Preocupación por la gobernabilidad democrática

A la luz de los hallazgos de nuestra consulta sobre gobernabilidad democrática iniciada hace un año, consideramos preocupantes los últimos cambios y medidas del gobierno del Presidente Ollanta Humala, incluyendo la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros por estar en desacuerdo con un aparente cambio de rumbo. Tanto los expertos y líderes consultados por nosotros, como las publicaciones de la última década, coinciden en la persistente fragilidad de nuestra democracia y, más específicamente, en la necesidad de una mejor relación entre el Estado y la sociedad civil organizada para consolidar las prácticas y la gobernabilidad democrática. Hoy, más bien, parecemos estar en el umbral de un período de creciente enfrentamiento, tensión e incluso de rupturas en esta relación que es fundamental para la democracia.

La carta de renuncia de Salomón Lerner sugiere que el gobierno ha entrado a una nueva etapa en el manejo de los conflictos sociales, alejándose del diálogo y acercándose a la “mano dura” y el manejo vertical de las disputas. El estado de emergencia declarado en Cajamarca y el ingreso del Ministro del Interior, un militar en retiro, como Presidente del Consejo de Ministros parecen confirmar esto.

Por su parte, nuestro diagnóstico de la gobernabilidad democrática nos dice que el crecimiento económico y los avances de los actores de la sociedad civil en términos de impacto político y social son innegables, pero difícilmente se llega a una evaluación positiva al analizar a la sociedad civil en conjunto. Todavía estamos muy lejos de una sociedad civil organizada activa, sostenible y representativa de intereses diversos en todo el territorio, y que sea ampliamente entendida como un elemento clave para garantizar la gobernabilidad democrática. Estamos más lejos aún de contar con partidos políticos organizados, activos y eficaces, que sean capaces de canalizar las demandas de la ciudadanía hacia las instancias de gobierno local, regional y nacional.

La sociedad civil organizada es necesaria para la democracia, y es importante que se fortalezca. Sin embargo, hay diversos factores que estarían frenando su desarrollo. Quizás el más urgente y grave sea el papel del Estado bajo gobiernos recientes, que es visto por muchos como represor violento y como defensor de los intereses de ciertos grupos económicos, en detrimento de la sociedad civil y de las comunidades. Esta ha sido la principal crítica al gobierno de Alan García en el tema de la democracia. Justamente, ha sido fuera de Lima y en las zonas de mayor pobreza donde, además de presentarse un aumento alarmante de conflictos sociales y ambientales, se ha expresado en tiempos electorales el deseo de un cambio en las relaciones entre la sociedad civil y las comunidades y el Estado.

La “mano dura” y el aparente alineamiento del gobierno actual con los intereses de la gran minería e inversión extranjera, constituyen un duro golpe para las expectativas de millones de peruanos que recibieron promesas de cambio, condiciones equitativas, y de diálogo. En un país donde las instituciones democráticas y la clase política están entre las más desacreditadas de América Latina, las promesas rotas no sólo afectan a los líderes actuales, sino que pueden quebrar la precaria gobernabilidad que con tanto trabajo y sacrificio se ha construido. Esperamos, por el bien de nuestra democracia, que se siga priorizando el diálogo, que se siga convocando a los actores representativos de las comunidades afectadas por las actividades extractivas, y que no haya ningún paso adicional hacia la militarización de los conflictos sociales.


* Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda: PERÚ

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Humala y la ficción del "hombre promedio"

Días atrás, el Presidente Ollanta Humala dio un discurso interesante en la presentación del Informe de Desarrollo Humano (IDH) 2011 del PNUD, el cual adquiere mayor relevancia con la coyuntura actual de agravamiento de los conflictos socioambientales. En el discurso resaltó, en línea con las conclusiones del IDH, que el principal problema que hoy enfrenta América Latina no es exactamente la pobreza, sino la desigualdad, y que esta debe mirarse de manera integral con el fenómeno del cambio climático y su impacto sobre los más pobres. Humala mostró entender la relación íntima que puede haber entre las amenazas al medio ambiente y la exclusión y desigualdad que afectan a muchos peruanos y latinoamericanos.

Al respecto, dijo que detrás de los grandes promedios que indican avances a nivel macro hay grandes desigualdades que persisten y evidencian que el "hombre promedio" mostrado en las cifras no existe en la realidad. Sentenció que "el hombre promedio no sale a la calle" a protestar, sino el excluido. Más bien, relacionó a los más de 200 conflictos sociales (217 en octubre, según la Defensoría del Pueblo) que afectan al país con esta desigualdad persistente, y con los grupos marginados que están luchando por "lo más básico" (la tierra y el agua), así como la ausencia histórica de una sociedad justa e inclusiva.

