(Publicado originalmente en la revista Caretas 2216)
En el año del Bicentenario la población y la economía del país presentarán desafíos que podemos anticipar hoy.
En 2012 seremos 33 millones de peruanos y tendremos 22.5 millones de personas en edad de trabajar, más que en toda nuestra historia. Tendremos también 2.9 millones de adultos mayores de 65 años (un millón más que en 2011) y 7.9 millones de niños menores de 15 años (800,000 menos que ahora). Piura, Arequipa, Trujillo, Puno y Cusco seguirán creciendo y acogiendo a los migrantes del campo y de otras ciudades.
A diferencia de las cifras futuras de población, que pueden estimarse con cierta seguridad, las proyecciones económicas dependen de muchos factores que generan incertidumbre y escenarios muy variados. Por ejemplo, si se sostiene la demanda y los altos precios de los productos primarios que exportamos, si se mantiene la estabilidad macroeconómica, y si se minimiza el impacto de los efectos de los desastres naturales y los conflictos sociales, la tasa de crecimiento del PBI podría superar el 7% en promedio hasta el Bicentenario de la Independencia.
Si al menos uno de los factores mencionados (demanda de materias primas, manejo macroeconómico, eventos naturales como el Fenómeno del Niño, conflictos sociales) nos es adverso, estaríamos creciendo entre 4% y 6% anualmente, un nivel cercano al de 2011. Pero si dos o más de estos factores se tornan negativos, las tasas de crecimiento se reducirían a un promedio anual de entre 2% y 4%.
En el primer escenario el PBI por habitante superaría US$ 10,000 en el Bicentenario, nivel similar al nivel que alcanzó Chile en 2008. Varias regiones del país crecerían al mismo tiempo, con lo que mejoraría el empleo y se podría reducir la pobreza, mejorar la educación y ampliar la cobertura de servicios de salud. La mayor disponibilidad de recursos tributarios permitiría proteger al creciente número de adultos mayores, mejorar la atención a los niños, promover oportunidades productivas en las zonas rurales y avanzar en inclusión social.
Sin embargo, este escenario de alto crecimiento podría amenazar el medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales, y también desencadenar aún más conflictos sociales. Para evitar esto es necesario fortalecer al Estado, mejorando la calidad de las inversiones y el gasto, afianzando su legitimidad como interlocutor en los conflictos sociales, invirtiendo en ciencia y tecnología, y también mejorando la fiscalización y la calidad de los estudios de impacto ambiental.
En un segundo escenario, el crecimiento anual promedio hasta 2021 sería de 5.5% anual (similar al actual) y el PBI por habitante llegaría a US$ 8,630, un poco menos que Chile en 2006. Con este ritmo de crecimiento se continuará reduciendo la pobreza, pero no se podrá financiar políticas ambiciosas de salud, educación, pensiones y empleo. Algunas regiones crecerían más que otras, muchos trabajadores estarían subempleados, y aumentarían las demandas de programas asistencialistas y liderazgos populistas. Si bien la presión sobre el medio ambiente podría reducirse debido a una menor inversión en industrias extractivas, a menos que mejoren los programas sociales y la capacidad del Estado para prevenir conflictos, aumentaría la polarización social y podría generarse inestabilidad política.
En el tercer escenario, el PBI por habitante alcanzaría alrededor de US$ 6,629 en 2021 (menor que el nivel de Chile en 2005) y el crecimiento anual sería de solo 3%. Esto no bastaría para reducir significativamente la pobreza, y el Estado tendría que concentrar sus recursos en programas sociales focalizados y en responder al impacto de posibles desastres. Los conflictos sociales se agudizarían, en parte debido a que no se mantendría el nivel de transferencias del canon, con lo que muchas regiones, provincias y distritos tendrían menos recursos para atender demandas de la población. La recaudación fiscal sería baja y probablemente aumentarían la informalidad y las actividades ilegales. En un escenario de crecientes demandas y escasos recursos, sería indispensable contar con un sector público que pueda responder con rapidez y eficiencia a los conflictos y emergencias.
No podemos controlar muchos de los factores que nos encaminarán por uno u otro escenario en el Bicentenario de la Independencia, pero podemos prepararnos para enfrentar sus posibles efectos negativos y aprovechar las oportunidades que ofrecen. En todos los escenarios previstos necesitaremos un Estado más legítimo y eficaz en la movilización y el uso de los recursos, preparado para anticipar y explorar opciones estratégicas, y con gran capacidad de gestión. Pero, sobre todo, necesitaremos la voluntad política de llegar a consensos y acuerdos sobre el futuro de nuestro país.
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* Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del Programa Agenda: PERÚ de FORO Nacional Internacional.
