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miércoles, 1 de agosto de 2012

Gobiernos que gasten mejor en 2021


Las capacidades de gasto e inversión de los gobiernos regionales siguen siendo insuficientes en un marco de crecimiento y de grandes necesidades sociales. Para fortalecerlas, es preciso contar con programas integrales de apoyo hechos a la medida de estas organizaciones. Existen ejemplos de este tipo de intervención, que complementaría los programas de carácter nacional en curso.

La Contraloría de la Nación informó en junio a la opinión pública que las regiones y municipios dejaron de ejecutar más de S/.6,500 millones en 2011. Esto significa que casi 40% de los fondos transferidos automáticamente por canon no fueron invertidos, acentuando el descontento y desconfianza en el Estado en las zonas de mayor pobreza del país.

Mirando hacia la próxima década y el hito del Bicentenario, nos encontramos con una paradoja que amenaza con acentuarse si se cumplen los mejores pronósticos económicos: el crecimiento deseado puede socavar la legitimidad del Estado donde se perciba creciente ineficacia e ineficiencia en la gestión pública. El desprestigio de las instituciones del Estado sigue siendo un gran desafío para el desarrollo del Perú, y una de las principales críticas ha sido esta poca capacidad para utilizar los recursos de manera eficiente—especialmente en los gobiernos regionales y locales. Hoy ejecutan más que antes (la inversión pública se quintuplicó entre 2005 y 2011), pero no pueden aprovechar todo lo que tienen disponible.

Debemos aprender urgentemente a administrar mejor esta relativa abundancia, la cual no va a durar para siempre. En el marco de las consultas sobre gobernabilidad del programa Agenda: PERÚ, Caroline Gibú de “Ciudadanos al Día” anotó que las debilidades de la gestión pública siempre se hacen más evidentes en un período de crecimiento y de presupuestos más holgados, como el actual. Se gasta más, pero el sector público “aún no está en condiciones de responder a ese crecimiento” y utiliza los recursos adicionales de manera ineficiente. La expansión acelerada de los presupuestos ha desbordado las capacidades de muchas instituciones, y algunos de los casos más críticos están en los gobiernos regionales: Puno ejecutó sólo el 27.4% de su presupuesto de inversiones en 2011.

Diversos programas se han implementado a nivel nacional y central desde años atrás para fortalecer la calidad de gestión e inversión sub-nacional. Por ejemplo, desde el año 2000 tenemos un Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que, a pesar de críticas a su rigidez también ha realizado esfuerzos de creación de capacidades y se ha adaptado parcialmente a la descentralización, así como programas de apoyo como PRODEV del Banco Interamericano de Desarrollo, que a través del Ministerio de Economía y Finanzas también ha atendido al nivel sub-nacional. Sin embargo, el impacto de estas iniciativas centrales no ha sido suficiente para poner a todos los gobiernos a la altura de los requerimientos de una época de rápido crecimiento.

En los próximos años, necesitamos mejorar y adecuar estos programas a nivel nacional, pero también complementarlos con intervenciones que atiendan los requerimientos específicos de gobiernos regionales y locales, así como de sectores clave.

Existen intervenciones innovadoras e integrales que permiten superar estas dificultades en un plazo corto y con un costo moderado, siempre y cuando exista la voluntad política para iniciar y sostener las reformas. Un ejemplo ilustrativo tuvo lugar en la segunda mitad de 2008, cuando se ejecutó un proyecto de reforma institucional a la medida de los requerimientos del gobierno regional de Junín, capacitando funcionarios y reestructurando el aparato de gobierno. El proyecto fortaleció la gestión y planificación del GR y fue coordinado por el centro de investigación peruano FORO Nacional Internacional y apoyado por la cooperación internacional. También contó con la colaboración y coordinación de los altos funcionarios del gobierno regional, lo cual fue clave para que la reforma tuviera un impacto real.

Durante 2007, Junín había ejecutado solo el 29% de su presupuesto de inversiones, dejando de ejecutar cerca de 120 millones de soles. Más aún, el porcentaje ejecutado se había reducido cada año a partir de 2004. Al término de la intervención, a fines de 2008, la ejecución había mejorado notablemente en términos relativos (51% de lo presupuestado) y absolutos (105 millones de soles, la mayor cantidad ejecutada hasta entonces). El proyecto contribuyó directamente a que la capacidad de ejecución aumente a partir de mediados de 2008, y que se mantengan niveles altos en 2009 y 2010. Las mejoras logradas permitieron invertir decenas de millones de soles adicionales, pero el costo de la intervención fue de aproximadamente US$200,000.

Reformar todo el aparato estatal en un decenio es casi imposible, pero sí es posible avanzar con reformas parciales y bien enfocadas como esta hacia un Estado legítimo y eficiente para el Bicentenario. Además del tema mencionado, también requerimos de medidas innovadoras que nos permitan mejorar la representación (desde los concejos municipales hasta el Congreso de la República), relanzar el proceso de descentralización y regionalización, y lograr que la participación ciudadana (por ejemplo, a través de los presupuestos participativos) realmente incida en las políticas públicas e involucre a grupos excluidos.

