Gobernabilidad democrática y calidad institucional: Desafíos para la investigación y las políticas en América Latina

Gobernabilidad democrática y calidad institucional: Desafíos para la investigación y las políticas en América Latina *

En el reciente evento de FORO Nacional Internacional (FNI) sobre “Tendencias y Desafíos para el Desarrollo en América Latina” en Lima (junio 2012), hubo consenso general acerca de que las “instituciones importan” de manera muy significativa para el crecimiento y desarrollo sostenible, y que son especialmente importantes para el futuro de América Latina. Sin embargo, muchas preguntas fundamentales están pendientes de responder acerca de las instituciones mismas (por ejemplo, cómo definir a las instituciones para distinguirlas de organizaciones y factores estructurales), metodología y operaciones (qué determina la calidad de las instituciones y cómo se puede medir) y formulación de políticas públicas (cómo promover instituciones democráticas de buena calidad).

La evidencia sugiere que las instituciones débiles tienden a hacer peligrar el crecimiento, incluso con la resistencia económica en medio de una crisis global y con condiciones externas favorables como la alta demanda por materias primas latinoamericanas. De manera adicional, estas condiciones externas cambiarán finalmente, y las predicciones varían entre cinco y veinte años restantes para la “ventana de oportunidades” para el crecimiento. Los datos y análisis presentados por José Antonio Alonso en la reunión sugieren que la calidad institucional es el principal determinante del crecimiento en el largo plazo[1]. Más aún, su estudio sugiere que hay cuatro dimensiones de la calidad institucional: eficiencia estática; credibilidad/legitimidad; seguridad/predictibilidad; y adaptabilidad/eficiencia dinámica. América Latina está creciendo debido a sus recursos naturales y su disciplina fiscal, pero este crecimiento se da a pesar del bajo nivel de calidad institucional, entendida en función de esas cuatro dimensiones. De acuerdo con Alonso, esto explica sobre la base del alto nivel de desigualdad (es la región más desigual del mundo, aunque la distribución ha mejorado en los últimos años), así como de su bajo nivel de tributación.

Las conclusiones sugirieron cuatro áreas generales para la investigación futura: lograr una concepción más amplia de lo que es una institución; identificar los criterios que definen a la calidad institucional; entender cómo las variables controladas socialmente (educación, equidad, tributación y nivel de desarrollo) influyen en la calidad institucional; e identificar políticas para mejorar la distribución fiscal y el contrato social entre Estado y ciudadanos. Frente a la debilidad institucional y sus potenciales consecuencias, el progreso reciente en reducir la pobreza y la desigualdad no justifican un optimismo excesivo. Por el contrario, la región debería mirar más de cerca a los casos nacionales y sectoriales para entender las determinantes de la calidad institucional en diferentes contextos.

La persistente importancia de las instituciones para el desarrollo sostenible plantea varias preguntas que los investigadores y tomadores de decisiones deberán abordar con cierta urgencia. Considerando la precariedad de la democracia en gran parte de América Latina, la operacionalización de “calidad” para fines de implementación y evaluación debe estar vinculada a los valores democráticos, desde nivel nacional hasta el local, y desde programas nacionales hasta proyectos comunitarios. No está claro aún cómo se debe lograr esto.

Incluso durante el taller, se discutieron diferentes conceptos de institución. Para algunos, las instituciones eran principalmente reglas intangibles, incluyendo normas informales, mientras que para otros se referían a organizaciones y marcos legales explícitos. Se debe promover mucho el diálogo, especialmente incorporando a los tomadores de decisiones, acerca de la importancia de entender las instituciones, y su papel en la democracia, el crecimiento económico y el desarrollo.

Las principales características de las instituciones todavía deben ser discutidas. Para propósitos de comparaciones internacionales, existe ya cierto consenso pero la lista de prioridades puede variar bastante según diferentes contextos (incluyendo factores culturales), y esto solo puede esclarecerse con más estudios de las determinantes de la calidad de las instituciones en sectores, organizaciones, ciudades y regiones particulares. Para complementar los estudios de casos se podría incluir consultas de ciudadanos y expertos sobre democracia, desarrollo y desempeño institucional.

