Gobiernos que gasten mejor en 2021

Las capacidades de gasto e inversión de los gobiernos regionales siguen siendo insuficientes en un marco de crecimiento y de grandes necesidades sociales. Para fortalecerlas, es preciso contar con programas integrales de apoyo hechos a la medida de estas organizaciones. Existen ejemplos de este tipo de intervención, que complementaría los programas de carácter nacional en curso.

La Contraloría de la Nación informó en junio a la opinión pública que las regiones y municipios dejaron de ejecutar más de S/.6,500 millones en 2011. Esto significa que casi 40% de los fondos transferidos automáticamente por canon no fueron invertidos, acentuando el descontento y desconfianza en el Estado en las zonas de mayor pobreza del país.

Mirando hacia la próxima década y el hito del Bicentenario, nos encontramos con una paradoja que amenaza con acentuarse si se cumplen los mejores pronósticos económicos: el crecimiento deseado puede socavar la legitimidad del Estado donde se perciba creciente ineficacia e ineficiencia en la gestión pública. El desprestigio de las instituciones del Estado sigue siendo un gran desafío para el desarrollo del Perú, y una de las principales críticas ha sido esta poca capacidad para utilizar los recursos de manera eficiente—especialmente en los gobiernos regionales y locales. Hoy ejecutan más que antes (la inversión pública se quintuplicó entre 2005 y 2011), pero no pueden aprovechar todo lo que tienen disponible.

Debemos aprender urgentemente a administrar mejor esta relativa abundancia, la cual no va a durar para siempre. En el marco de las consultas sobre gobernabilidad del programa Agenda: PERÚ, Caroline Gibú de “Ciudadanos al Día” anotó que las debilidades de la gestión pública siempre se hacen más evidentes en un período de crecimiento y de presupuestos más holgados, como el actual. Se gasta más, pero el sector público “aún no está en condiciones de responder a ese crecimiento” y utiliza los recursos adicionales de manera ineficiente. La expansión acelerada de los presupuestos ha desbordado las capacidades de muchas instituciones, y algunos de los casos más críticos están en los gobiernos regionales: Puno ejecutó sólo el 27.4% de su presupuesto de inversiones en 2011.

Diversos programas se han implementado a nivel nacional y central desde años atrás para fortalecer la calidad de gestión e inversión sub-nacional. Por ejemplo, desde el año 2000 tenemos un Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que, a pesar de críticas a su rigidez también ha realizado esfuerzos de creación de capacidades y se ha adaptado parcialmente a la descentralización, así como programas de apoyo como PRODEV del Banco Interamericano de Desarrollo, que a través del Ministerio de Economía y Finanzas también ha atendido al nivel sub-nacional. Sin embargo, el impacto de estas iniciativas centrales no ha sido suficiente para poner a todos los gobiernos a la altura de los requerimientos de una época de rápido crecimiento.

En los próximos años, necesitamos mejorar y adecuar estos programas a nivel nacional, pero también complementarlos con intervenciones que atiendan los requerimientos específicos de gobiernos regionales y locales, así como de sectores clave.

Existen intervenciones innovadoras e integrales que permiten superar estas dificultades en un plazo corto y con un costo moderado, siempre y cuando exista la voluntad política para iniciar y sostener las reformas. Un ejemplo ilustrativo tuvo lugar en la segunda mitad de 2008, cuando se ejecutó un proyecto de reforma institucional a la medida de los requerimientos del gobierno regional de Junín, capacitando funcionarios y reestructurando el aparato de gobierno. El proyecto fortaleció la gestión y planificación del GR y fue coordinado por el centro de investigación peruano FORO Nacional Internacional y apoyado por la cooperación internacional. También contó con la colaboración y coordinación de los altos funcionarios del gobierno regional, lo cual fue clave para que la reforma tuviera un impacto real.

Durante 2007, Junín había ejecutado solo el 29% de su presupuesto de inversiones, dejando de ejecutar cerca de 120 millones de soles. Más aún, el porcentaje ejecutado se había reducido cada año a partir de 2004. Al término de la intervención, a fines de 2008, la ejecución había mejorado notablemente en términos relativos (51% de lo presupuestado) y absolutos (105 millones de soles, la mayor cantidad ejecutada hasta entonces). El proyecto contribuyó directamente a que la capacidad de ejecución aumente a partir de mediados de 2008, y que se mantengan niveles altos en 2009 y 2010. Las mejoras logradas permitieron invertir decenas de millones de soles adicionales, pero el costo de la intervención fue de aproximadamente US$200,000.