Considerando el recrudecimiento de los conflictos sociales en los últimos días, cabe resaltar que las frases acerca del hombre promedio inexistente, el que no sale a la calle, no aparecen en la transcripción oficial del discurso que se encuentra en la página web de la Presidencia de la República. Sí aparece, sin embargo, lo que dijo acerca de la escasa incidencia del (mayor) gasto público en el desarrollo, de la necesidad de transformar los programas sociales y que sean verdaderos escalones para que los ciudadanos salgan definitivamente de la pobreza, y de llevar al Estado al interior del país, donde la economía ilegal e informal frecuentemente predomina.

Varios analistas vaticinaron que la primera gran prueba del nuevo gobierno sería cuando reaparezcan diversos conflictos sociales y se tuviera que demostrar que es posible ser favorable a las inversiones mineras y, a la vez, respetuoso de la voluntad de las comunidades del interior del país, muchas de las cuales exigen simplemente un cese definitivo de las actividades mineras. Hoy hay conflictos socioambientales significativos que se han agravado en Huaraz, Cajamarca y Andahuaylas y el país espera, además de una mejor capacidad de concertación y negociación que el gobierno anterior, medidas concretas de largo alcance que pongan en la práctica este entendimiento de la delicada relación entre lo ambiental y la exclusión que el presidente demostró a inicios de mes en su discurso en el PNUD.


* Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda: PERÚ

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La "no intervención" y la protección de la democracia

En la nota semanal anterior describimos, sobre la base de lo discutido en la conferencia "La Preservación y Promoción de la Democracia en las Américas" del 12/9/2011, cómo ahora se busca que la Carta Democrática Interamericana (CDI) tenga mayor énfasis en la inclusión social. Sin embargo, hubo otro punto recurrente, y más controvertido, en las intervenciones en dicho foro. Al no implicar acuerdos vinculantes ni establecer bases claras para actuar frente a situaciones donde se "altere" el orden democrático, ¿realmente sirve la CDI para defender a la democracia en América Latina?

La mayor cantidad de las críticas a la carta y a las organizaciones que se apoyan de alguna manera en sus principios (como la CAN, OEA y UNASUR) van en torno a la capacidad de hacerlos respetar. Es decir, para muchos no son viables estas organizaciones si no pueden hacer respetar su voluntad ni principios, frente a actores y prácticas que afectan la democracia.

No intervenir en los asuntos internos de sus vecinos es un principio que rige las políticas exteriores de los países latinoamericanos. Por ello, es difícil que la CDI pueda convertirse explícitamente en un instrumento de resolución de situaciones donde se quiebra el orden democrático. Como afirma Diego García Sayán, la CDI constituye un sistema de prevención antes que de solución, más aún cuando algunos temas de la Carta no están bien definidos; por ejemplo, el concepto de "alteración del orden democrático".

En realidad, no hubo señales de que se quiera consolidar a la CDI como base para resolver situaciones de crisis. El Presidente Humala resaltó, más bien, su importancia como espacio de diálogo interamericano y la necesidad de fortalecerla como tal. Jose María Insulza, afirmó por su parte que la CDI no fue concebida para aplicarla a "infractores" sino que es un programa político-democrático que expresa lineamientos compartidos. También para Adalid Contreras, Secretario General de la CAN, la CDI es un instrumento dirigido a prevenir posibles rupturas que afecten al orden democrático. Agregó que, si bien la CDI no implica acuerdos vinculantes, sí implica la legitimidad de estos valores democráticos para los países miembros y las organizaciones multilaterales.

Repetidamente se expresó la preocupación acerca de si hay alguna forma práctica de hacer respetar y seguir los principios de la CDI frente a intentos de desestabilización democrática. Sin embargo, queda claro que no hay intención mayoritaria entre los gobernantes de los países miembros, ni los dirigentes de entidades internacionales de que la CDI evolucione en dicha dirección. Por lo visto en este importante foro, como espacio de diálogo y como herramienta de prevención en favor de la democracia, la CDI podrá orientarse cada vez más en los próximos años hacia la inclusión social, pero difícilmente hacia convertirse en un instrumento para hacer cumplir los principios democráticos.