Los estudios de caso de instituciones democráticas a nivel de países, y su efecto sobre el crecimiento y el desarrollo en el tiempo, deben alentarse y debatirse ampliamente, pero también se requiere de estudios similares en sectores económicos, regiones, ciudades e incluso comunidades. De manera ligada a estos temas, debe haber más discusiones y proyectos piloto acerca de políticas que puedan fortalecer instituciones, haciéndolas más eficaces y democráticas.

Finalmente, hay un conjunto de temas que plantean grandes desafíos y que deberían abordarse en los estudios que exploran la importancia relativa de las instituciones frente a los factores estructurales. En un mundo de recursos naturales más escasos y economía emergentes muy grandes, ¿quizás estén perdiendo importancia los factores institucionales frente a la geografía y los recursos naturales? Más aún, ¿cómo deben adaptarse las instituciones democráticas para enfrentar los desafíos y oportunidades que imponen las condiciones estructurales? FNI considera que estas preguntas son importantes para la investigación futura en el campo de la gobernabilidad democrática.

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[1] Alonso, José Antonio (2012), “Governance: the role of institutions”, en FORO Nacional Internacional, Taller Future challenges for Latin American development, organizado por FNI (Lima, junio 4-6, 2012)

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* Elaborado por Gonzalo Alcalde, Investigador de FORO Nacional Internacional.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en FutureChallenges de la Fundación Bertelsmann: http://futurechallenges.org/searchlight/democratic-governance-and-institutional-quality-policy-and-research-challenges-for-latin-american-development/

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Gobiernos que gasten mejor en 2021

Las capacidades de gasto e inversión de los gobiernos regionales siguen siendo insuficientes en un marco de crecimiento y de grandes necesidades sociales. Para fortalecerlas, es preciso contar con programas integrales de apoyo hechos a la medida de estas organizaciones. Existen ejemplos de este tipo de intervención, que complementaría los programas de carácter nacional en curso.

La Contraloría de la Nación informó en junio a la opinión pública que las regiones y municipios dejaron de ejecutar más de S/.6,500 millones en 2011. Esto significa que casi 40% de los fondos transferidos automáticamente por canon no fueron invertidos, acentuando el descontento y desconfianza en el Estado en las zonas de mayor pobreza del país.

Mirando hacia la próxima década y el hito del Bicentenario, nos encontramos con una paradoja que amenaza con acentuarse si se cumplen los mejores pronósticos económicos: el crecimiento deseado puede socavar la legitimidad del Estado donde se perciba creciente ineficacia e ineficiencia en la gestión pública. El desprestigio de las instituciones del Estado sigue siendo un gran desafío para el desarrollo del Perú, y una de las principales críticas ha sido esta poca capacidad para utilizar los recursos de manera eficiente—especialmente en los gobiernos regionales y locales. Hoy ejecutan más que antes (la inversión pública se quintuplicó entre 2005 y 2011), pero no pueden aprovechar todo lo que tienen disponible.

Debemos aprender urgentemente a administrar mejor esta relativa abundancia, la cual no va a durar para siempre. En el marco de las consultas sobre gobernabilidad del programa Agenda: PERÚ, Caroline Gibú de “Ciudadanos al Día” anotó que las debilidades de la gestión pública siempre se hacen más evidentes en un período de crecimiento y de presupuestos más holgados, como el actual. Se gasta más, pero el sector público “aún no está en condiciones de responder a ese crecimiento” y utiliza los recursos adicionales de manera ineficiente. La expansión acelerada de los presupuestos ha desbordado las capacidades de muchas instituciones, y algunos de los casos más críticos están en los gobiernos regionales: Puno ejecutó sólo el 27.4% de su presupuesto de inversiones en 2011.

