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lunes, 15 de agosto de 2011

La política como algo más que un “mal necesario”

Desde el fin de la segunda vuelta electoral y hasta hoy, un tema que ha concentrado mucha atención de la opinión pública es la designación de los ministros y otros altos funcionarios del nuevo gobierno. Con frecuencia se ha hecho la distinción entre personas que ocuparían cargos “políticos”, lo cual se menciona casi siempre con connotaciones negativas, y otros que estarían supuestamente al margen de la política y desempeñarían cargos “técnicos”. Quizás el ejemplo más claro de una cartera para la que se ha reclamado siempre un nombre “técnico” es la del Ministro de Economía y Finanzas.

Sin embargo, esta distinción tajante entre lo político y lo técnico (como políticamente "neutral") es artificial y corresponde a una visión simplista que ha perdido vigencia internacionalmente. Nada en la gestión pública es puramente "técnico" ni libre de intereses políticos. Deberíamos alejarnos de esa visión, pues genera una concepción distorsionada del desarrollo y de la gestión pública. “Político” es, más bien, cualquier factor relacionado con el uso y distribución del poder, no solo en el marco del Congreso o de un partido sino incluso al armar presupuestos y al diseñar proyectos de inversión. Inevitablemente, en todas partes hay política porque hay actores individuales o colectivos con intereses particulares que frecuentemente entran en conflicto. Un ministro de Economía es también un actor con intereses propios y que toma decisiones políticas, muy trascendentales, y que deben ser adecuadamente analizadas.

No podemos olvidar que el desarrollo es, ante todo, un proceso de origen y carácter político, en el que los aspectos técnicos dependen de las opciones políticas. Todo se inicia necesariamente con decisiones políticas que nos conciernen a los ciudadanos. En un país donde las instituciones democráticas atraviesan una crisis de legitimidad desde hace décadas, es importante empezar a entender a la política como una fuente de oportunidades y riesgos para el desarrollo y para la democracia. Por lo tanto, debemos evitar las nociones sesgadas de la política entendida, por ejemplo, sólo como un riesgo para los resultados financieros y económicos de los programas o los proyectos. Todos los involucrados en la gestión pública hacen política, de una manera u otra y eso no debe ser visto como algo negativo ni vergonzoso

La política, entonces, está en todas partes, y un buen análisis permite identificar oportunidades para implementar buenas políticas y programas, encontrando aliados y recursos favorables para lograr objetivos.

Hubo una larga tradición entre las agencias de cooperación, empezando por el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regionales, de ignorar la dimensión política de los proyectos de desarrollo o, en su defecto, de plantear lo político en términos de problemas y dificultades. Esto ha sido reconocido recientemente como razón principal del fracaso de algunos grandes proyectos de desarrollo, que sólo fortalecían los aparatos burocráticos estatales. En nuestro país, en los años 90 se implantó desde el gobierno una mentalidad “anti-política” que en muchas formas ha sobrevivido hasta la actualidad y no permite una visión integral del desarrollo, la gobernabilidad y la gestión pública.

El creciente reconocimiento de que la política está en todas partes ha llevado en años recientes a que el análisis político sea considerado en la cooperación internacional (desde el Banco Mundial y las principales agencias bilaterales hasta las ONG internacionales) como un instrumento central para alcanzar los objetivos de cualquier iniciativa de desarrollo. Bien aplicado, permite tomar en cuenta, en el diseño e implementación de una iniciativa, la información relevante que puede contribuir a que un programa o proyecto alcance sus objetivos.

El análisis político (formal o informal) es necesario siempre y en todo nivel porque se requiere examinar las disputas y negociaciones entre grupos de interés, los cuales defienden o buscan aumentar su poder de decisión y sus derechos sobre el uso de recursos de todo tipo. Entender estas disputas y negociaciones no sólo involucra examinar a los actores individuales o grupales, sino que también está íntimamente ligado a entender el papel de las instituciones y los factores estructurales que forman el contexto de cualquier relación social.

Este análisis ya se hace de manera informal en todas las agencias y proyectos, y desde el ámbito nacional hasta el local, todo jefe de programa o proyecto con cierta experiencia, ha desarrollado por necesidad algún instinto o método informal para evaluar el contexto político y sus implicancias. Es importante asumir esto y empezar a elaborar marcos y herramientas formales para el análisis que permitan manejar los factores políticos de la manera más favorable al desarrollo y gobernabilidad democrática, en lugar de pretender aislar lo político de la gestión pública.


* Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda: PERÚ de FORO Nacional Internacional

lunes, 8 de agosto de 2011

La innovación en el Perú: desafíos y propuestas del nuevo gobierno

La capacidad de innovación del Perú está rezagada con respecto a la región y el resto mundo. El índice global de la innovación ubica al Perú en el puesto 83 de 125 países considerados, y octavo de los once países considerados en Suramérica. Sin embargo, en los aspectos específicos de capital humano e investigación y productos científicos el país retrocede a los puestos 108 y 110, respectivamente. Dentro de capital humano e investigación, en los sub-factores de educación y de investigación y desarrollo, el Perú se encuentra en los puestos 106 y 112, mientras que dentro de la categoría productos científicos, en creación de conocimiento, en el puesto 115 y en difusión de conocimiento en el 117.1

Uno de los canales para crear capacidades en innovación es la inversión pública en investigación y desarrollo, la cual se realiza a través de institutos públicos de investigación, universidades públicas y fondos concursables para organizaciones públicas y privadas. Durante el año 2010, el presupuesto público para este campo alcanzó alrededor de los US$252 millones (o S/. 705.6 millones), de los cuales sólo se ejecutó 50.4 por ciento (S/. 357.9 millones, que equivalen aproximadamente a US$128 millones).2 Estos resultados muestran que la capacidad de gestión y las restricciones administrativas para la ejecución de inversiones son algunos de los principales impedimentos para el uso efectivo de los recursos disponibles. Los fondos concursables son los que mejor desempeño mostraron durante este año con 84.2 por ciento de ejecución de su presupuesto, seguidos por los institutos públicos de investigación (con 82.6 por ciento de ejecución). En contraste, las universidades que cuentan con recursos del canon son las que mayor dificultad tuvieron para ejecutar sus presupuestos —sólo gastaron 26 por ciento de su presupuesto de investigación.

El gobierno entrante ha reiterado su compromiso con la ciencia, tecnología e innovación. Primero a través de su plan de gobierno en la campaña electoral, y últimamente en la presentación realizada por el Primer Ministro, Salomón Lerner, el 5 de agosto del 2011 en la Universidad de Ingeniería en el marco del Encuentro Científico de Invierno. En su discurso propuso aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación al 1 por ciento del PBI y mencionó cuatro tipo de acciones: (i) formación de recursos humanos, atracción de científicos peruanos en el extranjero, para que retornen al país y becas de estudios; (ii) mejoras en la transferencia de tecnología para adoptar y adaptar nuevas tecnologías; (iii) generación de mecanismos de financiamiento tales como recursos-semilla y capitales de riesgo; y (iv) fortalecimiento del marco institucional que vincule los esfuerzos en ciencia y tecnología con los de mejora de la competitividad y productividad. En este último grupo de acciones mencionó que se están realizando los estudios para proponer la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Si bien la creación de un ministerio puede parecer la solución para acoger a los científicos y darle mayor atención a este campo, debe considerarse el riesgo de aislar la capacidad de investigación que actualmente tienen otras entidades públicas y se incremente la burocracia sin generar mayor impacto. Es posible avanzar mientras esta nueva institución se diseña, aumentando las inversiones públicas en ciencia, tecnología e innovación, y mejorando la capacidad de ejecución de las entidades que tienen a su cargo estas funciones pero sobre todo reasignando los recursos disponibles (y escasos) utilizando los mecanismos que han dado mejor resultado: los fondos concursables.

A través de este mecanismo es posible, además, fortalecer las capacidades de institutos y universidades públicas, porque tendrían que mejorar sus capacidades en orden de competir con otras instituciones públicas y privadas. Es también necesario introducir incentivos que motiven a los investigadores a realizar esfuerzos, premiando a aquellos que vinculen la generación de conocimientos y la adaptación de tecnologías con la producción de bienes y servicios. Paralelamente, deberíamos avanzar en ampliar los beneficiarios de los recursos recaudados por el Canon a universidades y centros de investigación privados, por ejemplo.

Estas acciones deben complementarse con medidas que permitan mejorar la capacidad de poner en valor el conocimiento, reemplazar la estructura productiva, basada en materias primas, por una de mayor valor agregado, generar mejores condiciones para contar con recursos humanos adecuadamente preparados, y fortalecer a las entidades que integran el sistema nacional de innovación. Los desafíos son muchos y requieren de tiempo para dar resultados. El contexto económico ha sido favorable en los últimos años, y se han acumulado experiencias valiosas en el manejo de recursos para innovación, ciencia y tecnología. Es posible que el contexto siga siendo favorable por algunos años más, pero luego se tornará adverso. Se requieren medidas urgentes para aprovechar esta ventana de oportunidad, consolidar logros y abrir nuevos espacios de desarrollo.

* Escrito por Mario Bazán, Director Ejecutivo de FORO Nacional Internacional
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1 Dutta, Soumitra (ed.) (2011), The Global Innovation Index 2011: Accelerating Growth and Development, Fountainebleau: INSEAD.
2 Basado en Bazán, M. y F. Romero (2011), “Inversión pública en investigación y desarrollo en el Perú 2010”. Estudio realizado por encargo del BID. Lima: FORO Nacional Internacional.

lunes, 1 de agosto de 2011

Asentando el Equipo de Gobierno

El discurso inaugural del Presidente Ollanta Humala permite anticipar lo que serán algunas líneas maestras de su gobierno. Expresó un claro deseo de cambio, con mucho mayor énfasis en inclusión social que los gobiernos que lo precedieron, pero respetando la estabilidad macroeconómica. No es fácil lograr un equilibrio que satisfaga ambos objetivos, pero tampoco es tan difícil como lo quieren hacer ver algunos partidarios del fundamentalismo de mercado, quienes se horrorizan ante la perspectiva de un Estado más activo y con mayor presencia en todo el territorio nacional.