Sin embargo, cabe recordar que nuevas iniciativas suramericanas, como la de la UNASUR, sí apuntan a utilizar los principios de la CDI, más no la carta misma, como mecanismos vinculantes progresivos, que vayan desde las sanciones discursivas hasta las económicas y financieras. La evolución de estas medidas en defensa de la democracia es un punto que las naciones americanas tendremos que vigilar bien, en un contexto en el cual las relaciones internacionales se fortalecen y pesan más en nuestros sistemas nacionales.


* Elaborado por Pasko Kisic, consultor, y Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda: PERÚ.

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Un nuevo consenso suramericano por la inclusión social

Al mismo tiempo que Ollanta Humala asumía el poder el último 28 de julio, la más reciente cumbre presidencial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) produjo una importante declaración final que puso en primer plano el objetivo de los 12 países de luchar contra la desigualdad, logrando la inclusión social y reduciendo la pobreza. En las siguientes semanas, el Presidente Humala también ha declarado a la inclusión social como gran objetivo de su gobierno.

Se afirma que esta debe ser más que una declaración de principios, y la Unasur buscaría profundizar un plan para establecer la agenda conjunta de acciones sociales prioritarias. En ese sentido esta declaración puede entenderse como una gran oportunidad de cambio, al constituir la confirmación a nivel oficial, de un consenso regional emergente por la igualdad social y redistribución como contrapartes necesarias al crecimiento y a un manejo macroeconómico responsable.

Los países de la región, antes que mantenerse en la ortodoxia liberal o virar hacia opciones de cambio radical, parecen estar optando por el modelo centrista establecido en las últimas décadas por Brasil y, en menor medida, Chile, donde el manejo económico ortodoxo va de la mano de políticas redistributivas y programas sociales que no se detienen en las medidas focalizadas o transitorias, sino que asumen un derecho universal a ciertos beneficios. Esta combinación de manejo económico y social queda particularmente clara en el discurso del nuevo gobierno en Perú hasta la fecha.

A nivel del discurso oficial, entonces, estamos cada vez más lejos de la noción vigente en los noventa de que la mejor política social es una buena política económica. Hoy cada vez más se perciben como ámbitos complementarios pero con una lógica y motivaciones particulares en cada uno. El gasto social de los gobiernos, antes que el simple crecimiento económico, empieza a verse nuevamente como el principal instrumento para mejorar la distribución del ingreso. En este sentido, las cifras de la CEPAL indican que hubo poco crecimiento en el gasto social de los países suramericanos (como porcentaje de sus PBI) por gran parte de la última década.

Mientras que en años anteriores parecía crecer la nueva demanda popular y a veces oficial por un quiebre radical con respecto al neoliberalismo y la economía global, algunas de las protestas recientes más visibles exigen cambios que encajan dentro del nuevo consenso. Las grandes protestas en Chile en julio y agosto 2011 por la universalización del acceso gratuito a la educación superior, por ejemplo, no reclaman cambios en el modelo macroeconómico sino una reducción de la desigualdad, en general, y más concretamente medidas universalistas de política social que garanticen beneficios para toda la población.

Sin embargo, otras poblaciones sí siguen exigiendo cambios radicales y rupturas, y es preciso entender los desafíos que esto plantea para el nuevo consenso y una combinación de políticas más equilibradas. En el Perú, por ejemplo, varios episodios de descontento social que derivaron en violencia y muertes, desde Bagua en 2009 hasta recientes erupciones violentas en Puno en 2011, estuvieron acompañados por discursos de ruptura con el modelo económico vigente y de enfrentamiento con grandes intereses económicos. Según se informó recientemente, entre 2006 y 2011, fallecieron 191 personas en Perú a causa de conflictos de carácter socioambiental, la gran mayoría de ellos en zonas rurales. La falta de mecanismos de prevención y diálogo ha sido destacada por los medios, pero también cabe anotar la persistente situación de exclusión de carácter económico, social, político y cultural que afecta a los pueblos involucrados en estas disputas con el Estado.

Esto nos recuerda que, si queremos evitar este tipo de episodios, aún hay necesidad urgente de pensar en medidas y programas particulares que beneficien a grupos poblacionales que tienen dificultades crónicas para acceder a los bienes y servicios ofrecidos por los programas universalistas. No solo es cuestión de hacer más eficientes o eficaces los programas y políticas existentes. En el caso de Perú, sobre todo, queda claro que hay elementos de ubicación geográfica y de dispersión poblacional, pero también de factores culturales y maneras alternativas de entender y manejar la propiedad y las relaciones sociales, que pueden conducir a situaciones confrontacionales si es que no se mejora el entendimiento y las herramientas para atenderlos.

*Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del programa Agenda:PERÚ

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