Diversos programas se han implementado a nivel nacional y central desde años atrás para fortalecer la calidad de gestión e inversión sub-nacional. Por ejemplo, desde el año 2000 tenemos un Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que, a pesar de críticas a su rigidez también ha realizado esfuerzos de creación de capacidades y se ha adaptado parcialmente a la descentralización, así como programas de apoyo como PRODEV del Banco Interamericano de Desarrollo, que a través del Ministerio de Economía y Finanzas también ha atendido al nivel sub-nacional. Sin embargo, el impacto de estas iniciativas centrales no ha sido suficiente para poner a todos los gobiernos a la altura de los requerimientos de una época de rápido crecimiento.

En los próximos años, necesitamos mejorar y adecuar estos programas a nivel nacional, pero también complementarlos con intervenciones que atiendan los requerimientos específicos de gobiernos regionales y locales, así como de sectores clave.

Existen intervenciones innovadoras e integrales que permiten superar estas dificultades en un plazo corto y con un costo moderado, siempre y cuando exista la voluntad política para iniciar y sostener las reformas. Un ejemplo ilustrativo tuvo lugar en la segunda mitad de 2008, cuando se ejecutó un proyecto de reforma institucional a la medida de los requerimientos del gobierno regional de Junín, capacitando funcionarios y reestructurando el aparato de gobierno. El proyecto fortaleció la gestión y planificación del GR y fue coordinado por el centro de investigación peruano FORO Nacional Internacional y apoyado por la cooperación internacional. También contó con la colaboración y coordinación de los altos funcionarios del gobierno regional, lo cual fue clave para que la reforma tuviera un impacto real.

Durante 2007, Junín había ejecutado solo el 29% de su presupuesto de inversiones, dejando de ejecutar cerca de 120 millones de soles. Más aún, el porcentaje ejecutado se había reducido cada año a partir de 2004. Al término de la intervención, a fines de 2008, la ejecución había mejorado notablemente en términos relativos (51% de lo presupuestado) y absolutos (105 millones de soles, la mayor cantidad ejecutada hasta entonces). El proyecto contribuyó directamente a que la capacidad de ejecución aumente a partir de mediados de 2008, y que se mantengan niveles altos en 2009 y 2010. Las mejoras logradas permitieron invertir decenas de millones de soles adicionales, pero el costo de la intervención fue de aproximadamente US$200,000.

Reformar todo el aparato estatal en un decenio es casi imposible, pero sí es posible avanzar con reformas parciales y bien enfocadas como esta hacia un Estado legítimo y eficiente para el Bicentenario. Además del tema mencionado, también requerimos de medidas innovadoras que nos permitan mejorar la representación (desde los concejos municipales hasta el Congreso de la República), relanzar el proceso de descentralización y regionalización, y lograr que la participación ciudadana (por ejemplo, a través de los presupuestos participativos) realmente incida en las políticas públicas e involucre a grupos excluidos.

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* Elaborado por Gonzalo Alcalde, investigador asociado de FORO Nacional Internacional, Lima, Perú. Julio 2012

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Una recatafila de cárceles

(originalmente publicado en Caretas 2224)


El sistema penitenciario se encuentra oficialmente en emergencia desde el 22 de febrero último, aunque esta crisis ya era evidente para todos. La fuga de 17 reos peligrosos en Puno y los beneficios indebidos para algunos internos son muestras recientes de la terrible imagen de las cárceles del país: instalaciones hacinadas, mal construidas, débilmente controladas por autoridades corruptas y que frecuentemente son bases para el crimen organizado.

Las cifras son alarmantes: Se tiene 52,800 presos en cárceles con capacidad para sólo 28,500 internos, y de los 68 penales existentes, 24 se consideran mal construidos por el mismo Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Sólo hay 3,156 agentes de seguridad para vigilar a toda la población carcelaria, lo que equivale a un agente por cada 17 presos, muy por debajo del estándar internacional de 1 a 6. Más de la mitad de los reos espera una sentencia y miles padecen de enfermedades graves, desde tuberculosis hasta SIDA, que no son atendidas adecuadamente.