En el año del Bicentenario la población y la economía del país presentarán desafíos que podemos anticipar hoy.
En 2012 seremos 33 millones de peruanos y tendremos 22.5 millones de personas en edad de trabajar, más que en toda nuestra historia. Tendremos también 2.9 millones de adultos mayores de 65 años (un millón más que en 2011) y 7.9 millones de niños menores de 15 años (800,000 menos que ahora). Piura, Arequipa, Trujillo, Puno y Cusco seguirán creciendo y acogiendo a los migrantes del campo y de otras ciudades.
A diferencia de las cifras futuras de población, que pueden estimarse con cierta seguridad, las proyecciones económicas dependen de muchos factores que generan incertidumbre y escenarios muy variados. Por ejemplo, si se sostiene la demanda y los altos precios de los productos primarios que exportamos, si se mantiene la estabilidad macroeconómica, y si se minimiza el impacto de los efectos de los desastres naturales y los conflictos sociales, la tasa de crecimiento del PBI podría superar el 7% en promedio hasta el Bicentenario de la Independencia.
Si al menos uno de los factores mencionados (demanda de materias primas, manejo macroeconómico, eventos naturales como el Fenómeno del Niño, conflictos sociales) nos es adverso, estaríamos creciendo entre 4% y 6% anualmente, un nivel cercano al de 2011. Pero si dos o más de estos factores se tornan negativos, las tasas de crecimiento se reducirían a un promedio anual de entre 2% y 4%.
En el primer escenario el PBI por habitante superaría US$ 10,000 en el Bicentenario, nivel similar al nivel que alcanzó Chile en 2008. Varias regiones del país crecerían al mismo tiempo, con lo que mejoraría el empleo y se podría reducir la pobreza, mejorar la educación y ampliar la cobertura de servicios de salud. La mayor disponibilidad de recursos tributarios permitiría proteger al creciente número de adultos mayores, mejorar la atención a los niños, promover oportunidades productivas en las zonas rurales y avanzar en inclusión social.
Sin embargo, este escenario de alto crecimiento podría amenazar el medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales, y también desencadenar aún más conflictos sociales. Para evitar esto es necesario fortalecer al Estado, mejorando la calidad de las inversiones y el gasto, afianzando su legitimidad como interlocutor en los conflictos sociales, invirtiendo en ciencia y tecnología, y también mejorando la fiscalización y la calidad de los estudios de impacto ambiental.
En un segundo escenario, el crecimiento anual promedio hasta 2021 sería de 5.5% anual (similar al actual) y el PBI por habitante llegaría a US$ 8,630, un poco menos que Chile en 2006. Con este ritmo de crecimiento se continuará reduciendo la pobreza, pero no se podrá financiar políticas ambiciosas de salud, educación, pensiones y empleo. Algunas regiones crecerían más que otras, muchos trabajadores estarían subempleados, y aumentarían las demandas de programas asistencialistas y liderazgos populistas. Si bien la presión sobre el medio ambiente podría reducirse debido a una menor inversión en industrias extractivas, a menos que mejoren los programas sociales y la capacidad del Estado para prevenir conflictos, aumentaría la polarización social y podría generarse inestabilidad política.
En el tercer escenario, el PBI por habitante alcanzaría alrededor de US$ 6,629 en 2021 (menor que el nivel de Chile en 2005) y el crecimiento anual sería de solo 3%. Esto no bastaría para reducir significativamente la pobreza, y el Estado tendría que concentrar sus recursos en programas sociales focalizados y en responder al impacto de posibles desastres. Los conflictos sociales se agudizarían, en parte debido a que no se mantendría el nivel de transferencias del canon, con lo que muchas regiones, provincias y distritos tendrían menos recursos para atender demandas de la población. La recaudación fiscal sería baja y probablemente aumentarían la informalidad y las actividades ilegales. En un escenario de crecientes demandas y escasos recursos, sería indispensable contar con un sector público que pueda responder con rapidez y eficiencia a los conflictos y emergencias.
No podemos controlar muchos de los factores que nos encaminarán por uno u otro escenario en el Bicentenario de la Independencia, pero podemos prepararnos para enfrentar sus posibles efectos negativos y aprovechar las oportunidades que ofrecen. En todos los escenarios previstos necesitaremos un Estado más legítimo y eficaz en la movilización y el uso de los recursos, preparado para anticipar y explorar opciones estratégicas, y con gran capacidad de gestión. Pero, sobre todo, necesitaremos la voluntad política de llegar a consensos y acuerdos sobre el futuro de nuestro país.
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* Elaborado por Gonzalo Alcalde, coordinador del Programa Agenda: PERÚ de FORO Nacional Internacional.