Reformar todo el aparato estatal en un decenio es casi imposible, pero sí es posible avanzar con reformas parciales y bien enfocadas como esta hacia un Estado legítimo y eficiente para el Bicentenario. Además del tema mencionado, también requerimos de medidas innovadoras que nos permitan mejorar la representación (desde los concejos municipales hasta el Congreso de la República), relanzar el proceso de descentralización y regionalización, y lograr que la participación ciudadana (por ejemplo, a través de los presupuestos participativos) realmente incida en las políticas públicas e involucre a grupos excluidos.

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* Elaborado por Gonzalo Alcalde, investigador asociado de FORO Nacional Internacional, Lima, Perú. Julio 2012

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Desafío urbano para el 2021

(publicado originalmente en Caretas 2217)


El crecimiento de las ciudades ofrece un conjunto de nuevas oportunidades, pero también presenta problemas y desafíos para la inversión pública y la planificación del desarrollo urbano.

En el año 2021 seremos un país aún más urbano y Lima seguirá siendo la única megaciudad peruana. Sin embargo, Callao, Trujillo y Arequipa también superarán el millón de habitantes, Chiclayo y Piura estarán sobre los 800 mil habitantes, Iquitos y Huancayo superarán los 500 mil habitantes. Cusco, Cajamarca, Pucallpa e Ica igualmente crecerán de manera acelerada, pero se mantendrán entre los 300 y 500 mil habitantes.

La población urbana en 2021 será del 78.9% del total y los casi 10 millones de limeños constituirán el 29.6% de todos los peruanos. Las ciudades emergentes concentrarán 24% de la población total del país, con lo que Lima y las siguientes nueve ciudades más grandes acogerán a más de la mitad de los habitantes.

Para 2021 habrá tres ciudades más con un millón de habitantes. El crecimiento de estas ciudades refleja un proceso similar al que viene ocurriendo en otros países latinoamericanos, donde hoy es menos marcada la primacía de la ciudad principal en relación a las siguientes en importancia. La expansión de los centros urbanos ofrece una oportunidad de desarrollo más equitativo, porque las ciudades pueden articular y potenciar el desarrollo de las regiones donde se encuentran, y traen oportunidades de crecimiento del sector inmobiliario, el comercio y algunas industrias que generan empleo. Al mismo tiempo, será necesaria una mayor inversión pública en servicios sociales urbanos, tales como transporte, agua potable, saneamiento, control de la contaminación, además de salud y educación, buscando anticipar la demanda futura.

En particular, la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado deberá ampliarse y renovarse de manera significativa en estas ciudades. Una persona requiere entre 20 y 50 litros de agua diarios para satisfacer sus necesidades básicas (bebida, limpieza, cocina), esto sin incluir lo que se utiliza en la industria y el comercio. Alrededor del 80% del agua se transforma en aguas negras que deben fluir por el sistema de desagüe y las alcantarillas de las ciudades. Numerosos distritos tendrán que renovar todo su sistema de agua y alcantarillado para responder a la demanda que genera el crecimiento de la población y la construcción de residencias. Adicionalmente, será necesario invertir en nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales para que no tengan un impacto negativos en los ríos, lagos y en el mar.

Durante los últimos años el número total de vehículos se incrementó en casi 6% anualmente, y seguirá creciendo en la medida que la población y los ingresos sigan aumentando. Si se mantiene esa tendencia, el parque automotor total pasaría de 69 a más de 100 vehículos por cada mil habitantes en 2021, la mayoría de los cuales se concentrará en las grandes ciudades: de casi 2 millones de vehículos que circulan en el país, alrededor de 1.2 millones está en Lima y Callao (60%), más de 160 mil en La Libertad (9%) y alrededor de 110 mil en Arequipa (6%). Esto significa que serán necesarias cuantiosas inversiones en pistas, carreteras y lugares de estacionamiento, y que la contaminación por emisiones de gases de los vehículos, el tráfico y los accidentes de tránsito presentará desafíos cada vez más difíciles de enfrentar.