Como toda iniciativa política, la cuestión está en los detalles. El problema central es el carácter inoperante del aparato estatal en todos sus niveles. Seguimos atados a una concepción restrictiva del gasto público, heredada de períodos de suma estrechez fiscal ya superados, que pone trabas de todo tipo al uso de los recursos estatales: prohibiciones para contratar personal, procedimientos complicados para modificar presupuestos, obstáculos para compras estatales, limitaciones para realizar estudios de factibilidad para inversiones, y controles para evitar la corrupción que son tan engorrosos como ineficientes.

Más que cambiar cuadros en el organigrama del Poder Ejecutivo, el nuevo gobierno deberá agilizar el funcionamiento del aparato estatal, estableciendo nuevos procedimientos, sistemas de seguimiento, evaluaciones continuas y gestión por resultados. Como esto no es posible hacerlo en todo el aparato público de un golpe, será necesario elegir algunos programas piloto a la brevedad posible, instaurando una cultura de aprendizaje que permita diseminar las buenas prácticas sin demora.

El discurso presidencial combinó planteamientos generales con propuestas en detalle, pero tuvo algunos vacíos. El más notable fue la ausencia de planteamientos sobre ciencia, tecnología e innovación. Más importante que la creación de un ministerio, que fragmentaría aun más el Poder Ejecutivo y aislaría a la investigación científica y tecnológica en un gueto burocrático, hubiera sido conveniente reiterar su propuesta de aumentar la inversión en este campo de 0.12% a 0.7% del PBI, además de proponer medidas sobre la formación de recursos humanos altamente calificados.

Otro aspecto que hubiera requerido mayor elaboración es la creación del Consejo Económico y Social, que como mencionó el Presidente Humala tomará como base las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Este nuevo Consejo debería estar vinculado directamente al Centro de Planeamiento Estratégico, con el fin de darle contenido técnico y analítico a las propuestas de política que se discutirán en él. Por otra parte, es necesario mantener el carácter independiente del Acuerdo Nacional, a fin de preservar su capacidad de concertar, de mostrar que es posible hacer política sin confrontación, y de proporcionar un espacio de encuentro para una amplia gama de instituciones, entidades y fuerzas políticas que no están necesariamente representadas en el Congreso, el Poder Ejecutivo o en otras instancias de gobierno.

Por último, el nuevo gabinete combina personalidades muy diversas, algunos con amplia experiencia en política y gestión pública, y otros con extensa trayectoria en otros ámbitos de la vida nacional. Esto indica que los primeros seis meses del nuevo gobierno serán un período de ajustes para asentar el equipo de gestión, de limar asperezas y conciliar estilos de trabajo, y también de exploración, prueba y aprendizaje para los ministros y el Presidente. Tengo confianza en que todos ellos estarán a la altura de las circunstancias.

* Elaborado por Francisco Sagasti, Investigador Primario de FORO Nacional Internacional

lunes, 25 de julio de 2011

Señor Estado, Caballero, pague sus deudas

Es bien sabido que un país que no paga sus deudas a los acreedores internacionales pierde credibilidad en la comunidad financiera internacional, deja de ser un sujeto de crédito y se convierte casi en un paria. En pleno siglo 21, sería inimaginable que siquiera se considere dejar de pagar obligaciones de la deuda externa. Pero, de la misma manera, hay consecuencias reales en el frente interno cuando el Estado incumple; lamentablemente, no les hemos dado importancia. Un Estado que por largos años no cumple los compromisos, financieros y otros, asumidos con sus propios ciudadanos también pierde credibilidad y ahonda la crisis de legitimidad que deriva, finalmente, en problemas de gobernabilidad democrática.

Una parte de este pasivo financiero que arrastramos desde hace varias décadas ha saltado a la vista en la última semana. El contexto político ha determinado que las medidas del gobierno saliente con respecto a las reparaciones individuales a las víctimas del conflicto interno y a los tenedores de bonos de la reforma agraria sean vistas con desconfianza. Desde una perspectiva de corto plazo pueden entenderse (justificadamente) como "bombas de tiempo" para el nuevo gobierno que iniciará Ollanta Humala en pocos días, pero es innegable que desde una mirada de largo plazo constituyen pasos valiosos para la relación entre sociedad y Estado.

A partir del 16 de julio, el Gobierno inició la entrega de reparaciones económicas individuales de 10.000 soles, a viudas y padres de las víctimas del terrorismo. Desde hace casi una década la decisión había sido postergada a pesar de tener el reconocimiento oficial como un paso básico para la reconciliación y la paz en el país, particularmente en zonas afectadas por las diversas formas de exclusión.

