de reclusos se duplicó entre 1999 y 2011, y creció a un promedio anual de 7%. Si se mantiene este ritmo hasta el 2021, en el Bicentenario tendremos más de 100,000 personas encarceladas y para atenderlas sería necesario cuadruplicar la capacidad actual del sistema. Si quisiéramos llegar al estándar internacional de un guardia por cada seis reos, necesitaremos contratar a 13,500 agentes adicionales a los que tenemos hoy.

Concentrarse en fortalecer el sistema penitenciario de esta manera es sólo una medida de corto plazo. Los factores que nos han llevado a esta emergencia nacional trascienden la desatención de las cárceles y la ineficacia del INPE. También influyen la debilidad del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional para enfrentar el crimen, y estos requieren de reformas complejas y políticamente difíciles. Por otra parte, de la mano del crecimiento poblacional y económico han aumentado la delincuencia común y el crimen organizado, especialmente en las ciudades emergentes de la Costa. Es probable que estos factores se agudicen en la próxima década.

Aún si se asignaran recursos adicionales e implementaran reformas en las instituciones mencionadas, el resultado sería tener más delincuentes presos, bien vigilados y adecuadamente recluidos. Pero este no debe ser el objetivo para el Bicentenario. Destinar recursos para atender a 100,000 reos debería ser sólo una estrategia para el peor, aunque desgraciadamente probable, de los casos. El indicador del éxito de una política para enfrentar la crisis penitenciaria sería que no necesitemos más cárceles que las actuales en 2021, que haya menos crimen y menos presos, y que existan programas efectivos de rehabilitación y reinserción de los reos en la sociedad.

El titular del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, enfatizó en el Congreso de la República esta semana la importancia de los factores sociales y de las políticas de prevención para enfrentar esta crisis. Dijo también que los resultados sólo se ven en cinco o diez años. Sin embargo, no se ha presentado una estrategia integral que incluya estos factores.

La prevención del crimen empieza mejorando el acceso y la calidad de los servicios de educación, salud, capacitación y empleo, especialmente para los grupos de alto riesgo como los jóvenes de bajos ingresos. Desde una perspectiva amplia, el crimen es resultado de la exclusión, y la prevención requiere de políticas económicas y sociales que reduzcan la desigualdad de oportunidades y la pobreza, especialmente en ámbitos urbanos. Sin políticas sociales efectivas el costo económico y social podría ser mayor, no habrá solución duradera para la crisis penitenciaria que enfrentamos hoy, y lo más probable es que seguiremos enfrentando este mismo desafío en el Bicentenario.


* Por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda:PERÚ de FORO Nacional Internacional

jueves, 8 de marzo de 2012

El Perú no necesita ayuda, necesita socios

(Publicado originalmente en Caretas 2222)

La visión de Bill Gates sobre la ayuda no es producto de errores de medición. Es una visión prevalente sobre la ayuda internacional, particularmente en los países desarrollados. Cuando se refieren a “ayuda”, hablan de un término relativamente preciso: donaciones e intercambio de conocimiento desde los países agrupados en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) hacia los países en desarrollo. Sin embargo, desde hace varios años la ayuda financiera se ha concentrado en los países más pobres, que se encuentran principalmente en el África Sub-Sahariana.

La pregunta de Bill Gates se debe entender en un contexto muy particular. Un estudio publicado en febrero advirtió que la ayuda española podría reducirse en US$1.3 mil millones, un 20 por ciento. La visita de Gates a España tenía como objetivo renovar el compromiso gubernamental con la ayuda internacional, y parece que lo logró. Pese a estar en medio de una de las peores crisis económicas de su historia, el Presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se comprometió a no reducir la ayuda a los países en desarrollo.

En el Perú las declaraciones de Gates motivaron una serie de respuestas, la mayoría rechazando que ya no necesitemos ayuda. Se argumentó que la distribución del ingreso es muy desigual y que aún tenemos niveles altos de pobreza. Sin embargo, en la comunidad internacional se piensa que los países que crecen y tienen acceso a una diversidad de fuentes de financiamiento —inversión extranjera, emisión de bonos, préstamos de organismos internacionales, remesas, fundaciones privadas, entre otros— en condiciones ventajosas no necesita de la “ayuda” internacional, y que deben asumir la responsabilidad de financiar su propio desarrollo y su lucha contra la pobreza y desigualdad.

Este es el caso del Perú, que además recibe ayuda financiera de algunos países de la OCDE, incluyendo España, cuyo monto representa menos del uno por ciento del presupuesto nacional. Es decir, la ayuda es pequeña como fuente de financiamiento. El país ha venido creciendo y nuestras opciones para acceder a recursos financieros para el desarrollo, tanto domésticos como externos se han ampliado.

Este es un camino que han transitado otras naciones emergentes. Hace treinta años, la República de Corea era uno de los principales receptores de ayuda. Ahora ofrece ayuda en temas de comercio exterior y tecnología a países de menor desarrollo. Sin ir muy lejos, México y Chile ya pertenecen a la OCDE. A medida que aumenta el acceso a las fuentes de financiamiento para un país en crecimiento, se reduce la importancia de la “ayuda” y aumenta el papel que juegan el intercambio de experiencias y conocimientos, particularmente entre países que han enfrentado problemas similares hace pocos años.

Recientemente la cooperación en América Latina se ha centrado la diseminación de buenas prácticas para replicar iniciativas exitosas en otros países, los programas de capacitación y asistencia técnica, y el refuerzo de instituciones y programas gubernamentales. En 2010 varios países latinoamericanos tenían programas de intercambio de conocimiento y experiencias (ver gráfico). .México y Cuba son cooperantes muy activos, el primero en temas comerciales y productivos, y el segundo en programas de biotecnología y medicina humana. Brasil tiene un programa de cooperación muy sofisticado, que incluye inclusive cooperación en temas de industrias aeronáuticas con India y Sudáfrica.