Por otra parte, las grandes ciudades deberán contar con hospitales de alta complejidad con especialidades básicas (medicina, cirugía, pediatría y obstetricia) y subespecialidades. También requerirán universidades e institutos de educación superior técnica de calidad, certificadas y con una oferta amplia de carreras técnicas, profesionales y posgrados para satisfacer la demanda futura de empleos de calidad.

Todos estos factores hacen imperativo planificar y ordenar el desarrollo urbano de las grandes ciudades, ciudades intermedias y centros poblados, buscando articularlo con las zonas rurales que las proveen de alimentos, agua, recursos de todo tipo y espacios de recreación. Este es un caso en que es necesario establecer parámetros y límites al libre juego de las fuerzas del mercado, y proveer los bienes públicos que garanticen una mejor calidad de vida urbana y su adecuada vinculación con las zonas rurales.

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*Elaborado por Mario Bazán, Director Ejecutivo de FORO Nacional Internacional.

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Seguros contra el impacto de los shocks de precios de alimentos

Las alzas abruptas en los precios de los alimentos parecen destinadas a ser cada vez más frecuentes a nivel global, y en 2011 han demostrado tener importantes consecuencias económicas, sociales e incluso políticas. El Perú aún refleja varias vulnerabilidades ante un escenario de alzas abruptas en estos precios, a pesar del crecimiento económico, de la reducción de la pobreza y de la disponibilidad de herramientas de política, así como programas sociales y de asistencia alimentaria. En 2008, cuando el índice de precios de los alimentos llegó a su pico, el déficit calórico (cuando las personas adquieren una cantidad de calorías inferior a las requeridas) aumentó de 27.9 a 31.6 por ciento de la población aún cuando la pobreza monetaria se redujo. El impacto fue aún mayor en el quintil por ingreso más pobre, donde el déficit calórico pasó a afectar de 65 a 69 por ciento de este grupo entre el 2007 y 2008.

Sin embargo, ya existen varias iniciativas de protección de la seguridad alimentaria que pueden ser apoyadas, fortalecidas y expandidas para atender a los más vulnerables cuando aparezcan estos shocks externos. Un primer grupo de iniciativas, que se sitúan en el nivel macro, es el caso de los programas sociales destinados a reducir el déficit calórico y promover la seguridad alimentaria —de acuerdo a su agrupación en el Presupuesto por Resultados (PpR). Muchos de ellos son parte de los programas sociales protegidos cuyo presupuesto se mantiene aún ante la eventualidad de una caída importante de los ingresos presupuestales. Estos programas —cuyo presupuesto se cuadruplicó desde el 2006 hasta US$530 millones en el 2010— cuentan con varios instrumentos: (i) asistencia alimentaria, que representa el 85 por ciento de los recursos, se realiza mediante estipendio monetario, reparto directo de alimentos o bonos alimentarios para adquirir productos en mercados locales; y (ii) programas de apoyo a los agricultores, entre los cuales destaca el Programa de Compensación de Productos Agrícolas, el cual absorbe el 11 por ciento del presupuesto.

Es preciso considerar que, ante un aumento de los precios de los alimentos, estos programas sufrirían un doble impacto: una mayor presión sobre su presupuesto, particularmente si comprenden la adquisición de alimentos; y un aumento de la población potencial a atender. Es en este último punto donde reside la principal vulnerabilidad de los programas de asistencia alimentaria ante un aumento sostenido de los precios de alimentos en el mercado interno. Cuatro de los programas principales dentro del PpR atienden a un porcentaje importante pero aún insuficiente de hogares con déficit calórico, pero además a un importante porcentaje de hogares que no sufren de déficit calórico. Aún más, un porcentaje que no se puede estimar accede a varios programas, con lo que la cobertura total de los programas resulta modesta con relación al problema de déficit calórico existente.

El segundo grupo de iniciativas consiste en intervenciones a nivel micro, muchas veces desarrollados desde la sociedad civil, organismos internacionales y agencias de cooperación, y se co-ejecutan con autoridades locales y nacionales. Entre ellos, los programa de "Concursos Campesinos" presentan un enfoque interesante para apoyar la seguridad alimentaria y reducir el impacto de los precios del mercado doméstico mediante el fortalecimiento de las capacidades productivas de los agricultores en zonas rurales y con fines de auto-subsistencia en muchos casos. Estos programas buscan transmitir conocimientos y la adaptación de tecnologías simples y costo-efectivas para aumentar la productividad del campo, a través de la promoción y puesta en competencia de prácticas productivas. Así, los mismos beneficiarios adaptan las tecnologías, las mejoran mediante el uso, y las transmiten hacia otras comunidades utilizando la forma tradicional en que se escalaron estas innovaciones durante el desarrollo de las culturas pre-inca e incaica en el mundo andino. Como muchas de las tecnologías son de aplicación simple y costo-efectivas, es posible escalarlas con una inversión modesta.