Sin embargo, el Estado no sólo adeuda a los grandes bancos internacionales y a las víctimas de la violencia terrorista, sino a muchos otros actores. El Congreso aprobó la semana pasada un proyecto de ley, para finalmente honrar bonos impagos de 1970, por más de US$1.000 millones, para los hacendados expropiados de la reforma agraria del gobierno del General Juan Velasco. Ya hace unos años el Tribunal Constitucional había determinado que dicha deuda debía ser honrada.

Estos últimos proyectos han generado controversia, se ha entendido que no se debió esperar hasta el final de un mandato para empezar a actuar, porque generan una carga financiera desmedida para el próximo gobierno. La manera de manejar estos pagos, en todo caso, aún puede dialogarse y seguramente se puede llegar a fórmulas aceptables desde una perspectiva política como financiera, sin incumplir nuevamente con los acreedores, ni desequilibrar las finanzas públicas. Felizmente, estamos en el mejor momento de la historia reciente para asumir seriamente estas responsabilidades, dados los abundantes recursos que ha generado el crecimiento de los últimos años en el Tesoro Público.

Más allá de cuál gobierno deba resolver las deudas, lo importante es que el pago a los ciudadanos acreedores (sobre todo por temas sensibles políticamente) sea entendido de una vez por todas como una política de Estado que todos los gobiernos deban respetar, igual que todos en los últimos 20 años han respetado el pago de las deudas a acreedores internacionales. Además de los dos temas mencionados hay varios más pendientes, incluyendo las deudas millonarias del Estado al seguro social que afectan la viabilidad de las pensiones de millones de peruanos. En un país realmente democrático, ninguna de estas deudas debería considerarse insignificante, ni menos respetable que las deudas a los actores externos.

* Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda: PERÚ de FORO Nacional Internacional

lunes, 18 de julio de 2011

Dilemas y oportunidades para comunicar el cambio

Algunos gobernantes llegan al poder generando expectativas de grandes cambios. Por eso, al poco tiempo de iniciar sus gestiones, enfrentan la tensión entre la promesa de campaña y los resultados que ese cambio efectivamente va trayendo a la población. El caso de Barack Obama y sus dificultades para resolver esta tensión ayuda a analizar los desafíos que empieza a afrontar la alcaldesa de Lima.

Este paralelo se resume en tres ideas centrales. Primero, toda propuesta de cambio genera expectativas difíciles de manejar en el plano político, pero son las resistencias al cambio las que confrontan con más severidad. Al plantear la reforma del sistema de salud, Obama falló comunicando pobremente los beneficios de cubrir a toda la población —no sólo en términos de solidaridad en una sociedad cada vez más desigual, sino en los beneficios económicos de aumentar la escala del sistema con el potencial de reducir precios a mediano plazo. Más éxito tuvo la campaña concertada que buscaba introducir el miedo en la población ya cubierta, sobre la posibilidad de perder parte de sus beneficios actuales. Esto implica estar más atento a lo que los grupos de interés puedan planear para oponerse, a fin de no encontrarnos sin respuesta. Los que van a perder con el cambio generalmente se organizan mejor, identificarlos es crucial para responder con argumentos claros.

Segundo, la idea del cambio funciona bien en la campaña y, no importa cuán comprometido se esté, resulta etérea y difícil de comunicarla durante el gobierno. Obama propuso un gran cambio a la sociedad norteamericana. Movilizó a las organizaciones sociales para buscar recursos, diciendo que no lo capturarían los grandes intereses a través de sus aportes. Así, una de sus mayores dificultades ha sido justificar la necesidad del rescate a grandes bancos y corporaciones en medio de una de las mayores crisis financieras, habiendo prometido en su campaña priorizar la situación de la clase media.

La solución empieza por establecer una línea de base, no sólo para fines de compararse con la gestión anterior, sino sobre todo para comunicar a la población cuales son las áreas donde se apreciará el cambio en el futuro. Obama heredó la peor crisis financiera después de 1930, causada por varios factores de responsabilidad directa de la gestión anterior—regulación laxa y tasas de interés históricamente bajas por varios semestres. Evitó confrontar sistemáticamente a la gestión anterior, con el fin de lograr acuerdos bipartidistas. Al centrar su objetivo de política en reducir la tasa de desempleo (que ha permanecido en niveles de 9%) eligió no seguir la estrategia fácil de responsabilizar al gobierno anterior, en cambio se impone una medida de su éxito o fracaso de cara a la reelección.

