Al mismo tiempo que Ollanta Humala asumía el poder el último 28 de julio, la más reciente cumbre presidencial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) produjo una importante declaración final que puso en primer plano el objetivo de los 12 países de luchar contra la desigualdad, logrando la inclusión social y reduciendo la pobreza. En las siguientes semanas, el Presidente Humala también ha declarado a la inclusión social como gran objetivo de su gobierno.
Se afirma que esta debe ser más que una declaración de principios, y la Unasur buscaría profundizar un plan para establecer la agenda conjunta de acciones sociales prioritarias. En ese sentido esta declaración puede entenderse como una gran oportunidad de cambio, al constituir la confirmación a nivel oficial, de un consenso regional emergente por la igualdad social y redistribución como contrapartes necesarias al crecimiento y a un manejo macroeconómico responsable.
Los países de la región, antes que mantenerse en la ortodoxia liberal o virar hacia opciones de cambio radical, parecen estar optando por el modelo centrista establecido en las últimas décadas por Brasil y, en menor medida, Chile, donde el manejo económico ortodoxo va de la mano de políticas redistributivas y programas sociales que no se detienen en las medidas focalizadas o transitorias, sino que asumen un derecho universal a ciertos beneficios. Esta combinación de manejo económico y social queda particularmente clara en el discurso del nuevo gobierno en Perú hasta la fecha.
A nivel del discurso oficial, entonces, estamos cada vez más lejos de la noción vigente en los noventa de que la mejor política social es una buena política económica. Hoy cada vez más se perciben como ámbitos complementarios pero con una lógica y motivaciones particulares en cada uno. El gasto social de los gobiernos, antes que el simple crecimiento económico, empieza a verse nuevamente como el principal instrumento para mejorar la distribución del ingreso. En este sentido, las cifras de la CEPAL indican que hubo poco crecimiento en el gasto social de los países suramericanos (como porcentaje de sus PBI) por gran parte de la última década.
Mientras que en años anteriores parecía crecer la nueva demanda popular y a veces oficial por un quiebre radical con respecto al neoliberalismo y la economía global, algunas de las protestas recientes más visibles exigen cambios que encajan dentro del nuevo consenso. Las grandes protestas en Chile en julio y agosto 2011 por la universalización del acceso gratuito a la educación superior, por ejemplo, no reclaman cambios en el modelo macroeconómico sino una reducción de la desigualdad, en general, y más concretamente medidas universalistas de política social que garanticen beneficios para toda la población.
Sin embargo, otras poblaciones sí siguen exigiendo cambios radicales y rupturas, y es preciso entender los desafíos que esto plantea para el nuevo consenso y una combinación de políticas más equilibradas. En el Perú, por ejemplo, varios episodios de descontento social que derivaron en violencia y muertes, desde Bagua en 2009 hasta recientes erupciones violentas en Puno en 2011, estuvieron acompañados por discursos de ruptura con el modelo económico vigente y de enfrentamiento con grandes intereses económicos. Según se informó recientemente, entre 2006 y 2011, fallecieron 191 personas en Perú a causa de conflictos de carácter socioambiental, la gran mayoría de ellos en zonas rurales. La falta de mecanismos de prevención y diálogo ha sido destacada por los medios, pero también cabe anotar la persistente situación de exclusión de carácter económico, social, político y cultural que afecta a los pueblos involucrados en estas disputas con el Estado.
Esto nos recuerda que, si queremos evitar este tipo de episodios, aún hay necesidad urgente de pensar en medidas y programas particulares que beneficien a grupos poblacionales que tienen dificultades crónicas para acceder a los bienes y servicios ofrecidos por los programas universalistas. No solo es cuestión de hacer más eficientes o eficaces los programas y políticas existentes. En el caso de Perú, sobre todo, queda claro que hay elementos de ubicación geográfica y de dispersión poblacional, pero también de factores culturales y maneras alternativas de entender y manejar la propiedad y las relaciones sociales, que pueden conducir a situaciones confrontacionales si es que no se mejora el entendimiento y las herramientas para atenderlos.
*Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda:PERÚ
Se afirma que esta debe ser más que una declaración de principios, y la Unasur buscaría profundizar un plan para establecer la agenda conjunta de acciones sociales prioritarias. En ese sentido esta declaración puede entenderse como una gran oportunidad de cambio, al constituir la confirmación a nivel oficial, de un consenso regional emergente por la igualdad social y redistribución como contrapartes necesarias al crecimiento y a un manejo macroeconómico responsable.
Los países de la región, antes que mantenerse en la ortodoxia liberal o virar hacia opciones de cambio radical, parecen estar optando por el modelo centrista establecido en las últimas décadas por Brasil y, en menor medida, Chile, donde el manejo económico ortodoxo va de la mano de políticas redistributivas y programas sociales que no se detienen en las medidas focalizadas o transitorias, sino que asumen un derecho universal a ciertos beneficios. Esta combinación de manejo económico y social queda particularmente clara en el discurso del nuevo gobierno en Perú hasta la fecha.
A nivel del discurso oficial, entonces, estamos cada vez más lejos de la noción vigente en los noventa de que la mejor política social es una buena política económica. Hoy cada vez más se perciben como ámbitos complementarios pero con una lógica y motivaciones particulares en cada uno. El gasto social de los gobiernos, antes que el simple crecimiento económico, empieza a verse nuevamente como el principal instrumento para mejorar la distribución del ingreso. En este sentido, las cifras de la CEPAL indican que hubo poco crecimiento en el gasto social de los países suramericanos (como porcentaje de sus PBI) por gran parte de la última década.
Mientras que en años anteriores parecía crecer la nueva demanda popular y a veces oficial por un quiebre radical con respecto al neoliberalismo y la economía global, algunas de las protestas recientes más visibles exigen cambios que encajan dentro del nuevo consenso. Las grandes protestas en Chile en julio y agosto 2011 por la universalización del acceso gratuito a la educación superior, por ejemplo, no reclaman cambios en el modelo macroeconómico sino una reducción de la desigualdad, en general, y más concretamente medidas universalistas de política social que garanticen beneficios para toda la población.
Sin embargo, otras poblaciones sí siguen exigiendo cambios radicales y rupturas, y es preciso entender los desafíos que esto plantea para el nuevo consenso y una combinación de políticas más equilibradas. En el Perú, por ejemplo, varios episodios de descontento social que derivaron en violencia y muertes, desde Bagua en 2009 hasta recientes erupciones violentas en Puno en 2011, estuvieron acompañados por discursos de ruptura con el modelo económico vigente y de enfrentamiento con grandes intereses económicos. Según se informó recientemente, entre 2006 y 2011, fallecieron 191 personas en Perú a causa de conflictos de carácter socioambiental, la gran mayoría de ellos en zonas rurales. La falta de mecanismos de prevención y diálogo ha sido destacada por los medios, pero también cabe anotar la persistente situación de exclusión de carácter económico, social, político y cultural que afecta a los pueblos involucrados en estas disputas con el Estado.
Esto nos recuerda que, si queremos evitar este tipo de episodios, aún hay necesidad urgente de pensar en medidas y programas particulares que beneficien a grupos poblacionales que tienen dificultades crónicas para acceder a los bienes y servicios ofrecidos por los programas universalistas. No solo es cuestión de hacer más eficientes o eficaces los programas y políticas existentes. En el caso de Perú, sobre todo, queda claro que hay elementos de ubicación geográfica y de dispersión poblacional, pero también de factores culturales y maneras alternativas de entender y manejar la propiedad y las relaciones sociales, que pueden conducir a situaciones confrontacionales si es que no se mejora el entendimiento y las herramientas para atenderlos.
*Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda:PERÚ