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* Elaborado por Gonzalo Alcalde, investigador asociado de FORO Nacional Internacional, Lima, Perú. Julio 2012

martes, 31 de enero de 2012

Escenarios para el 2021

(Publicado originalmente en la revista Caretas 2216)

En el año del Bicentenario la población y la economía del país presentarán desafíos que podemos anticipar hoy.

En 2012 seremos 33 millones de peruanos y tendremos 22.5 millones de personas en edad de trabajar, más que en toda nuestra historia. Tendremos también 2.9 millones de adultos mayores de 65 años (un millón más que en 2011) y 7.9 millones de niños menores de 15 años (800,000 menos que ahora). Piura, Arequipa, Trujillo, Puno y Cusco seguirán creciendo y acogiendo a los migrantes del campo y de otras ciudades.

A diferencia de las cifras futuras de población, que pueden estimarse con cierta seguridad, las proyecciones económicas dependen de muchos factores que generan incertidumbre y escenarios muy variados. Por ejemplo, si se sostiene la demanda y los altos precios de los productos primarios que exportamos, si se mantiene la estabilidad macroeconómica, y si se minimiza el impacto de los efectos de los desastres naturales y los conflictos sociales, la tasa de crecimiento del PBI podría superar el 7% en promedio hasta el Bicentenario de la Independencia.

Si al menos uno de los factores mencionados (demanda de materias primas, manejo macroeconómico, eventos naturales como el Fenómeno del Niño, conflictos sociales) nos es adverso, estaríamos creciendo entre 4% y 6% anualmente, un nivel cercano al de 2011. Pero si dos o más de estos factores se tornan negativos, las tasas de crecimiento se reducirían a un promedio anual de entre 2% y 4%.

En el primer escenario el PBI por habitante superaría US$ 10,000 en el Bicentenario, nivel similar al nivel que alcanzó Chile en 2008. Varias regiones del país crecerían al mismo tiempo, con lo que mejoraría el empleo y se podría reducir la pobreza, mejorar la educación y ampliar la cobertura de servicios de salud. La mayor disponibilidad de recursos tributarios permitiría proteger al creciente número de adultos mayores, mejorar la atención a los niños, promover oportunidades productivas en las zonas rurales y avanzar en inclusión social.

Sin embargo, este escenario de alto crecimiento podría amenazar el medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales, y también desencadenar aún más conflictos sociales. Para evitar esto es necesario fortalecer al Estado, mejorando la calidad de las inversiones y el gasto, afianzando su legitimidad como interlocutor en los conflictos sociales, invirtiendo en ciencia y tecnología, y también mejorando la fiscalización y la calidad de los estudios de impacto ambiental.

En un segundo escenario, el crecimiento anual promedio hasta 2021 sería de 5.5% anual (similar al actual) y el PBI por habitante llegaría a US$ 8,630, un poco menos que Chile en 2006. Con este ritmo de crecimiento se continuará reduciendo la pobreza, pero no se podrá financiar políticas ambiciosas de salud, educación, pensiones y empleo. Algunas regiones crecerían más que otras, muchos trabajadores estarían subempleados, y aumentarían las demandas de programas asistencialistas y liderazgos populistas. Si bien la presión sobre el medio ambiente podría reducirse debido a una menor inversión en industrias extractivas, a menos que mejoren los programas sociales y la capacidad del Estado para prevenir conflictos, aumentaría la polarización social y podría generarse inestabilidad política.

En el tercer escenario, el PBI por habitante alcanzaría alrededor de US$ 6,629 en 2021 (menor que el nivel de Chile en 2005) y el crecimiento anual sería de solo 3%. Esto no bastaría para reducir significativamente la pobreza, y el Estado tendría que concentrar sus recursos en programas sociales focalizados y en responder al impacto de posibles desastres. Los conflictos sociales se agudizarían, en parte debido a que no se mantendría el nivel de transferencias del canon, con lo que muchas regiones, provincias y distritos tendrían menos recursos para atender demandas de la población. La recaudación fiscal sería baja y probablemente aumentarían la informalidad y las actividades ilegales. En un escenario de crecientes demandas y escasos recursos, sería indispensable contar con un sector público que pueda responder con rapidez y eficiencia a los conflictos y emergencias.

No podemos controlar muchos de los factores que nos encaminarán por uno u otro escenario en el Bicentenario de la Independencia, pero podemos prepararnos para enfrentar sus posibles efectos negativos y aprovechar las oportunidades que ofrecen. En todos los escenarios previstos necesitaremos un Estado más legítimo y eficaz en la movilización y el uso de los recursos, preparado para anticipar y explorar opciones estratégicas, y con gran capacidad de gestión. Pero, sobre todo, necesitaremos la voluntad política de llegar a consensos y acuerdos sobre el futuro de nuestro país.

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* Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del Programa Agenda: PERÚ de FORO Nacional Internacional.