Tercero, proponer un cambio no significa cerrarse a las oportunidades del pragmatismo político, tras una reflexión cuidadosa para no traicionar los principios. La reforma de salud de Obama tuvo un largo recorrido con marchas y contramarchas, concesiones y caída de popularidad. Cedió en temas sensibles como el referido al apoyo público a organizaciones de planificación familiar, con el fin de lograr el apoyo de congresistas Republicanos. Sin embargo, ha introducido las reformas que hasta ahora constituyen los principales logros de su gestión: protección de los usuarios frente a malas prácticas de las compañías de seguro, el “mandato individual” compulsivo para lograr la cobertura universal y la cobertura de los hijos menores de 26 años por la póliza de los padres, entre otros.

Por esta razón, el gobernante debe saber regresar a sus bases y principios en los momentos más críticos de la gestión. Guardando las dimensiones y distancias, la gestión de Susana Villarán enfrenta tensiones similares para hacer efectiva la idea de cambio que propuso a los limeños. Hasta el momento, ha venido reaccionando a las críticas, pero aún no ha logrado articular una estrategia para resolver el dilema entre la promesa de cambio de la campaña y los resultados que este cambio va a traer a la población de Lima. Reflexionar sobre cómo ha venido enfrentando Obama estos desafíos puede ser útil para terminar de diseñar esta estrategia y permitir que Susana Villarán recupere la iniciativa para inspirar a una ciudad tan grande y diversa como Lima.

* Elaborado por Fernando Prada, investigador asociado de FORO Nacional Internacional.

lunes, 11 de julio de 2011

El Estado, el gran responsable del “No” a la minería

A primera vista, un observador externo podría concluir que somos un país lleno de gente irracional que boicotea su propio desarrollo. En Puno, los grupos aimara y quechua piden enérgicamente el cese definitivo de las concesiones mineras en su región. En varias otras regiones, cada vez más grupos sociales expresan una fuerte oposición a cualquier actividad extractiva en sus territorios. Pero, al mismo tiempo, todos somos parte de un país donde la minería es responsable de hasta un 75% de las exportaciones y casi 20% del PBI, y donde el canon minero aportará este año más de 4 mil millones de soles a los gobiernos regionales y locales. Simplemente, no podríamos prescindir de ella en ningún plazo previsible.

Sin embargo, los peruanos que rechazan las actividades mineras no están locos ni mucho menos. Lo que ocurre es que los grandes beneficios de la minería no llegan a todos por igual, y demasiadas veces son totalmente invisibles para las mismas comunidades locales que ven cómo la extracción hace ricos a unos pocos y degrada su medio ambiente, patrimonio cultural, recursos y calidad de vida de manera irreversible. Así, en plena bonanza (donde la minería ha crecido más de 200% en las últimas dos décadas) hemos llegado a una situación de enfrentamiento entre Estado, comunidades y sector privado. Según nos lo confirman diversos líderes y expertos que venimos entrevistando, ello no solo se debe a actores con nombre propio sino, ante todo, a las debilidades institucionales y falta de visión de largo plazo del Estado.

Esta situación no es solo un pleito entre empresas y comunidades. El Estado tiene la gran responsabilidad de encontrar soluciones en estos temas pero, más bien, las autoridades políticas exacerban las diferencias. Por un lado, varios gobernantes de turno han asumido una actitud confrontacional y carente de sensibilidad social y cultural en un país diverso (a la cabeza, el Presidente García burlándose de los "panteístas" que "adoran cerros"). Antes que mediadores frente a los descontentos, en años recientes muchas autoridades regionales y locales se han mostrado impotentes o ausentes, y el gobierno central ha ejercido poca autoridad legítima y ha sido percibido como representante de algunos intereses privados. Como anota el economista Miguel Santillana del Instituto del Perú, en los últimos años el gobierno "no es percibido como neutro en los conflictos entre empresas y comunidades, y es ahí donde (el Estado) debería tener más presencia y legitimidad".

El malestar de la sociedad ante las consecuencias de la minería es justamente producto de una persistente falta de legitimidad del Estado que viene de mucho tiempo atrás. Esta se debe en buena medida a la escasa capacidad de prevención y solución de conflictos, a la falta de planificación para asignar recursos equitativamente y a la ineficiente ejecución de presupuestos que han crecido notablemente pero no tienen el impacto esperado. Y, en muchos casos, a la ausencia total del Estado en pleno siglo 21, lo cual hace que muchas comunidades exijan de la empresa privada bienes y servicios que debería proporcionar el Estado. Todos los entrevistados, desde sus distintas perspectivas, enfatizan la gravedad de que se siga posponiendo una verdadera reforma del Estado.

Para el economista Javier Iguíñiz, la falta de reforma no es casual y lo que hay es un Estado capturado y debilitado por grupos de poder. Como consecuencia, el Estado está muy sesgado a favor de esos grupos en temas como la protección del medio ambiente, donde la población siente justificadamente que es un Estado ajeno a sus demandas. Agrega: "Es un Estado que ha tomado partido y eso es lo que hace que muchos conflictos se deriven en violentos".