La solución propuesta desde el Estado consiste, principalmente, en construir más cárceles. En los últimos meses se han tomado medidas para fortalecer el INPE, asignando 130 millones de soles adicionales a su presupuesto y anunciando la contratación de 1,000 nuevos guardias. Se han agilizado sus procesos de inversión, y se planea construir dos nuevas cárceles cada año y mejorar las capacidades de los centros existentes. También el sector privado ha visto una oportunidad en esta crisis, y la Cámara de Comercio de Lima ha propuesto la participación de capitales privados en la administración de los penales a través de asociaciones público-privadas.

Si se mantienen las tendencias actuales, en 2021 será necesaria una gran cantidad de recursos públicos adicionales para mantener estándares mínimos de atención en el sistema penitenciario. El número de reclusos se duplicó entre 1999 y 2011, y creció a un promedio anual de 7%. Si se mantiene este ritmo hasta el 2021, en el Bicentenario tendremos más de 100,000 personas encarceladas y para atenderlas sería necesario cuadruplicar la capacidad actual del sistema. Si quisiéramos llegar al estándar internacional de un guardia por cada seis reos, necesitaremos contratar a 13,500 agentes adicionales a los que tenemos hoy.

Concentrarse en fortalecer el sistema penitenciario de esta manera es sólo una medida de corto plazo. Los factores que nos han llevado a esta emergencia nacional trascienden la desatención de las cárceles y la ineficacia del INPE. También influyen la debilidad del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional para enfrentar el crimen, y estos requieren de reformas complejas y políticamente difíciles. Por otra parte, de la mano del crecimiento poblacional y económico han aumentado la delincuencia común y el crimen organizado, especialmente en las ciudades emergentes de la Costa. Es probable que estos factores se agudicen en la próxima década.

Aún si se asignaran recursos adicionales e implementaran reformas en las instituciones mencionadas, el resultado sería tener más delincuentes presos, bien vigilados y adecuadamente recluidos. Pero este no debe ser el objetivo para el Bicentenario. Destinar recursos para atender a 100,000 reos debería ser sólo una estrategia para el peor, aunque desgraciadamente probable, de los casos. El indicador del éxito de una política para enfrentar la crisis penitenciaria sería que no necesitemos más cárceles que las actuales en 2021, que haya menos crimen y menos presos, y que existan programas efectivos de rehabilitación y reinserción de los reos en la sociedad.

El titular del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, enfatizó en el Congreso de la República esta semana la importancia de los factores sociales y de las políticas de prevención para enfrentar esta crisis. Dijo también que los resultados sólo se ven en cinco o diez años. Sin embargo, no se ha presentado una estrategia integral que incluya estos factores.

La prevención del crimen empieza mejorando el acceso y la calidad de los servicios de educación, salud, capacitación y empleo, especialmente para los grupos de alto riesgo como los jóvenes de bajos ingresos. Desde una perspectiva amplia, el crimen es resultado de la exclusión, y la prevención requiere de políticas económicas y sociales que reduzcan la desigualdad de oportunidades y la pobreza, especialmente en ámbitos urbanos. Sin políticas sociales efectivas el costo económico y social podría ser mayor, no habrá solución duradera para la crisis penitenciaria que enfrentamos hoy, y lo más probable es que seguiremos enfrentando este mismo desafío en el Bicentenario.


* Por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda:PERÚ de FORO Nacional Internacional

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El Perú no necesita ayuda, necesita socios

(Publicado originalmente en Caretas 2222)

La visión de Bill Gates sobre la ayuda no es producto de errores de medición. Es una visión prevalente sobre la ayuda internacional, particularmente en los países desarrollados. Cuando se refieren a “ayuda”, hablan de un término relativamente preciso: donaciones e intercambio de conocimiento desde los países agrupados en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) hacia los países en desarrollo. Sin embargo, desde hace varios años la ayuda financiera se ha concentrado en los países más pobres, que se encuentran principalmente en el África Sub-Sahariana.

La pregunta de Bill Gates se debe entender en un contexto muy particular. Un estudio publicado en febrero advirtió que la ayuda española podría reducirse en US$1.3 mil millones, un 20 por ciento. La visita de Gates a España tenía como objetivo renovar el compromiso gubernamental con la ayuda internacional, y parece que lo logró. Pese a estar en medio de una de las peores crisis económicas de su historia, el Presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se comprometió a no reducir la ayuda a los países en desarrollo.