En general, estos programas tienen un presupuesto reducido. Los cinco casos de programas similares en el portal de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) muestran en promedio un presupuesto de US$4.7 millones por proyectos, pero el programa Sierra-Aliados del Ministerio de Agricultura tiene un presupuesto de US$34.7 millones para estos fines. Además, estos programas tienen como objetivo reducir su apoyo en el tiempo, de manera que progresivamente se financien con recursos públicos del presupuesto y se integren a los programas de asistencia alimentaria para ampliar su efecto y escala.

Estos dos tipos de iniciativas de protección y seguridad alimentaria, a nivel macro y micro, son las principales herramientas que el Perú tiene actualmente para mitigar los impactos de la subida de precios internacionales sobre las poblaciones vulnerables. Fortalecidos y ampliados, pueden evitar que estos efectos negativos se trasladen al mercado local y afecten los objetivos de reducción del déficit calórico y otros objetivos de la política social. Sin embargo, aún no constituyen un seguro garantizado contra las consecuencias significativas que pueden tener las alzas en los precios de los alimentos.


* Elaborado por Pasko Kisic, investigador asistente del programa Agenda: PERÚ

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El potencial inclusivo de la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas

Dieciséis años después de que el Estado peruano suscribió el Convenio 169 de la OIT, el actual Congreso de la República finalmente aprobó la Ley de Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios. Con esta norma, el Estado asume la responsabilidad de ser el promotor y garante del cumplimiento del derecho a la consulta y con ello podrá fomentar el involucramiento de los pueblos originarios en la toma de medidas administrativas o legislativas que les afecten.

Diversos sectores del Estado, la sociedad civil y el empresariado reconocen esta medida como parte del consenso que se ha establecido en el Perú respecto de la creación de políticas de inclusión a la población pobre y vulnerable, que garanticen el respeto de sus derechos políticos y sociales. Además de su componente normativo, esta ley tiene el potencial de convertirse en un instrumento para conseguir superar la indiferencia histórica hacia grupos marginados. La norma hacer visibles diferentes identidades culturales que conviven en un país históricamente marcado por la desintegración y el desarrollo heterogéneo.

Durante las dos últimas décadas, el dinamismo de la economía posibilitó que capitales privados que invierten en exploración y explotación de recursos naturales penetraran dentro de territorios donde la presencia estatal era y continúa siendo escasa. Esta ausencia del Estado generó que muchas veces sean las mismas empresas, o entidades surgidas desde la sociedad civil, las que orientaran el involucramiento de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les afectaban. Sin embargo, si bien algunos de los procesos de participación de los pueblos indígenas resultaron exitosos, en muchos casos la relación entre el mercado y la sociedad civil, sumada a la desatención del gobierno, ha devenido en conflictos sociales, algunos de ellos violentos. La Defensoría del Pueblo señala que de los 214 casos de conflictos sociales, más del 50% está asociado a conflictos socioambientales, que en su mayoría involucran a pueblos nativos.

La exitosa reglamentación e implementación de esta ley podría fortalecer el estado de derecho, puesto que la inclusión de los grupos marginados dentro de la legalidad estatal generaría una plataforma de canalización de demandas dentro de la agenda pública sin recurrir a manifestaciones violentas. Asimismo, el papel activo del Estado podría articular eficazmente los intereses de las compañías privadas y de los pueblos indígenas, lo que permitiría planificar y ejecutar mejor los procesos de exploración y explotación de recursos naturales. Lograría además que se realice un plan de ordenamiento territorial concertado entre el Estado y las poblaciones, para definir el tipo de uso que se le dará al territorio nacional. En consecuencia, esto fomentaría una mayor presencia del Estado en aquellos lugares que históricamente no han sido foco de desarrollo.