Camino al Bicentenario en 2021, el Perú debería transformarse en un país cooperante que ofrece y recibe conocimientos valiosos para el desarrollo en microfinanzas, gastronomía, manejo de recursos naturales renovables y desarrollo de emprendedores. Para esto es necesario identificar y registrar iniciativas exitosas, sistematizar la experiencia y el conocimiento acumulado, y ofrecerlo a otros países con desafíos similares. Además, la cooperación es una manera de impulsar nuestros intereses estratégicos en la región, complementando y fortaleciendo nuestros lazos comerciales, y promoviendo la participación de profesionales y expertos peruanos en la solución de los problemas de nuestros vecinos.


* Elaborado por Fernando Prada, investigador asociado de FORO Nacional Internacional.

martes, 31 de enero de 2012

Escenarios para el 2021

(Publicado originalmente en la revista Caretas 2216)

En el año del Bicentenario la población y la economía del país presentarán desafíos que podemos anticipar hoy.

En 2012 seremos 33 millones de peruanos y tendremos 22.5 millones de personas en edad de trabajar, más que en toda nuestra historia. Tendremos también 2.9 millones de adultos mayores de 65 años (un millón más que en 2011) y 7.9 millones de niños menores de 15 años (800,000 menos que ahora). Piura, Arequipa, Trujillo, Puno y Cusco seguirán creciendo y acogiendo a los migrantes del campo y de otras ciudades.

A diferencia de las cifras futuras de población, que pueden estimarse con cierta seguridad, las proyecciones económicas dependen de muchos factores que generan incertidumbre y escenarios muy variados. Por ejemplo, si se sostiene la demanda y los altos precios de los productos primarios que exportamos, si se mantiene la estabilidad macroeconómica, y si se minimiza el impacto de los efectos de los desastres naturales y los conflictos sociales, la tasa de crecimiento del PBI podría superar el 7% en promedio hasta el Bicentenario de la Independencia.

Si al menos uno de los factores mencionados (demanda de materias primas, manejo macroeconómico, eventos naturales como el Fenómeno del Niño, conflictos sociales) nos es adverso, estaríamos creciendo entre 4% y 6% anualmente, un nivel cercano al de 2011. Pero si dos o más de estos factores se tornan negativos, las tasas de crecimiento se reducirían a un promedio anual de entre 2% y 4%.

En el primer escenario el PBI por habitante superaría US$ 10,000 en el Bicentenario, nivel similar al nivel que alcanzó Chile en 2008. Varias regiones del país crecerían al mismo tiempo, con lo que mejoraría el empleo y se podría reducir la pobreza, mejorar la educación y ampliar la cobertura de servicios de salud. La mayor disponibilidad de recursos tributarios permitiría proteger al creciente número de adultos mayores, mejorar la atención a los niños, promover oportunidades productivas en las zonas rurales y avanzar en inclusión social.

Sin embargo, este escenario de alto crecimiento podría amenazar el medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales, y también desencadenar aún más conflictos sociales. Para evitar esto es necesario fortalecer al Estado, mejorando la calidad de las inversiones y el gasto, afianzando su legitimidad como interlocutor en los conflictos sociales, invirtiendo en ciencia y tecnología, y también mejorando la fiscalización y la calidad de los estudios de impacto ambiental.

En un segundo escenario, el crecimiento anual promedio hasta 2021 sería de 5.5% anual (similar al actual) y el PBI por habitante llegaría a US$ 8,630, un poco menos que Chile en 2006. Con este ritmo de crecimiento se continuará reduciendo la pobreza, pero no se podrá financiar políticas ambiciosas de salud, educación, pensiones y empleo. Algunas regiones crecerían más que otras, muchos trabajadores estarían subempleados, y aumentarían las demandas de programas asistencialistas y liderazgos populistas. Si bien la presión sobre el medio ambiente podría reducirse debido a una menor inversión en industrias extractivas, a menos que mejoren los programas sociales y la capacidad del Estado para prevenir conflictos, aumentaría la polarización social y podría generarse inestabilidad política.

En el tercer escenario, el PBI por habitante alcanzaría alrededor de US$ 6,629 en 2021 (menor que el nivel de Chile en 2005) y el crecimiento anual sería de solo 3%. Esto no bastaría para reducir significativamente la pobreza, y el Estado tendría que concentrar sus recursos en programas sociales focalizados y en responder al impacto de posibles desastres. Los conflictos sociales se agudizarían, en parte debido a que no se mantendría el nivel de transferencias del canon, con lo que muchas regiones, provincias y distritos tendrían menos recursos para atender demandas de la población. La recaudación fiscal sería baja y probablemente aumentarían la informalidad y las actividades ilegales. En un escenario de crecientes demandas y escasos recursos, sería indispensable contar con un sector público que pueda responder con rapidez y eficiencia a los conflictos y emergencias.

No podemos controlar muchos de los factores que nos encaminarán por uno u otro escenario en el Bicentenario de la Independencia, pero podemos prepararnos para enfrentar sus posibles efectos negativos y aprovechar las oportunidades que ofrecen. En todos los escenarios previstos necesitaremos un Estado más legítimo y eficaz en la movilización y el uso de los recursos, preparado para anticipar y explorar opciones estratégicas, y con gran capacidad de gestión. Pero, sobre todo, necesitaremos la voluntad política de llegar a consensos y acuerdos sobre el futuro de nuestro país.

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* Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del Programa Agenda: PERÚ de FORO Nacional Internacional.