Además de fortalecerse institucionalmente, para legitimarse frente a las comunidades el Estado tiene como gran pendiente establecer políticas que promuevan mejoras en el modelo de crecimiento económico. Según, Vladimiro Huároc, ex presidente regional de Junín, el origen de los conflictos medioambientales es la sensación de parte de determinados actores sociales de estar excluidos de la dinámica de crecimiento y desarrollo económico. Agrega que a esto se le suma una débil política minera y medioambiental, bajo la cual se han articulado políticas "de manera oportunista e improvisada de parte del Estado, cuando se debería apuntar hacia la eficiencia".

Para Willy Torres, asesor de la REMURPE, existe un amplio rechazo al modelo meramente "extractivista" y esto genera amplias dificultades al sistema democrático. Anota que: "Hay mucha responsabilidad por parte del Estado, si se revisa el mapa de concesiones mineras del MINEM se corrobora que el 70% del territorio esta de alguna manera concesionado por 10 ó 20 años y eso deja pasivos ambientales muy fuertes". En este sentido, José Ricapa del MOCICC agrega: "Hay un aparente desarrollo amplio, pero la gente más pobre ve sus tierras y sus recursos elementales afectados y no ve como ese supuesto crecimiento los beneficia".

Mirando al próximo lustro, lo que se requiere no es sólo mayor sensibilidad, responsabilidad y liderazgo de las nuevas autoridades ante los conflictos emergentes. Es preciso iniciar una reforma del Estado que apunte a legitimarlo ante todos los peruanos, particularmente aquellos que hoy asumen posiciones extremas al sentirse excluidos de los beneficios del crecimiento.

* Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador, y Pasko Kisic, asistente de investigación, del programa Agenda: PERÚ.

lunes, 4 de julio de 2011

Alan García teje su leyenda, la realidad va enmendándole la trama

Alan García será presidente por sólo 23 días más y, ante todo, está preocupadísimo por concluir las obras monumentales que ha impulsado en Lima. Al parecer, siente que estas mantendrán su presencia permanente y acaso lo ayudarán a conservar su vigencia en la capital, ya que no en todo el país. Que si el Cristo de Chorrillos o la extraña estructura arquitectónica del flamante Ministerio de Educación, el primermundista Estadio Nacional o el Tren Eléctrico construyéndose contra el tiempo nos lo estarán recordando siempre, no cabe duda.

Lo que también, y a su pesar, será una parte de la historia más elocuente que la leyenda es lo que lo perseguirá como un doloroso pasivo. A la multiplicación de los conflictos socio-ambientales, que no merecieron una mejor atención de su gobierno y más bien resultaron exacerbados con su filosofía del "perro del hortelano" (y que a decir de él mismo le están enviando un mensaje a Humala); se suma la preocupante inacción frente al cambio climático con sus consecuencias dramáticamente visibles en la vida de los pobladores alto-andinos y una lucha que sólo obtuvo victorias parciales en materia de superación de la pobreza.

Aún cuando las cifras oficiales sean halagadoras, en los poblados rurales más altos de la sierra la verdad se revela en los rostros nuevamente frustrados de esos peruanos en cuya vida nada, o casi nada, se ha movido para mejorar su condición de ciudadanos de última clase. Los esfuerzos por acercar a esa población al Perú oficial, anunciados en la campaña de 2006, se quedaron sólo en eso, y así la mejor focalización de los programas sociales y la verdadera inclusión siguen siendo una difícil tarea pendiente. Por lo demás, los niños siguen atravesando helados cerros durante horas para acudir a escuelas que son, en demasiados lugares, todavía unidocentes. Los centros de salud siguen carentes de profesionales y medicamentos. La descentralización, que debe aportar al avance en estos ámbitos, no ha superado nudos de transferencia y de gestión, impidiendo que los Gobiernos Regionales, hoy con muchos más recursos, hagan una labor eficiente.

Alan García ha dicho que los viejos problemas del Perú no se resuelven en cinco años y no hay cómo contradecirlo. Pero es verdad también que se le ha pasado la mayor oportunidad de toda la historia republicana de mejorar sustancialmente la vida de los más pobres. Su gestión tiene cifras para el aplauso, pero no entre los peruanos a los que no llegó el Estado por vivir en las cumbres de nuestra geografía desafiante y que por eso mismo votaron por el cambio. Lamentablemente, es difícil que se repita la espectacular ola de crecimiento de estos años, los vaivenes empiezan a amenazar las economías que en su descomunal impulso arrastraron al Perú hasta la admiración en plena crisis. De haberse preocupado que el crecimiento económico se convirtiera en desarrollo y que llegara a todos los peruanos, el segundo gobierno de Alan García habría resultado en verdad memorable y no necesitaría despedirse hilvanando afanosamente su leyenda, porque los hilos de la historia hubieran tejido una hermosa trama.

