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lunes, 12 de diciembre de 2011

Preocupación por la gobernabilidad democrática

A la luz de los hallazgos de nuestra consulta sobre gobernabilidad democrática iniciada hace un año, consideramos preocupantes los últimos cambios y medidas del gobierno del Presidente Ollanta Humala, incluyendo la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros por estar en desacuerdo con un aparente cambio de rumbo. Tanto los expertos y líderes consultados por nosotros, como las publicaciones de la última década, coinciden en la persistente fragilidad de nuestra democracia y, más específicamente, en la necesidad de una mejor relación entre el Estado y la sociedad civil organizada para consolidar las prácticas y la gobernabilidad democrática. Hoy, más bien, parecemos estar en el umbral de un período de creciente enfrentamiento, tensión e incluso de rupturas en esta relación que es fundamental para la democracia.

La carta de renuncia de Salomón Lerner sugiere que el gobierno ha entrado a una nueva etapa en el manejo de los conflictos sociales, alejándose del diálogo y acercándose a la “mano dura” y el manejo vertical de las disputas. El estado de emergencia declarado en Cajamarca y el ingreso del Ministro del Interior, un militar en retiro, como Presidente del Consejo de Ministros parecen confirmar esto.

Por su parte, nuestro diagnóstico de la gobernabilidad democrática nos dice que el crecimiento económico y los avances de los actores de la sociedad civil en términos de impacto político y social son innegables, pero difícilmente se llega a una evaluación positiva al analizar a la sociedad civil en conjunto. Todavía estamos muy lejos de una sociedad civil organizada activa, sostenible y representativa de intereses diversos en todo el territorio, y que sea ampliamente entendida como un elemento clave para garantizar la gobernabilidad democrática. Estamos más lejos aún de contar con partidos políticos organizados, activos y eficaces, que sean capaces de canalizar las demandas de la ciudadanía hacia las instancias de gobierno local, regional y nacional.

La sociedad civil organizada es necesaria para la democracia, y es importante que se fortalezca. Sin embargo, hay diversos factores que estarían frenando su desarrollo. Quizás el más urgente y grave sea el papel del Estado bajo gobiernos recientes, que es visto por muchos como represor violento y como defensor de los intereses de ciertos grupos económicos, en detrimento de la sociedad civil y de las comunidades. Esta ha sido la principal crítica al gobierno de Alan García en el tema de la democracia. Justamente, ha sido fuera de Lima y en las zonas de mayor pobreza donde, además de presentarse un aumento alarmante de conflictos sociales y ambientales, se ha expresado en tiempos electorales el deseo de un cambio en las relaciones entre la sociedad civil y las comunidades y el Estado.

La “mano dura” y el aparente alineamiento del gobierno actual con los intereses de la gran minería e inversión extranjera, constituyen un duro golpe para las expectativas de millones de peruanos que recibieron promesas de cambio, condiciones equitativas, y de diálogo. En un país donde las instituciones democráticas y la clase política están entre las más desacreditadas de América Latina, las promesas rotas no sólo afectan a los líderes actuales, sino que pueden quebrar la precaria gobernabilidad que con tanto trabajo y sacrificio se ha construido. Esperamos, por el bien de nuestra democracia, que se siga priorizando el diálogo, que se siga convocando a los actores representativos de las comunidades afectadas por las actividades extractivas, y que no haya ningún paso adicional hacia la militarización de los conflictos sociales.


* Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda: PERÚ

miércoles, 12 de octubre de 2011

Sobreendeudamiento: ¿una bomba de tiempo en el Perú?

Tras la crisis financiera, y a pesar de amenazas de recesión en los países desarrollados e incertidumbre por el inicio de un nuevo gobierno, el crédito al sector privado pasó de una tasa de variación anual de dos por ciento en enero 2010 a 21 por ciento en agosto 2011. Si bien tiende a estabilizarse con las menores previsiones de crecimiento económico, la pregunta central es si el crecimiento del crédito al sector privado está creando alguna burbuja financiera que amenace la estabilidad del sistema financiero en el futuro.