Sin embargo, existen serios desafíos que podrían complicar la reglamentación e implementación de la norma. El primero esta relacionado con la definición de quiénes serán los sujetos de la consulta. Si bien el Perú reconoce la existencia de más de 5000 comunidades campesinas y más de 1000 comunidades indígenas, la ley establece criterios poco específicos para determinar quienes serían sujetos de consulta. Por ejemplo, que se señale como requisito la posesión de patrones culturales y modos de vida distintos de otros sectores de la población, excluiría que la norma se aplique a comunidades campesinas o pueblos amazónicos cuya vinculación con patrones culturales occidentales haya sido más fluida. Sin embargo, que se diga que la propia autodeterminación de los pueblos serviría para definirlos como pueblos nativos, permitiría que cualquier comunidad, sea nativa o campesina, se valga de este criterio para señalar su “originariedad” cultural y convertirse en sujetos de la consulta.

El segundo punto está vinculado con las facultades que se le otorgan a los sujetos de la consulta. De acuerdo a la norma, no tienen derecho a veto y las decisiones finales las toma el Estado. Sin la adecuada implementación de esta norma, se abre la posibilidad de que los pueblos indígenas se manifiesten violentamente cuando no se llegue a consenso entre ellos, el Estado y/o las empresas. El Estado peruano se compromete a asumir una responsabilidad que demandará de capacidades que aun tiene que fortalecer, por ejemplo, para realizar la consulta de los 68 grandes proyectos de minería, electricidad e hidrocarburos que tendrían observar esta norma.

Como señala Wilfredo Ardito Vega, el tercer desafío involucra la normatividad vigente. La aprobación de la ley permitiría que los pueblos indígenas reclamen una revisión de las medidas administrativas y legales tomadas por los cuatro gobiernos anteriores. El Tribunal Constitucional confirmó la validez de dichas medidas debido a que invalidarlas afectaría la seguridad jurídica y la buena fe de las empresas que recibieron concesiones mineras y petroleras. Si bien la Ley de Consulta señala que su aprobación no implica que se modificarán las normas anteriores, los pueblos indígenas podrían reclamar su revisión amparándose en el hecho de que el Convenio 169 ya estaba vigente cuando se tomaron esas medidas.

Finalmente, pensar que esta ley abrirá el camino para el diálogo y la concertación entre sectores del Estado y pueblos indígenas neutrales –sin politización -, no parece ser el modo más realista de interpretar este acontecimiento. Tanto los sectores del Estado como los pueblos originarios obedecen a intereses políticos y económicos que la administración gubernamental tendrá que saber articular si es que quiere cumplir sus compromisos de inclusión social.

* Elaborado por Romeld Bustamante, investigador asistente de FORO Nacional Internacional

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Congresistas itinerantes: Más allá del impacto en el presupuesto

Las reacciones ante la reciente decisión de la Mesa Directiva del Congreso de realizar sesiones del Pleno en diferentes puntos del país han revelado una profunda miopía de los propios congresistas, de varios analistas políticos y de algunos periodistas sobre la relevancia de acercar este poder del Estado a la población. “La democracia cuesta” ha sido la respuesta del Presidente del Congreso, mientras que “no queremos otorongos paseando por el Perú con el dinero del contribuyente” ha sido el tenor de varias editoriales al respecto.

El enfoque de quienes se oponen es sesgado y cortoplacista, pues se centra sólo en los costos para el fisco. Además, podría ser contraproducente al dejar en la población la sensación de que estas consultas y la idea de acercar el Estado a la gente constituyen un gasto innecesario, el cual debería suspenderse por oneroso.

La evaluación de proyectos y políticas públicas provee herramientas para estimar la relevancia y el valor social de las medidas, más allá de los desembolsos inmediatos, que emprende el sector público en términos de costos, a los actores involucrados, y de los beneficios que generan. El resultado neto de contabilizar estos costos y beneficios para todos los actores involucrados constituye el criterio para dar luz verde a un proyecto o iniciativa. Además, este resultado neto debería permitir comparar la eficiencia de esta iniciativa con respecto a otras alternativas, las cuales podrían generar los mismos beneficios, pero a un costo distinto.

El gobierno, a través de la Mesa Directiva del Congreso, ha establecido el objetivo del “Congreso Itinerante”. De manera clara: el Congreso está desprestigiado porque no ha ejercido de manera efectiva su función de representación y ha legislado básicamente desde Lima. La solución propuesta por la Mesa Directiva consiste en acercar (físicamente) a los Congresistas con la población a través del diálogo sobre las demandas concretas en cada región que visiten.