En el Perú las declaraciones de Gates motivaron una serie de respuestas, la mayoría rechazando que ya no necesitemos ayuda. Se argumentó que la distribución del ingreso es muy desigual y que aún tenemos niveles altos de pobreza. Sin embargo, en la comunidad internacional se piensa que los países que crecen y tienen acceso a una diversidad de fuentes de financiamiento —inversión extranjera, emisión de bonos, préstamos de organismos internacionales, remesas, fundaciones privadas, entre otros— en condiciones ventajosas no necesita de la “ayuda” internacional, y que deben asumir la responsabilidad de financiar su propio desarrollo y su lucha contra la pobreza y desigualdad.

Este es el caso del Perú, que además recibe ayuda financiera de algunos países de la OCDE, incluyendo España, cuyo monto representa menos del uno por ciento del presupuesto nacional. Es decir, la ayuda es pequeña como fuente de financiamiento. El país ha venido creciendo y nuestras opciones para acceder a recursos financieros para el desarrollo, tanto domésticos como externos se han ampliado.

Este es un camino que han transitado otras naciones emergentes. Hace treinta años, la República de Corea era uno de los principales receptores de ayuda. Ahora ofrece ayuda en temas de comercio exterior y tecnología a países de menor desarrollo. Sin ir muy lejos, México y Chile ya pertenecen a la OCDE. A medida que aumenta el acceso a las fuentes de financiamiento para un país en crecimiento, se reduce la importancia de la “ayuda” y aumenta el papel que juegan el intercambio de experiencias y conocimientos, particularmente entre países que han enfrentado problemas similares hace pocos años.

Recientemente la cooperación en América Latina se ha centrado la diseminación de buenas prácticas para replicar iniciativas exitosas en otros países, los programas de capacitación y asistencia técnica, y el refuerzo de instituciones y programas gubernamentales. En 2010 varios países latinoamericanos tenían programas de intercambio de conocimiento y experiencias (ver gráfico). .México y Cuba son cooperantes muy activos, el primero en temas comerciales y productivos, y el segundo en programas de biotecnología y medicina humana. Brasil tiene un programa de cooperación muy sofisticado, que incluye inclusive cooperación en temas de industrias aeronáuticas con India y Sudáfrica.

Camino al Bicentenario en 2021, el Perú debería transformarse en un país cooperante que ofrece y recibe conocimientos valiosos para el desarrollo en microfinanzas, gastronomía, manejo de recursos naturales renovables y desarrollo de emprendedores. Para esto es necesario identificar y registrar iniciativas exitosas, sistematizar la experiencia y el conocimiento acumulado, y ofrecerlo a otros países con desafíos similares. Además, la cooperación es una manera de impulsar nuestros intereses estratégicos en la región, complementando y fortaleciendo nuestros lazos comerciales, y promoviendo la participación de profesionales y expertos peruanos en la solución de los problemas de nuestros vecinos.


* Elaborado por Fernando Prada, investigador asociado de FORO Nacional Internacional.

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Pensando el 2021: la historia por escribirse

(Publicado originalmente en CARETAS 2214)

Empecemos reconociendo que en un contexto global turbulento de comunicación instantánea, pasión por el consumo, cambio climático, crisis financieras, desplazamientos geopolíticos, desequilibrios demográficos, narcotráfico y delincuencia, descalabro de economías avanzadas y auge de economías emergentes, no nos ha ido tan mal como país. Hemos mantenido la estabilidad económica, las prácticas democráticas y estamos tomando conciencia de la importancia del conocimiento científico y la innovación tecnológica.

No obstante, persisten antiguas recriminaciones, acusaciones mutuas y descalificaciones a granel que, agravadas por el rechazo de otros puntos de vista, podrían conducir a una peligrosa parálisis. Hablamos de la vasta diversidad de nuestro país, pero no parecemos aceptarla, no nos atrevemos a salir de nuestros pequeños y cómodos guetos –físicos y mentales– inmovilizados por diferencias geográficas y culturales, miedos e inseguridades. Camino al Bicentenario de la Independencia no podemos continuar inmersos en el pasado, ni abrumados por sus hipotecas. No se trata de olvidarlo, sino de no vivir en él.

