A la luz de los hallazgos de nuestra consulta sobre gobernabilidad democrática iniciada hace un año, consideramos preocupantes los últimos cambios y medidas del gobierno del Presidente Ollanta Humala, incluyendo la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros por estar en desacuerdo con un aparente cambio de rumbo. Tanto los expertos y líderes consultados por nosotros, como las publicaciones de la última década, coinciden en la persistente fragilidad de nuestra democracia y, más específicamente, en la necesidad de una mejor relación entre el Estado y la sociedad civil organizada para consolidar las prácticas y la gobernabilidad democrática. Hoy, más bien, parecemos estar en el umbral de un período de creciente enfrentamiento, tensión e incluso de rupturas en esta relación que es fundamental para la democracia.
La carta de renuncia de Salomón Lerner sugiere que el gobierno ha entrado a una nueva etapa en el manejo de los conflictos sociales, alejándose del diálogo y acercándose a la “mano dura” y el manejo vertical de las disputas. El estado de emergencia declarado en Cajamarca y el ingreso del Ministro del Interior, un militar en retiro, como Presidente del Consejo de Ministros parecen confirmar esto.
Por su parte, nuestro diagnóstico de la gobernabilidad democrática nos dice que el crecimiento económico y los avances de los actores de la sociedad civil en términos de impacto político y social son innegables, pero difícilmente se llega a una evaluación positiva al analizar a la sociedad civil en conjunto. Todavía estamos muy lejos de una sociedad civil organizada activa, sostenible y representativa de intereses diversos en todo el territorio, y que sea ampliamente entendida como un elemento clave para garantizar la gobernabilidad democrática. Estamos más lejos aún de contar con partidos políticos organizados, activos y eficaces, que sean capaces de canalizar las demandas de la ciudadanía hacia las instancias de gobierno local, regional y nacional.
La sociedad civil organizada es necesaria para la democracia, y es importante que se fortalezca. Sin embargo, hay diversos factores que estarían frenando su desarrollo. Quizás el más urgente y grave sea el papel del Estado bajo gobiernos recientes, que es visto por muchos como represor violento y como defensor de los intereses de ciertos grupos económicos, en detrimento de la sociedad civil y de las comunidades. Esta ha sido la principal crítica al gobierno de Alan García en el tema de la democracia. Justamente, ha sido fuera de Lima y en las zonas de mayor pobreza donde, además de presentarse un aumento alarmante de conflictos sociales y ambientales, se ha expresado en tiempos electorales el deseo de un cambio en las relaciones entre la sociedad civil y las comunidades y el Estado.
La “mano dura” y el aparente alineamiento del gobierno actual con los intereses de la gran minería e inversión extranjera, constituyen un duro golpe para las expectativas de millones de peruanos que recibieron promesas de cambio, condiciones equitativas, y de diálogo. En un país donde las instituciones democráticas y la clase política están entre las más desacreditadas de América Latina, las promesas rotas no sólo afectan a los líderes actuales, sino que pueden quebrar la precaria gobernabilidad que con tanto trabajo y sacrificio se ha construido. Esperamos, por el bien de nuestra democracia, que se siga priorizando el diálogo, que se siga convocando a los actores representativos de las comunidades afectadas por las actividades extractivas, y que no haya ningún paso adicional hacia la militarización de los conflictos sociales.
* Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda: PERÚ
La carta de renuncia de Salomón Lerner sugiere que el gobierno ha entrado a una nueva etapa en el manejo de los conflictos sociales, alejándose del diálogo y acercándose a la “mano dura” y el manejo vertical de las disputas. El estado de emergencia declarado en Cajamarca y el ingreso del Ministro del Interior, un militar en retiro, como Presidente del Consejo de Ministros parecen confirmar esto.
Por su parte, nuestro diagnóstico de la gobernabilidad democrática nos dice que el crecimiento económico y los avances de los actores de la sociedad civil en términos de impacto político y social son innegables, pero difícilmente se llega a una evaluación positiva al analizar a la sociedad civil en conjunto. Todavía estamos muy lejos de una sociedad civil organizada activa, sostenible y representativa de intereses diversos en todo el territorio, y que sea ampliamente entendida como un elemento clave para garantizar la gobernabilidad democrática. Estamos más lejos aún de contar con partidos políticos organizados, activos y eficaces, que sean capaces de canalizar las demandas de la ciudadanía hacia las instancias de gobierno local, regional y nacional.
La sociedad civil organizada es necesaria para la democracia, y es importante que se fortalezca. Sin embargo, hay diversos factores que estarían frenando su desarrollo. Quizás el más urgente y grave sea el papel del Estado bajo gobiernos recientes, que es visto por muchos como represor violento y como defensor de los intereses de ciertos grupos económicos, en detrimento de la sociedad civil y de las comunidades. Esta ha sido la principal crítica al gobierno de Alan García en el tema de la democracia. Justamente, ha sido fuera de Lima y en las zonas de mayor pobreza donde, además de presentarse un aumento alarmante de conflictos sociales y ambientales, se ha expresado en tiempos electorales el deseo de un cambio en las relaciones entre la sociedad civil y las comunidades y el Estado.
La “mano dura” y el aparente alineamiento del gobierno actual con los intereses de la gran minería e inversión extranjera, constituyen un duro golpe para las expectativas de millones de peruanos que recibieron promesas de cambio, condiciones equitativas, y de diálogo. En un país donde las instituciones democráticas y la clase política están entre las más desacreditadas de América Latina, las promesas rotas no sólo afectan a los líderes actuales, sino que pueden quebrar la precaria gobernabilidad que con tanto trabajo y sacrificio se ha construido. Esperamos, por el bien de nuestra democracia, que se siga priorizando el diálogo, que se siga convocando a los actores representativos de las comunidades afectadas por las actividades extractivas, y que no haya ningún paso adicional hacia la militarización de los conflictos sociales.
* Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda: PERÚ