Evaluemos primero los costos de esta medida. Trasladar al Pleno del Congreso y organizar visitas de los congresistas a 43 distritos de la región Ica tiene un costo de transporte de los congresistas y sus delegaciones, preparación de instalaciones, alimentación, seguridad y materiales. Se ha estimado que se gastó entre S/.130 mil y 200 mil soles, aunque esto sólo corresponde a la parte que corresponde a recursos del fisco. Además, existen algunos costos ocultos, directos e indirectos, que pueden estimarse utilizando el cálculo de la huella ecológica de trasladar la sesión del hemiciclo a otra ciudad, los costos por accidentes ocurridos y otros riesgos probables y que, en algunos casos, sucedieron. Adicionalmente, se debe sumar el costo del tiempo de los funcionarios de Ica que participaron de las actividades, lo invertido por la región y los municipios, y el costo de la presión sobre los recursos de la ciudad de Ica, tales como mayor tráfico, cierre de calles, limitada libertad de movimiento por temas de seguridad, entre otros.

Estos resultados se deben contrastar, primero, con el costo que normalmente supone la sesión centralizada en Lima que han sido ahorrados y considerar el valor del beneficio que esto trae a la región Ica. Esta pasó de contar con cuatro representantes a contar con 122 por un día, con diálogo en 43 distritos. Ha tenido la oportunidad de poner en agenda de todo el legislativo las preocupaciones de este territorio, lo que normalmente tarda meses.

Una evaluación posterior podrá considerar si como resultado de esta visita se lograron presentar iniciativas legislativas o de fiscalización que generen beneficios a la región. Por ejemplo, algunos comentarios de los legisladores estaban orientados en la necesidad de establecer una investigación por el alto número de denuncias de corrupción como consecuencia del proceso de reconstrucción luego del terremoto de Pisco. De encontrarse responsabilidad y se concluyan procesos judiciales a favor como consecuencia de las investigaciones iniciales del parlamento, las reparaciones civiles pueden ser consideradas como un retorno de la iniciativa.

Sin embargo, al sopesar los costos con los beneficios estamos parcialmente ciegos pues es difícil medir algunos de ellos. Un primer desafío es cómo medir los beneficios de la mejor representación de los congresistas. Igualmente, cómo medir los beneficios en términos de reducir el desprestigio del Congreso, por lo menos en Ica, que puede redundar en mayor legitimidad y por ello en un fortalecimiento de la gobernabilidad. Definitivamente un conocimiento de la realidad desde el campo le va a servir a los congresistas para empaparse de la realidad fuera de los fueros que los eligieron con el fin de tener una visión más de conjunto. Otro desafío es medir la importancia de la cercanía de los congresistas. Por ejemplo, cuánto se ahorran los funcionarios de Ica y la población en general para cabildear por proyectos para sus jurisdicciones sin tener que ir a Lima, o si el hecho que los congresistas estén en Ica contribuye a concluir con mayor celeridad los trámites para realizar estos proyectos.

Algunos beneficios han sido recogidos de manera tímida por la prensa. Por ejemplo, el empoderamiento de Ica y el hecho simbólico político de que el Congreso se acerca a la población. Y además, definitivamente va a existir algún impacto económico de tener más de 100 congresistas con alto poder adquisitivo comprando bienes y servicios.

En términos agregados se puede estimar que la medida ha generado beneficios presentes y potenciales para el país y la región Ica. Sin embargo hace falta también comparar si se pudo lograr estos resultados a un menor costo. Algunas alternativas pudieron considerar visitar la región (y otras a futuro) con grupos de trabajo más pequeños que no involucren a todos los congresistas en la misma zona, pero que sea mayor al número regular de representantes.

No está mal que haya celo en cuidar los recursos públicos. Pero rechazar medidas cuyo potencial efecto positivo no es fácil de expresar en términos financieros, solo porque “cuestan”, es una forma miope de evaluar políticas públicas. Más bien, deberíamos esforzarnos por perfeccionar metodologías para medir los beneficios de largo plazo de una mejor representación y cercanía de los poderes a la población, así como el valor de la participación en términos de empoderamiento y capacidad para cabildear por proyectos para sus regiones.


* Elaborado por Fernando Prada, investigador asociado de FORO Nacional Internacional, con la colaboración de Mario Bazán y Gonzalo Alcalde

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