* Elaborado por Zenaida Solís, Consultora del programa del programa Agenda: PERÚ de FORO Nacional Internacional.

lunes, 27 de junio de 2011

Sangre nueva, problemas viejos

La gobernabilidad democrática del país aparece nuevamente como un asunto político urgente, ya no como preocupación académica. En el Día del Campesino tuvimos que lamentar seis muertes en el intento de toma del aeropuerto de Juliaca. Este conflicto social, relacionado con la contaminación del río Ramis (a causa de la minería informal), es sólo uno de muchos que se han tornado violentos últimamente. En Puno mismo, reclamos de pobladores aimara relacionados con la minería formal paralizaron todas las actividades económicas más de un mes.

Más allá de la particular coyuntura post-electoral y de la inacción de las autoridades de turno, hay que hacer notar, sin embargo, que no estamos ante un problema nuevo sino ante la vieja incapacidad las instituciones peruanas para procesar las demandas sociales. El diagnóstico que hiciéramos en los años noventa en Democracia y Buen Gobierno resulta perturbadoramente vigente hoy en 2011. Allí enfatizábamos una crisis institucional caracterizada por un "desfase entre la capacidad de las instituciones para organizar y responder a las demandas sociales, económicas y políticas de la población, y la multiplicación de estas demandas que tuvo lugar en los últimos decenios debido al rápido crecimiento de la población y a la menor disposición de las personas para seguir tolerando injusticias".

Es cierto que, ante la falta de institucionalidad, muchas organizaciones de base y manifestantes recurren con suma facilidad a la protesta violenta, disruptiva, y muchos mantienen discursos extremos sin cabida para el diálogo. El nuevo gobierno tendrá un doble desafío en este campo. Primero, resolver de manera democrática los reclamos ya existentes, sobre todo aquellos que han devenido en conflictos violentos o están cercanos a serlo. Segundo, con visión de largo plazo, establecer qué hace falta para que las entidades públicas, privadas y de la sociedad civil puedan atender de manera eficaz y democrática los reclamos sociales.

Fortalecer las capacidades del Estado es un objetivo importante pero, tanto como eso, es promover la institucionalidad y representatividad de la sociedad civil organizada. Ningún gobierno reciente se ha preocupado de hacerlo y, a todas luces, representa un factor crucial para la gobernabilidad democrática. Nuestras entrevistas y consultas revelan, más bien, que desde las organizaciones sociales se percibe una creciente criminalización de la protesta que ha ido de la mano con insensibilidad hacia los reclamos, sobre todo aquellos con connotaciones culturales.

La sociedad civil se ha fortalecido pero aún falta mucho para canalizar adecuadamente los reclamos desde las comunidades. Las organizaciones existentes aún no llegan a representar la diversidad de intereses de nuestra sociedad, sostener a movimientos más amplios (más allá de causas coyunturales), ni a articularse con partidos políticos, que a su vez siguen en crisis. Alentar estos cambios debe estar en la agenda pendiente del nuevo gobierno.

*Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda: PERÚ

lunes, 20 de junio de 2011

Gobernar para todos: Difícil pero no imposible

El presidente electo enfrenta el desafío enorme de gobernar para todos. La gran división que el proceso electoral nos arrojó a la cara hará difícil, esperemos no imposible, alcanzar el equilibrio. Resolver las grandes brechas que saltaron a la vista—entre Lima y el interior, entre los que se benefician del crecimiento y los excluidos, y tantas más—no será tarea de corto plazo.

El nuevo gobierno tiene la responsabilidad de explicar a la ciudadanía que no es posible mejorar sustancialmente de la noche a la mañana. Deberá generar confianza en que hará todos los esfuerzos para avanzar en la dirección que el electorado ha señalado. Es decir, trazar un horizonte de esperanzas al cual podamos llegar mediante el crecimiento, como hasta ahora, pero con inclusión y desarrollo.

Como parte del programa Agenda: PERÚ, hacia fines de los años noventa realizamos una serie de investigaciones y consultas sobre gobernabilidad democrática que culminaron con la publicación de Democracia y Buen Gobierno. Este libro planteó que un país realmente democrático requiere de una sociedad civil activa, con economía competitiva y Estado representativo y eficiente. Hoy, actualizando el diagnóstico más de una década después, comprobamos la nítida vigencia de nuestro planteamiento.

Un balance preliminar de consultas recientes evidencia que hay consenso acerca de la escasa legitimidad y falta de capacidades del Estado: en la gestión eficaz y transparente de los recursos, en la prevención y resolución de conflictos, en la provisión de infraestructura y de servicios básicos de calidad. Por el lado de la economía, subsiste la informalidad, el empleo precario y la dependencia de la explotación de los recursos naturales.

Finalmente, diversos actores consultados consideran que la sociedad civil se ha fortalecido modestamente desde la transición democrática, pero las organizaciones existentes aún no son del todo representativas de nuestra diversidad. Peor aún, para otros, hemos retrocedido en los últimos años en tanto el Estado ha criminalizado las protestas y debilitado a las organizaciones de base.