Es ahora necesario mirar al futuro y voltear la página, pero sin borrón y cuenta nueva. La nueva generación a cargo de Agenda: PERÚ y FORO Nacional Internacional tiene claro que el desarrollo solo es posible en democracia y que ésta es el razonar público; que debemos transformar modos de pensamiento reduccionista en enfoques sistémicos e inclusivos; que es preciso cerrar la brecha entre expectativas de la sociedad y la acción política; y que los múltiples actores sociales en nuestro país deben estar directamente involucrados en definir su futuro, respetando diferencias pero buscando perspectivas comunes.

ANTECEDENTES
Hace casi un cuarto de siglo conversábamos en Washington sobre lo que aprendíamos en el Banco Mundial y el Wilson Center. En esos encuentros era inevitable hablar sobre el Perú y sus problemas en el decenio de 1980. La inexistencia de espacios para el diálogo, el reconocimiento mutuo y la búsqueda conjunta de soluciones surgían, una y otra vez, como una de las mayores dificultades para ponernos de acuerdo y trabajar en conjunto. De allí nació la idea de crear el programa Agenda: PERÚ para propiciar una reflexión colectiva sobre nuestro país, sus problemas y sus posibilidades futuras.

Desde el primer momento buscamos acercar a los expertos y a los ciudadanos, y también a personas de diferente procedencia social y regional, distintos niveles de ingreso y de ideologías diversas. Los talleres, seminarios, reuniones de trabajo y grupos de enfoque que organizamos crearon espacios neutros y libres para discutir respetuosamente, sin descalificaciones ni agravios, en donde pudimos aprender de otros y superar las barreras que nos aíslan de nuestros compatriotas. Fuimos afortunados en que prácticamente todos a quienes invitamos a participar en este ejercicio estuvieran dispuestos a hacerlo, confiando en que no utilizaríamos de manera indebida su presencia y contribuciones. A un ingeniero industrial devenido planificador estratégico y a un médico formado como psicoanalista se unieron Nicolás Lynch, un sociólogo político, y Pepi Patrón, una filósofa especializada en asuntos de ética, lo que nos permitió articular perspectivas muy diferentes sobre nuestro país.

Los objetivos iniciales de Agenda: PERÚ fueron preparar un diagnóstico compartido de los problemas de nuestro país, definir las líneas estratégicas de desarrollo e identificar las reformas institucionales necesarias. El autogolpe de Alberto Fujimori en abril de 1992, meses antes que iniciáramos nuestro trabajo, llevó a incorporar la gobernabilidad democrática como una de las principales preocupaciones de Agenda: PERÚ.

En 1995 publicamos nuestro primer informe, ‘Democracia y Buen Gobierno’, al que siguieron una docena de libros, el último de los cuales, ‘PERÚ: Agenda y estrategia para el siglo 21, fue publicado semanas después de la juramentación del Presidente Valentín Paniagua. Este último documento resumió ocho años de trabajo conjunto con cientos y hasta miles de participantes, y nos permitió ofrecer una visión compartida de futuro, un conjunto de líneas estratégicas, una propuesta de reformas institucionales, y medidas para avanzar hacia una identidad nacional, pluralista, integrada y en continuo despliegue.

Completada esta tarea, nos dedicamos a difundir los resultados de Agenda: PERÚ en el país y el extranjero (por ejemplo, con la serie televisiva “Abriendo Caminos”). Luego nos desplazamos hacia otras actividades profesionales. Uno de nosotros tuvo la oportunidad y el privilegio de hacerse cargo de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional; y el otro, la posibilidad de colaborar en diversos temas con el desarrollo de nuestro país. Numerosos colegas y amigos que trabajaron en Agenda: PERÚ ocuparon puestos de responsabilidad en el gobierno, y participaron activamente en la vida nacional.