El sobreendeudamiento puede afectar al sistema financiero y cortar la cadena de pagos si un sector de deudores se vuelve incapaz de pagar sus obligaciones financieras. Por ejemplo, los créditos de consumo y el crédito a las empresas son los que presentan mayores niveles de morosidad (1). Como sus actividades dependen mucho del ciclo económico, una caída en sus ingresos podría reducir su capacidad de pago y con ello afectar a otros sectores que dependen de su consumo o como fuente de empleo. Sin embargo, la morosidad no ha tenido variaciones importantes y sólo representa el 1.5 por ciento del total de deudas del sistema bancario. Las principales señales negativas están viniendo de las centrales de riesgo. Aunque creciendo lentamente, los clientes con algún vencimiento en sus tarjetas de crédito fueron el 18 por ciento en octubre de este año de acuerdo a Sentinel Central de Riesgo, y con importantes vencimientos el 12 por ciento—sumados son cerca de 600 mil deudores de tarjeta de crédito con problemas.

Aparte de un evento adverso por el lado de los ingresos, el sobreendeudamiento también se puede causar por el comportamiento oportunista y riesgoso de prestamistas o deudores. En el caso del primero, existe evidencia que la colocación de tarjetas de crédito ha aumentado en provincias particularmente para el caso de créditos de consumo y que se estarían relajando algunos estándares de evaluación en medio de una guerra de colocaciones y compras de deuda. En el caso del segundo, la actitud de adquirir préstamos en diversas instituciones se vuelve un problema si las tasas para el repago de las deudas adquiridas empieza a aumentar. Otro ejemplo de oportunismo que genere problemas futuros son las campañas de “no pago”, que buscan presionar a las instituciones bancarias en caso de altas tasas, pago por servicios o multas, aunque han tenido un impacto muy marginal en Perú.

Estas señales no conforman una amenaza al sistema financiero cuando se mira de manera más agregada. La morosidad es aún baja y varios analistas consideran que el crecimiento del crédito corresponde bastante bien al crecimiento económico y al hecho que la penetración de los créditos es aún baja. Por otro lado, la regulación prudencial de la Superintendencia de Banca y Seguro es bastante exigente, y el sistema de provisiones por incobrabilidad de créditos ha funcionado para moderar el crecimiento del crédito en anteriores ocasiones. Además, algunas presiones al alza de las tasas de interés se han venido moderando, causando una reducción importante en las tasas de crédito de consumo de cuatro por ciento entre setiembre y junio de 2011.

Sin embargo, no se puede negar la vulnerabilidad de algunos sectores que podrían estar sobreendeudados y perder su capacidad de pago si sus fuentes de ingreso se complican. Además, debe distinguirse de aquellos comportamientos oportunistas y riesgosos de instituciones financieras y deudores, los cuales en mayor medida de lo posible deben ser los principales afectados por su comportamiento; y de aquellos deudores que pueden resentir una merma de sus ingresos en caso de complicarse las condiciones de mercado o ante eventos imprevistos. Saber esto a ciencia cierta es casi imposible, por lo que la mirada a varias señales opuestas debe ser materia de seguimiento cercano del ente regulador del sistema financiero para tomar las medidas en caso se estén generando las condiciones para burbujas de sobreendeudamiento con potencial de crear problemas en el sistema financiero en conjunto.


(1) Mientras la morosidad en el segmento de las pequeñas empresas se sitúa entre cinco y seis por ciento en lo que va del año, en el sector de las grandes empresas es casi nulo y en las microempresas es alrededor de tres por ciento. Los créditos de consumo presentan morosidad alrededor de tres por ciento.


* Elaborado por Fernando Prada, investigador asociado de FORO Nacional Internacional