En una entrevista reciente, le preguntamos al sociólogo Julio Cotler qué hacer para evitar en cinco años otro proceso electoral similar al que culmina. Para él, es crucial empezar a llegar a la opinión pública y "difundir estos problemas, plantearlos y proponerles salidas, sabiendo que no se van a resolver a través de decretos, pero comenzar a hacerlo ya". Agrega: "Hay que decirle a la gente que esto es largo, incierto, difícil. Que no vengan a decir que lo quieren resolver radicalmente en 24 horas ni en cinco años".

Preguntamos si hay un referente, menciona a Brasil: "Esa fue la historia con Lula. Brasil es el país más desigual de América Latina, y la pregunta que debemos hacernos es por qué con un crecimiento económico moderado el presidente tuvo un 80% de aprobación, mientras que en el Perú, con un crecimiento económico altísimo, el presidente tiene los más bajos niveles de aprobación. Es porque en Brasil se abrió un horizonte de esperanzas, de mejoría y de respeto; aquí en cambio nos dicen que somos perros del hortelano". La pregunta es, ¿estará Humala, realmente dispuesto a hacer algo similar? Por el bien del país, esperamos que sí.

* Elaborado por Gonzalo Alcalde y Zenaida Solís, investigadores de FORO Nacional Internacional

lunes, 13 de junio de 2011

Momento preciso para el relanzamiento

En FORO Nacional Internacional pensamos que el país requiere un diálogo amplio sobre estrategias de desarrollo y gobernabilidad democrática, y que esto es particularmente necesario en este tiempo electoral. Buscando hacer nuestra parte, hemos decidido compartir mediante una nota semanal nuestros puntos de vista, hallazgos y reflexiones, dentro del marco del programa Agenda: PERÚ, que hemos relanzado, siempre con el bicentenario de nuestra independencia el 2021 como meta.

Dos décadas atrás empezamos en Agenda: PERÚ la tarea de diseñar una estrategia de desarrollo a largo plazo. Luego de varios años de investigación y producir un libro ampliamente difundido sobre Democracia y Buen Gobierno, iniciamos una etapa de propuestas y planteamientos señalando el rumbo que debía seguir el Perú hasta el 2021. Organizamos reuniones de trabajo, talleres, seminarios, conferencias, grupos de enfoque y encuestas de opinión; procesos de consulta con expertos y ciudadanos, propios de nuestro método de trabajo. El resultado fue el informe final PERÚ: Agenda y Estrategia para el Siglo 21 que presentamos en diciembre de 2000, justo al comenzar una nueva etapa en el país: pocos días después de la fuga de Alberto Fujimori hacia el Japón y la instalación del gobierno provisional de Valentín Paniagua.



A más de once años de publicado el informe final, el Perú ha avanzado más de lo que vaticinaban los pesimistas y menos de lo que esperaban los optimistas. En el campo económico llevamos una década de crecimiento continuo, tenemos muchas más oportunidades, la inversión privada ha crecido significativamente, la pobreza ha empezado a reducirse y también han mejorado las condiciones sociales para muchos peruanos y peruanas. Sin embargo, el país mantiene grandes zonas de pobreza extrema, sobre todo en el Centro-Sur, han aumentado las desigualdades de ingresos y oportunidades, se han multiplicado las protestas sociales (llegando a tornarse sangrientas en ocasiones, como en Bagua en 2009), persisten las fracturas sociales y el sistema político sigue dando muestras de una peligrosa fragilidad que amenaza la consolidación de la gobernabilidad democrática.

En FORO Nacional Internacional, hace un año iniciamos la revisión de las propuestas de Agenda: PERÚ, y hemos ido incorporando temas cuya pertinencia en el desarrollo ha aumentado. Tras cumplirse un decenio de publicado nuestro informe final —la mitad del plazo que considerábamos necesario para mostrar resultados significativos para el desarrollo— retomamos los procesos de análisis, consulta y diseminación, de tal forma de asegurar consensos operativos alrededor de las propuestas y planteamientos por parte de una amplia gama de actores sociales; todo lo cual compartiremos a través de nuestra nota semanal que empezamos a publicar desde hoy.

El proceso de aprendizaje social que emprendió nuestro país luego del colapso del Fujimorato, unido a una coyuntura económica internacional mayormente favorable, nos ofrece una oportunidad sin precedentes para dejar de ser el país de las oportunidades perdidas. Aprovecharla esta vez requiere el esfuerzo conjunto de toda la sociedad peruana, y en particular de quienes estudiamos la realidad y sus perspectivas. Sin embargo, quienes ejercen el liderazgo político tienen la principal responsabilidad de no desperdiciar, como ha sucedido en varias ocasiones en la historia, esta extraordinaria oportunidad, que podría acabar en el corto plazo.

Esperamos que, con el concurso de todos, esta vez el Perú pueda convertirse en un país en el que haya espacio para todos.

* Elaborado por Gonzalo Alcalde, investigador y Zenaida Solís, Consultora asociada de FORO Nacional Internacional