Una nueva generación de colaboradores –Mario Bazán, Gonzalo Alcalde y Fernando Prada, apoyados por destacados asistentes– tomó la posta y continúa con la tarea de actualizar, reinterpretar y modificar lo que habíamos plasmado en los informes de Agenda: PERÚ. ‘Perú: Agenda y estrategia para el siglo 21’ planteó líneas estratégicas hasta el bicentenario de la Independencia, y el informe ‘Manual del Despegue’ (CARETAS 2191), escrito diez años después, ofreció una apreciación de los avances logrados y de algunos temas pendientes (reforma del Estado; recursos naturales y ordenamiento territorial; ciencia, tecnología e innovación; cultura e identidad nacional).

Ahora es necesario responder a nuevos interrogantes: ¿Es nuestro país el mismo descrito en los informes de Agenda: PERÚ? ¿Son iguales las expectativas y los anhelos que compartían quienes contribuyeron con sus ideas y experiencia a este programa? ¿Qué nuevos planteamientos exigen las actuales circunstancias mundiales y de nuestro país?

* Elaborado por Francisco Sagasti y Max Hernández, fundadores del programa Agenda: PERÚ

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Los resultados de Agenda: PERÚ vistos desde el contexto latinoamericano

El lunes 28 de noviembre el PNUD presentó en Lima el libro "El Estado de Ciudadanía", acerca de la evolución del Estado y de la ciudadanía social y política en América Latina en el último decenio. Entre los hallazgos centrales de dicho estudio, está que en la región se viene avanzando, aunque a pasos desiguales, hacia lo que los expertos llaman un "Estado de ciudadanía" (de los ciudadanos y para los ciudadanos). Ante las demandas de las poblaciones, este modelo se aleja definitivamente del Estado minimalista de los años 80 y 90 y asume más responsabilidades sociales y políticas. Al mismo tiempo, la democracia misma está cambiando ante la búsqueda de los ciudadanos de mayor participación, pedido de rendición de cuentas y de mejor representatividad. En un marco de deslegitimación de los políticos, parece que la institucionalidad clásica de las democracias liberales no puede procesar satisfactoriamente las demandas sociales y aparecen innovaciones adecuadas al contexto e historia de cada país.

En toda la región, y no sólo donde hay gobiernos de izquierda o centro-izquierda, se busca crecientemente un Estado más activo, más fuerte, capaz de ejecutar mayor y mejor gasto público y de garantizar el ejercicio de los derechos sociales y políticos. Esto se hace más visible ante la persistencia de la desigualdad y del empleo de baja calidad que preocupan y generan insatisfacción entre los ciudadanos.

Los avances hacia un Estado de ciudadanía son cuantificados a través del ICS, Índice de Ciudadanía Social, que se presenta en este estudio, y el Perú aparece como un país relativamente retrasado (sobre todo con respecto a los países del Cono Sur) pero con avances muy significativos en la última década.

Es interesante notar que esta creciente demanda por un Estado más activo y fuerte es también uno de los hallazgos principales de las consultas realizadas este año por Agenda: PERÚ, cuyos resultados venimos presentando actualmente. A pesar del crecimiento económico, mayor acceso a servicios sociales y reducción de la pobreza monetaria, los expertos y líderes consultados consideran que están en aumento las demandas por un Estado más fuerte y capaz.

Al consultar acerca de la evolución del Estado desde la transición democrática, encontramos que las áreas clave en las que se debe fortalecer el Estado para hacerse más legítimo frente a la ciudadanía incluyen: la falta de visión de largo plazo, visión de país y de planificación en el sector público; las deficiencias en representatividad, desde el Congreso de la República hasta los niveles regionales y locales; la ineficiencia e ineficacia en la gestión pública, salvo algunas “islas”; el limitado impacto de la participación ciudadana; y la débil articulación y coordinación de políticas públicas entre niveles y sectores del Estado (horizontal y vertical). En muchos rincones del país, el Estado sigue prácticamente ausente.


* Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda: PERÚ.

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